Un cambio radical para el ecosistema chileno de pagos electrónicos puede ser lo que determinó el artículo 31 de la Ley Fintec, cuando se modifica la Ley Orgánica del Banco y establece que “las órdenes de pago comprenden legalmente a las recaídas en tokens o en representaciones digitales, de unidades cuyo valor sea directamente determinable y respaldado en función de dinero”, sea que se trate de moneda nacional o extranjera, o bien, de documentos en que consten obligaciones pagaderas en cualquiera de esas monedas.

Arévalo ha ganado, sin embargo, ahora empieza el camino más difícil. El presidente electo, quien expresamente señaló que “los problemas del país no se van a resolver en cuatro años pero que podían empezar a hacerlo si se trabaja con responsabilidad y honestidad”, deberá gobernar a un país de 17,6 millones de habitantes en donde el 60% de la población vive en la pobreza, y que presenta graves carencias en áreas como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura.

No está de más señalar que esta posición del juez constitucional costarricense desde el 2017 es más que insólita: una rápida búsqueda permite confirmar que sus homólogos en otras latitudes del continente americano no tienen ninguna reserva en calificar la participación ciudadana en asuntos ambientales como un  “derecho”. A modo de ejemplo entre muchos, es el caso de la Corte Suprema de Justicia de Chile así como de la Corte de Constitucionalidad de Colombia o bien de la Corte de Constitucionalidad del Ecuador.

Quizás, en algo ayudaría, que los fallos de los Juzgados de Letras, que ordenan inscribir (pese a la negativa de los Conservadores de Bienes Raíces) suban en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva, para que el asunto, al menos, tenga oportunidad de ser revisado por un tribunal superior de la república, en aras del interés nacional, valor jurídico comprometido en las adquisiciones de terrenos de indígenas.

En conjunto con el aumento exponencial en el catálogo de delitos económicos y la creación de un estatuto especial de penas, esta ley propone un foco preventivo que es particularmente relevante respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además de examinar el impacto de la nueva norma, este artículo aborda la necesidad de la implementación efectiva de un Modelo de Prevención de Delitos y propone un enfoque basado en el riesgo en el cumplimiento normativo.

Milei ha propuesto prohibir la legalización del aborto, aprobar la libre portación de armas, regular la venta de órganos pues puede ser “un mercado más”, cerrar los ministerios de Educación y Desarrollo Social “pues son parte de esa basura llamada Justicia Social”, quemar el Banco Central, y dolarizar la economía para terminar con la inflación. Dicho ello, tomando en cuenta que varias de las propuestas -sino todas- requieren de la aprobación en las cámaras del Congreso cabe preguntarse si La Libertad Avanza logrará obtener mayoría en Senadores y Diputados, respectivamente, para impulsar su programa de Gobierno.

A partir de cambios tecnológicos y normativos la forma de pagar está cambiando, propendiendo a un mayor uso de medios de pago electrónicos; ¿consecuencia derivada?: entender que los desarrollos de mercado seguirán influyendo de manera significativa en la forma de pagar, que habrá una mayor carga operacional para las Infraestructuras del Mercado Financiero, y que como tendencias futuras estarían los pagos instantáneos, los activos digitales, la participación de empresas BigTech en los medios de pago y los sistemas de pago cerrados. Nada de tendencias futuras a realidades que tan sólo un año después son parte del presente.

Los que conocemos el contenido de la LDE, sabemos que, entre otras cosas, trae consigo la difuminación de la frontera entre autor y partícipe o el comiso de bienes, aún sin sentencia previa, y peor aún, con sentencia de sobreseimiento, todas medidas propias de reacción punitiva contra organizaciones criminales gravemente ilícitas.

Los argumentos de las bancadas socialistas, comunistas y del Frente Amplio tienen un evidente conflicto lógico. Por un lado, sostienen que quien está por nacer tiene dignidad por su condición humana, pero por el otro, no creen que sea sujeto de derechos. Esto puede tener dos lecturas: o la dignidad humana no es el fundamento esencial de los derechos fundamentales o existen personas de segunda categoría que no son merecedoras del derecho a la vida.

Las enmiendas al anteproyecto son una oportunidad de perfeccionar el texto, pero para que ello ocurra, los consejeros deben ser coherentes en el discurso que sustenta las indicaciones, y evitar la tentación de plasmar programas de gobierno.

En aquellos casos en los que los progenitores no custodios incumplen el pago la pensión de alimentos, lo usual es que el progenitor custodio, por sus propios medios, cubra las necesidades de sus hijos. Ello puede implicar que no se haga cargo satisfactoriamente de sus propias necesidades, sacrificándose en favor de ellos, o incluso que deba asumir otras actividades o trabajos para generar ingresos adicionales.

10 millones de electores en miras de ser impedidos arbitrariamente de su derecho a sufragar. Todos los venezolanos mayores de edad, con cédula de identidad, que no estén sujetos a inhabilitación política tienen derecho a inscribirse y actualizar datos en el RE; y a votar dentro y fuera de Venezuela.

No debe perderse de vista que el régimen legal del trabajo subcontratado altera el principio del efecto relativo de los contratos. No hay, por regla general, eficacia para terceros del contrato de trabajo, tal acuerdo es para quienes no concurrieron a su celebración res inter alios acta. La responsabilidad de la empresa principal es por tanto excepcional y ello impone una interpretación estricta sobre su alcance.