Podemos observar que, actualmente nuestra Carta Fundamental establece en el artículo 19 N° 11 inciso cuarto que, “Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”. Por lo indicado, podemos afirmar que no existe una consagración expresa ni menos una construcción del derecho de los padres en la educación moral y religiosa de sus hijos, como si procede en la doctrina comparada, se trata más bien de un derecho de carácter prestacional o instrumental en relación con el derecho a la educación y no hace referencia a su veta de manifestación de la libertad de conciencia o de religión.

es importante que, en el proceso de redacción y discusión de la nueva normativa constitucional, se realicen las modificaciones necesarias para precisar y clarificar las competencias de los nuevos tribunales comunales, asegurándose de que no haya solapamientos con otras jurisdicciones establecidas y que la terminología utilizada sea adecuada y coherente con la realidad jurídica actual. Esto permitirá evitar potenciales conflictos de competencia y garantizar una justicia local eficiente y efectiva.

En 1941 las tensas relaciones diplomáticas entre Japón y US. Army, sobre todo por los bloqueos que Estados Unidos había levantado sobre los abastecimientos de petróleo de Japón y el pacto de este último con la Alemania Nazi -entre otras razones- hicieron que la bandera del sol naciente, tomara la decisión de bombardear Pearl Harbor, desconociendo, que en agosto de 1945 Estados Unidos, promovido del arma más letal en la historia de la humanidad, cobraría amparados en el Ius ad bellum, así como en el principio del mal menor, la vida de miles de civiles a las 8:15 en Hiroshima y tres días después ante la no rendición de Japón a las 11:02 en Nagasaki.

Considero urgente y necesario el consagrar a las y los deudores alimenticios como indignos de suceder al causante, para que en definitiva se les sancione por haber cometido aquellos un hecho socialmente repudiable, como es el incumplir el derecho-deber de los alimentos para con sus descendientes, tan necesario para la subsistencia y realización formal como material de los mismos, sanción que además puede leerse desde una doble óptica.

Níger y sus nuevas autoridades, repudiadas por la mayoría de los países, y con llamamientos a que regrese al presidente depuesto, lo que parece muy improbable, afianza a los golpistas y les obliga a buscar el apoyo ruso, generoso. Todo un cambio en el delicado equilibrio africano y que trae serias consecuencias para la pugna global de las tres principales potencias.

A pesar de mantener la propiedad sobre la capitalización individual, es inevitable dar cuenta de que los nuevos aportes se tratan, como se dijo, bajo una lógica de solidaridad que es obligatoria. Si ese 6% adicional va a financiar pensiones de terceros no existe realmente propiedad sobre ellos, pues la propiedad permite que el trabajador que invierte tiempo y esfuerzo en percibir y aumentar el valor de ese porcentaje de dinero tenga efectivamente derecho sobre los réditos de su trabajo, los que deberían financiarlo individualmente.

Conforme al actual sistema jurídico imperante en Chile, de tradición continental europea, aunque resulte efectivamente seductor para los tribunales pretender zanjar cuestiones con caracteres de generalidad, las sentencias judiciales tienen y deben seguir teniendo efectos relativos y, por ende, los fallos pronunciados por los tribunales de justicia deben ser interpretados y ejecutados bajo dicha premisa.

En este proceso que lleva al Estado a vincularse a un tratado internacional debe resguardarse el principio de supremacía constitucional, además de observar si existe alguna eventual colisión con otras normas de derecho interno, que deban ser ponderadas en resguardo del interés nacional, lo que puede llevar a concluir que se estime no conveniente vincularse a un determinado tratado. La aplicación de estos procedimientos ha tenido lugar en nuestro país.

La subsidiaridad se ha traducido en individualismo, en la desigualdad de acceso a los servicios sociales y la injusticia social. Resulta imperioso entonces repensar el principio de subsidiariedad y cuestionarse si es en esos mismos términos en los cuales queremos que se vuelva a consagrar en la Carta Fundamental. Una alternativa es lograr que se articule con el principio de solidaridad. Si seguimos viendo a la subsidiariedad –es decir, la libertad y la iniciativa individual–  alejada de la solidaridad –es decir, sin pensar en el bien de todos- se cae en un liberalismo egoísta, que debilita la paz social.

La esclavitud es una cuestión que se mantiene vigente y que la mayoría del ordenamiento jurídico internacional, regional e interno ha buscado formas de abolirla, de allí la necesidad de sensibilizar y promover desde la cultura sus raíces, formas y consecuencias en aras de poder combatirla, sancionarla y erradicarla.

No son correctos los criterios de creerse que se opera en el sector privado y entender las plataformas validadas -de cara a los usuarios y administrados- con términos y condiciones de uso, cuando la relación Estado/ciudadanos la determinan sólo leyes y reglamentos y no son negociables contractualmente entre ambos, de manera que incluso se pueda alterar la legalidad vigente, como por ejemplo hoy se hace en materia de eximentes de responsabilidades administrativas y en desarrollos de gran impacto ciudadano

Parte importante del revuelo causado por la ley es por la inversión en las expectativas que ella produce. La ley contiene reglas que pueden llevar a la imposición de penas que sean percibidas como efectivas en casos que ella considera graves. Ese es un resultado evidentemente deseado por un sistema penal: tratar más duramente aquellos hechos que son más graves. Pero su éxito depende de que el mecanismo establecido para graduar los casos permita tratar como graves casos que efectivamente lo sean y tratar de modo más tenue casos que no lo sean.

La iniciativa constitucional “Por un Estado sin pitutos” promete avanzar hacia un modelo estatal más moderno y libre de relaciones funcionariales anticuadas. Pero su contenido en esta materia es acotado, y su sentido parece apuntar hacia cuestiones diferentes. Se observa en la iniciativa un cambio radical en el modelo de administración pública que es difícilmente conciliable con la teoría democrática.

La nueva institucionalidad penal contenida en el Proyecto de Ley de Delitos Económicos, viene a poner en tela de juicio la aplicación y vigencia de una serie de principios elementales del derecho penal, tales como la igualdad ante la ley, el derecho penal como herramienta de ultima ratio, el principio de tipicidad, el derecho penal de conducta y no de autor, y el principio de presunción de inocencia. Se trata, en definitiva, de una legislación selectiva y fragmentada que, sin duda, traerá enriquecedoras discusiones doctrinarias y más de un fallo controversial por parte de nuestros Tribunales de Justicia. Serán, en suma, los operadores del sistema quienes juzgarán el contenido el Proyecto por los inciertos resultados que traerá.