Resulta urgente que el Perú adopte las acciones que resulten necesarias para garantizar los derechos humanos del presidente del JNE y sus familiares. Estamos frente a una situación peligrosa para la democracia peruana pues se trata de una autoridad cuya autonomía e independencia debemos defender siempre, ya que junto a los titulares de los otros organismos electorales aseguran que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos.

Más allá de las características e implicancias que pueda tener cada una de las enmiendas propuestas, según analizamos sucintamente a continuación, es necesario destacar desde luego la transversalidad de esta materia, considerada de importancia para consejeros de todo el espectro político, tanto de izquierda como de derecha. Sin duda lo ocurrido el pasado lunes 17 de julio, fecha en que estas indicaciones fueron ingresadas, nos demuestra que estamos ante un tema de Estado que trasciende las ideologías políticas y que se proyecta en el mediano y largo plazo.

El juicio político es una institución creada por el constitucionalismo inglés que en el caso peruano fue incorporado en la actual Constitución, norma suprema que en estos tiempos como en los años 90 después de promulgada la Constitución a finales del año 1993, solo está parcialmente vigente, las violaciones a los derechos humanos, la vulneración a la institucionalidad democrática principalmente por parte del Congreso de la República así lo indican, el caso reciente ocurrido con la ex fiscal suprema objeto de un juicio político nos inclina a confirmar esa idea, la mayoría parlamentaria cree erradamente que cuando se ejerce un poder puramente político como en el juicio político estos se pueden alejar de la Constitución y sobre poner el acto político a la Constitución.

Se trata de una postura jurídica, que pretende establecer que en las obligaciones puras y simples no es necesario reconvenir judicialmente al deudor para constituirlo en mora. Esta posición es contraria a lo sostenido por la doctrina tradicional, la cual entiende que el artículo 1551 del Código Civil establece los únicos casos de mora del deudor; aspecto que se ha desvirtuado a través del tiempo en Chile por autores como, Alfredo Barros Errázuriz, Fernando Fueyo Laneri y Wilfredo Yáñez González. También se ha manifestado en Argentina, un cambio doctrinal que culminó con la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, en donde se eliminó la necesidad de la reconvención judicial para constituir en mora al deudor, estableciéndose que el deudor queda constituido en mora de manera automática.

El objetivo de la ley es sencillo. Conseguir producir efectos de determinación de la pena que sean profundos y ecuánimes, en el sentido de tratar con mayor severidad casos concretamente graves y con menor dureza casos que, en sus circunstancias concretas de perpetración, lo son menos. El sistema chileno, especialmente en el ámbito de los delitos económicos, es un sistema plano al extremo: no hay diferencias en la pena probable atribuible a la realización en circunstancias muy distintas de un mismo tipo. En el caso de los delitos económicos, ese resultado plano está en general prejuzgado: libertad vigilada o remisión condicional. Da lo mismo lo grave que sea el modo de perpetración o el daño producido por el delito.

Chile adopta un sistema de tipicidad mixta que reconoce situaciones abiertas descritas en la Constitución chilena, cuya interpretación corresponderá al propio Senado en las situaciones previstas por la ley, lo que genera cierta confusión. Es decir, Chile al mismo tiempo adopta el sistema brasileño, que obliga a tipificar los delitos de responsabilidad en los términos de la ley, así como termina adoptando el sistema norteamericano, dejándolo a la libre voluntad del Senado, abriendo la posibilidad de interpretación analógica, extensiva o in malan partem y no sólo restrictiva.

La sentencia malentendió la legislación sobre datos personales y omitió un hecho fundamental de la causa. La Ley Nº 19.628 reconoce un derecho de cancelación, declara que las políticas de privacidad que lo omiten son inválidas, y no permite limitar el derecho para fines de investigación científica e histórica. Pero esta última fue, precisamente, la causal invocada por la recurrida para retener los datos neuronales del recurrente.

Respecto a las obligaciones generales del Estado en relación con los derechos, es decir que se aplican a todos los derechos, el ante proyecto por una parte presenta continuidad con el texto vigente y, también, innova. Innova cuando señala, en su artículo 1º, que su respeto y garantía (el de la dignidad y derechos) es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. También lo hace cuando se preceptúa un deber general de acción de que el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten.

La amplitud, flexibilidad y razonabilidad de los principios expuestos no se condice con agregar al final “y los demás que establezca la ley”. Esto no quiere decir que la ley no deba establecer principios, de hecho, lo hace en el artículo 3° de la Ley General de Educación, sino que estos que la ley establece no deben ser constitucionalizados al incorporar el texto constitucional una mención expresa a estos.

Preocupa que algún servicio público pueda accionar después de monitorear Internet y RRSS, porque nunca será transparente ni objetiva esa calificación de “contenido que desinforme”, y darle competencia formal por ley a alguna entidad pública para hacerlo (puede que ya se esté pensando), inevitablemente abrirá los espacios a los errores o al descriterio en la ponderación, y eventualmente a algún perjuicio para el sujeto activo generador de la supuesta desinformación o imputado por la supuesta noticia falsa.

Mientras nos encontramos a la espera del reglamento que regule la hospitalización psiquiátrica involuntaria establecida en la ley 21.331 sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, es que propongo una breve revisión histórica y legislativa, desde la Casa de Orates de 1852 y la primera ley (ley de Casa de Locos) que fue promulgada en 1856 hasta nuestros días, con el fin de tener una referencia de cómo en Chile se ha tratado esta materia.

La creciente constitucionalización de los derechos sociales ha traído consigo una problemática muchas veces ignorada, pero cuyas consecuencias pueden ser graves para el equilibrio presupuestario y la institucionalidad: el papel que han tomado los jueces al fallar desconociendo el mandato de las leyes y suplantando el rol del legislador.

Nuestro país se encuentra en un proceso constituyente donde se definirán las normas y principios que guiarán el devenir nacional en las próximas décadas. La Constitución es también una carta de presentación frente a la comunidad internacional, en que damos a conocer los lineamientos centrales de la República, de nuestro régimen democrático y de aquellas materias que como sociedad consideramos más relevantes. Por ello, es que nos parece vital incluir en ella una mención expresa al Territorio Chileno Antártico, por el singular significado que él posee como parte del territorio nacional y por las razones políticas y jurídicas que desarrollamos a continuación.

Si bien, la jurisprudencia de los tribunales no tiene efecto obligatorio general y es considerada como fuente formal del derecho como fuente generadora de normas jurídicas individuales para las partes, en la práctica, las sentencias de los tribunales superiores de justicia, en especial, de la Corte Suprema de Chile, tienen efecto general prima facie, en especial cuando existen criterios jurídicos asentados frente a presupuestos fácticos similares.