En el Protocolo se establece que bajo ninguna circunstancia se realizarán distinciones ofensivas debido a la identidad de género, expresión de género u orientación sexual de las personas. Estas conductas incluyen: Uso incorrecto de los pronombres al llamar a la persona, comentarios o expresiones sobre la apariencia física, vestimenta, forma de hablar, actuar, o expresarse de las personas, risas, gestos de burla o de rechazo, el impedir acudir a los servicios higiénicos conforme a su identidad de género y expresión de género.

La ley se refiere en cada caso específico a ciertos actos suscritos o no ante notario, con o sin intervención del mismo, y que van desde la suscripción de poderes simples (sin intervención), autorizaciones de firma, tanto en formato papel como en forma electrónica -FEA-, y escrituras públicas (con intervención). No obstante, hay algunas situaciones que no quedan muy claras en la ley, pues entrañan un retroceso en los procesos notariales y que refieren al registro; en especial, de derechos de aprovechamiento de aguas y de servidumbres de servicios eléctricos, o de gas.

La persona afectada con la información que tiene el efectivo potencial de hacerse masiva con la red de publicación, en buena medida carece de defensa y de acciones efectivas para poner fin inmediato a la vulneración de sus derechos fundamentales en medios informáticos. Así es como las Cortes, en su rol tutelar de derechos fundamentales, deben ser especialmente celosas en custodiar que estas plataformas no se transformen en una impune tribuna para concretar daños quizá irreparables a la honra de las personas.

Luego de una serie de declaraciones cruzadas, entre el Servicio Electoral y del INJPL, el Senado ha solicitado al Ejecutivo “un proyecto de ley que establezca un procedimiento eficiente de denuncia y cobro de multas para quienes no sufragaron en los últimos procesos electorales”, fortaleciendo los recursos humanos y materiales que las municipalidades deben destinar a este efecto, aparejado de la circunstancia que el Servicio Electoral efectúe una selección previa de los denunciados ante el Juzgado de Policía Local. En lo fundamental, se solicita al Presidente de la República»la urgente presentación de un proyecto de ley para que las denuncias a los Juzgados de Policía Local sean efectuadas una vez que el SERVEL realice un filtro de los casos que, de acuerdo a la norma, sean justificados y, de esta forma, a los Juzgados de Policía Local sólo lleguen aquellos casos que no sean justificados administrativamente».

Durante las últimas décadas el terrorismo se ha convertido en un fenómeno social capaz de establecerse férreamente en cualquier Estado, con objetivos claros y con métodos de ejecución del terror de carácter transversal. La lucha contra estos grupos y personas se distingue en razón del ordenamiento jurídico de cada Estado, así como también de la voluntad política de los gobernantes de turno que equipan y distribuyen fuerzas para el combate. Por lo anterior, ¿será necesario que el proyecto constitucional establezca un concepto claro de terrorismo a diferencia de la Constitución vigente? ya que es el natural que el Estado proteja a su grupo humano, su soberanía, el territorio y sus intereses.

Una de las características más engañosas del populismo es su apuesta por el efecto taumatúrgico de la ley. Promete soluciones rápidas y contundentes, pero evita abordar los desafíos reales en cuanto a recursos humanos y materiales que enfrenta el sistema de justicia. La reforma a la Justicia civil no puede ser abordada de manera ilusoria, esperando que una simple ley sea suficiente para resolver los problemas estructurales. Es necesario destinar los recursos adecuados y proporcionar el apoyo necesario para afrontar este desafío de manera efectiva.

A primera vista pareciera que nuestro sistema considera un efecto relativo de las sentencias, lo que tiene efectos en todo el sistema institucional. En este sentido, quien establece reglas generales es el legislador y quien resuelve los temas particulares son los jueces. Esto contrasta con el sistema norteamericano, donde las sentencias de la Corte Suprema generan el denominado precedente, y sus efectos son vinculantes para el resto del sistema jurídico, cosa que no pasa en Chile debido a que las sentencias, aparentemente, tienen efectos relativos, y los jueces siempre reivindican su total independencia para resolver los casos particulares sometidos a su conocimiento.

Un caso incomprensible en pleno Siglo XXI, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional. En definitiva, es evidente que el mundo está mucho menos organizado de lo que se creía, y que un autócrata incontrolado de una gran potencia, puede agredir a un país vecino, pretender ocuparlo, y violar todas las normas internacionales, sin que la abrumadora mayoría de los países que se oponen, haya logrado controlarlo, y mucho menos, imponer la paz.

Es evidente que su vigencia implicará diversos cambios en las prácticas y funcionamientos de las instituciones. Sin embargo, para su correcta o deseada aplicación este proyecto requiere del fortalecimiento del Ministerio Público y las policías. Asimismo, más allá de los cambios que se introducen al Código Procesal Penal, existen una serie de temas pendientes a discutir en materia procesal cuya reforma también pareciera necesaria a la luz de tan ambicioso proyecto.

Si bien podemos considerar que el endurecimiento de las penalidades e incluso las nuevas multas que se consagran que se amplían proporcionalmente al valor de lo defraudado, pueden ser apropiadas, resulta importante plantearse cuál es el límite de dicha ampliación, cuando se eliminan garantías penales que otro tipo de delitos (muchos más cruentos) sí contemplan. Como es la atenuante de irreprochable conducta anterior y la posibilidad de cumplir una pena sustitutiva distinta a la cárcel efectiva.

En Chile el uso abusivo de la imagen viene cobrando importancia hace varios años, en ese sentido no se puede dejar en el olvido, casos como el del “Cisarro”, “Wena naty”, “Zafrada” o el niño que de despide de su mascota “Chimuelo”, videos que se volvieron virales. Incluso, algunos de ellos dieron la vuelta al globo. Si bien es cierto que en Chile el año 2022 se produce un suceso relevante, pues se publica la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, no existe una disposición legal específica a este respecto, es decir que se haya empleado específicamente para esta práctica que viene cobrando cada vez más fuerza con el correr de los años.

La figura del pagaré electrónico ha sido parte de la discusión pública durante años, sin embargo, no se ha concretado ningún proyecto para convertirlo en una realidad. En el contexto económico y legislativo actual, tiene sentido volver a impulsar la iniciativa y, de esa forma, aportar a la construcción de la infraestructura que les permita a actores desatendidos poder acceder a un mercado financiero u optar a mejores condiciones financieras.

La nueva legislación que muy pronto comenzará a operar[5], ratifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, públicas y privadas, aumentando los delitos, entre los cuales destaca la colusión, imponiendo penas y agravantes más exigentes, tales como la extinción de la persona jurídica, la prohibición de contratar con el Estado, sin condicionantes, la supervisión de un tercero-funcionario (sujeta a reglamento), y la pena de días-multa.

El Derecho Administrativo, por regla general, establece “moldes”, en pos de la uniformidad, tal como acontece con el Gobierno y Administración Interior del Estado. Con todo, a veces es necesario romperlos. Simplemente, porque no se puede igualar lo que no es igual. Y eso es precisamente lo que acontece con los Territorios Especiales. Aunque siempre reconociendo al menos dos límites: (i).- Ellos deben ser especiales (por tanto, no pueden abarcar gran cantidad del territorio nacional de suerte tal que dejen de ser tales y se conviertan en la generalidad); y (ii).- No pueden poner en entredicho el Estado unitario, en especial a través de sus respectivos estatutos especiales.