Además del expediente del ejercicio abusivo del derecho, también se ha acudido al de la recognoscibilidad del error, en tanto el consumidor, actuando con cierta diligencia, podía percatarse de la equivocación en la que incurrió el proveedor, por lo que no era plausible que la información que le fue suministrada haya sido capaz de provocar una confianza razonable.

Este texto analiza la sentencia «A.G. de Productores de Leche con NotCo» desde la perspectiva de los sesgos cognitivos de los jueces. Se identifican posibles sesgos en ella y se destaca la importancia de su reconocimiento para el debido proceso.

No sería robusto jurídicamente que la propuesta reciente se haya hecho eco del lobby que se desplegó antes del 2018 y que se ha consignado hace poco en una columna, en cuanto a que el mero señalamiento de que se protegen los datos personales es lo idóneo como técnica legislativa. Claro, a los responsables de tratamiento les acomoda que cada titular y propietario de sus datos nominativos no pueda interponer en su contra una acción constitucional específica ante un Tribunal de Alzada, pero aprobarlo así no es la Política Pública que se espera proteja a las personas naturales y a sus antecedentes nominativos.

El apoyo a Ucrania se reitera constantemente, condenándose enérgicamente la invasión rusa, como violación de la Carta ONU, como una amenaza a todo el mundo, aumentar las acciones concretas, el apoyo diplomático, financiero, humanitario y militar, y contrarrestar sus efectos negativos en el resto del mundo. Se añaden, los esfuerzos de desarme y no proliferación nuclear, como, asimismo, una economía global, impactos inflacionarios, una política fiscal orientada a grupos vulnerables, promoción de la inclusión, diversidad e innovación, digitalización de la economía y tributación estable y justa; lograr avances en la Cumbre de París del 22 y 23 de junio próximo, decididos a asumir un papel de liderazgo, particularmente en la implementación del Marco Común para el tratamiento de la deuda de países de bajos y medianos ingresos.

Una de las barreras de acceso a la justicia que ha sido identificada por la OCDE es la escasez de oferta de servicios legales para cierto tipo de problemas justiciables, entre otras cosas, por el tipo de abogados que estamos formando en las universidades. En este sentido, un problema es la forma en que estos aprenden: metodologías centradas en la exposición de contenidos, énfasis en la memorización de contenidos, donde no existe trabajo de habilidades blandas que facilitan la flexibilidad necesaria al momento de un acercamiento a comunidades y personas que no son abogadas.

La sentencia contra Not Company plantea una serie de dudas en torno a la protección de la innovación y la libertad empresarial en la industria alimentaria, desde una perspectiva tanto legal como científica

Nuestra decisión debe quedar motivada por la comparación de ambos textos – el que se nos propondrá y el que nos rige –  para elegir aquel que satisfaga mejor nuestros anhelos de libertad, progreso y orden institucional. En esta tarea de cotejo de textos y reflexión de contenidos debemos adoptar una actitud objetiva, abandonando los prejuicios y todas aquellas consideraciones ideológicas, añejas, gastadas y revanchistas que nada aportan a un análisis serio acerca de su contenido y se encuentran hoy completamente superadas.

Un sistema procesal familiar debe ser principialista, el cual podemos definir como el sistema procesal familiar elaborado a partir de componentes legales esenciales –explícitos e implícitos- a partir de los cuales deben aplicarse las normas o bien interpretarse o bien suplirse. Son componentes, aún los implícitos, de derecho positivo pues están contenidos en su esencia, y por ende, estos principios, aún y cuando no estén expresos, deben estar sometidos al control de la legalidad y desde luego de constitucionalidad.

La ejecución concreta de esta norma no ha estado exenta de polémica en su aplicación práctica, ya que se debe ponderar: por una parte, el derecho de las personas a acceder y usar colectivamente el bien público “playa” en uso de la garantía constitucional que asegura la libertad de tránsito o locomoción; y, por la otra, la afectación al derecho de los dueños de los terrenos en donde éstos se fijen, siendo aquella una carga que se impone mediante la dictación de un acto administrativo, cuyo fundamento se ha dado en base a la función social de la propiedad consagrada en la Constitución Política de la República.

Para intentar determinar la fisionomía del derecho al olvido, ha expuesto el máximo Tribunal que han de considerarse, caso a caso, distintos criterios, tales como:  la existencia de un interés público relevante que prevalece; la falta de actualización de los datos; la irrelevancia actual del dato; el exceso de datos comunicados en relación a la finalidad perseguida; la  modificación en las circunstancias que impediría cumplir con la finalidad original; que la información se refiera a personajes públicos; fines estadísticos, históricos o artísticos; o la afectación concreta al derecho fundamental que se “sacrifica” con la medida, lo que se traduce en la necesidad de probar la afectación y el perjuicio que experimenta el recurrente.

Que se traten los datos personales de los consumidores significa, desde una perspectiva muy amplia, que se subsumen en la Institucionalidad de la Protección de Datos Personales todas las operaciones que realice un proveedor o un prestador de servicios con la información de sus clientes referidas a –y es una referencia “numerus apertus”- cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma. 

A lo largo de todos los conflictos bélicos que la historia de nuestra humanidad conoce, la violencia sexual se ha utilizado de manera sistemática, con el fin de suprimir los derecho de las mujeres y niñas con el objeto de someterlas sexualmente a la humillación, pérdida del honor, libertad sexual e integridad corporal frente al ataque de ejércitos o grupos armados en medio de un conflicto bélico en donde la violencia sexual empleada, trasgrede todos sus derechos humanos siendo el campo de batalla los cuerpos de cada una de ellas, como desalmados actos que siembran el terror al ser utilizadas como arma de guerra.

El pasado 3 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer públicamente su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales de ciento trece páginas donde se señala que hubo un contexto de discriminación, de desigualdad que han generado la exclusión en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de estigmatizar a quienes protestan con el que potencialmente los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques; lamentablemente los actos de discriminación no son nuevos en nuestra sociedad sino que viene como mal endémico desde inicios mismo de la República que en 200 años parece que aún no se ha superado.

Desde una perspectiva sociopolítica, las reivindicaciones sociales se trasladan desde el ciudadano al Estado, el que empieza a incorporar entre sus funciones la asistencia social, hecho que no significará la reducción de la función del Estado del traspaso de la caridad privada a una pública, sino que genera un conjunto de derechos que protegen a los trabajadores y sus familias, lo que transforma la concepción de la función del Estado entendida ahora como una responsabilidad jurídica, garantizada a nivel constitucional, donde la persona necesitada deja de ser objeto de la relación asistencial y se convierte en un sujeto portador de derechos.