El protocolo de prevención es una de las grandes innovaciones de la Ley Karin, dado que obliga a los servicios públicos a evaluar los riesgos de estos ilícitos en sus unidades y a elaborar una normativa interna para mitigar y eliminarlos. El artículo 14, exige que los trabajadores sean capacitados en conductas preventivas, y el protocolo debe definir a los responsables que gestionen este modelo de prevención y corrijan sus disposiciones a las condiciones cambiantes de riesgo. 

Es clara y evidente la intervención que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen, en cuanto al nombramiento de los Jueces de la República y otros funcionarios judiciales, siendo usual que éstos para los efectos de poder ascender en su carrera judicial, se encuentran en la imperiosa e indeseada necesidad de realizar una operación, similar a un lobby, ante personeros de dichos poderes, lo que de resultar positivo, ello no está exento, que en el futuro dichos personeros puedan ejercer presión, o influencia sobre aquellos, en cuanto a sus actos, fallos o decisiones.

El criticado dictamen de Contraloría viene en reivindicar un actuar institucional desapegado a nuestro ordenamiento jurídico. Si bien la desprotección de los funcionarios públicos afectados no es baladí. Debemos tener presente que en aquellas situaciones más complejas de nuestro orden civil , tenemos la obligación de conducir nuestro actuar institucional con apego irrestricto al Estado de Derecho.

Una cuestión interesante es que los abogados de Trump han reclamado al juez Merchan que se aplique el fallo sobre inmunidad presidencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en su defecto, se considere que sus derechos como presidente electo son a estos efectos similares a los de un presidente en ejercicio.

A la fecha los eventos promocionales o académicos que se conocen eluden expresamente hacer análisis críticos, presentando un cuadro teórico de modernización y optando por aplaudir las supuestas bondades regulatorias de la ley modificadora N° 21.180, porque la transformación digital del Estado se cree que se habría regulado a cabalidad . Relevar las ilegalidades es necesario, para intentar subsanar los errores jurídicos y de implementación antes de su puesta en producción o aplicación concreta.

El objeto de este comentario es evidenciar el vínculo negativo existente entre la acción de indemnización por error judicial y la acción de indemnización por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. Este análisis tiene como base la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa ROL N° 241854-2023, caratulada «Gallegos con Consejo de Defensa del Estado», a propósito de la acción de indemnización por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público.

Teniendo en cuenta el alcance de la nueva normativa, la metodología de trabajo que adopten las compañías será clave para enfrentar de mejor manera las implicancias de la ley. Al momento de diseñar e implementar el modelo de prevención y los respectivos controles se debe generar trazabilidad y evidencias suficientes para el caso de que exista controversia sobre su efectividad.

El asunto de la “confianza legítima” no será más una materia de análisis e interpretación por parte de la Entidad Fiscalizadora atendido los numerosos casos que también han sido ventilados ante instancias judiciales, razón por la cual, considera esta temática “per se” como un asunto litigioso, y por ende, de competencia exclusiva de la judicatura.

La «confianza legítima» para funcionarios públicos a contrata ha cambiado drásticamente. En el último dictamen de la CGR, está se ha restado de la discusión al declarar dichas discusiones como materias litigiosas, por tanto, de manera tacita, se suma al criterio ya asentado en el año 2022 por la E. Corte Suprema. Ya no serán “dos años” ahora serán “cinco años”.

El Dictamen N° E561358 pone de manifiesto dos grandes problemas, una inadecuada regulación del empleo público y poca claridad en las competencias del órgano llamado a controlar la legalidad administrativa.

Dado que la ley debe ser general y a que no se quiere dejar casos particulares al margen, al efecto se ocupan enunciados lingüísticos tan dilatados y confusos que, o arriesgan ser llenados con alguna carga ideológica, u obstan saber con certeza cuáles objetos, situaciones o personas quedan comprendidos dentro de sus términos.

Dudoso nos resulta el que esta materia pueda ser calificada como una de naturaleza litigiosa, dado que tal y como lo precisa el mismo dictamen en análisis, “[…] el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye un fundamento para atribuirle necesariamente tal carácter, comoquiera que, en definitiva, toda cuestión puede ser objeto, eventualmente, de discusión en el ámbito jurisdiccional (aplica dictamen N° E417326, de 2023, de este origen)”.

Resulta contradictorio que el Órgano de Control (cuya interpretación es seguida por la Administración, dado su carácter de vinculante) siga negando la aplicación práctica de una disposición de carácter general y supletoria a procesos administrativos especiales que no expresan una regla contraria o francamente guardan silencio. Contraloría debiese reconsiderar y uniformar su jurisprudencia en aras de la integración y coherencia procesal que tan necesaria se torna ante la diversa existencia de instituciones administrativas de regulación adjetiva.

¿Por qué no extender el derecho al olvido para amparar a los familiares que viven este tipo de situaciones, con el objeto de que ellos también puedan continuar con su vida, sin que un pasado doloroso los afecte ni mucho menos se transforme en tendencia? En Chile, el denominado “Derecho al Olvido” ha sido abordado por las Cortes como un conflicto de derechos, y en este caso no es distinto, pues tenemos la libertad de expresión versus la integridad psíquica y la honra de las familias.