Más allá de los efectos en la misma liquidación y lo dispuesto en el art. 3 inc. 2 del Código Civil, cabe preguntarse si la norma podrá tener efectos prácticos en los procesos penales. En principio, legalmente la resolución que resuelva este incidente y establezca la declaración de mala fe en la liquidación no debiese tener mayor efecto en sede penal. Responsabilidad civil y penal son independientes. Asimismo, sabemos que mala fe y dolo son conceptos diferentes. Por otro lado, los delitos concursales que establece nuestro Código Penal son figuras dolosas, descartándose generalmente el dolo eventual.

La hiperconstitución tiene como efecto más patente el que, bajo su imperio, los órganos constituidos, no podrán adoptar, total o parcialmente, decisiones que naturalmente les corresponden, sino que ejecutar aquéllas adoptadas previamente por el hiperconstituyente, pasando así a ser simples ejecutores de lo decido por éste.

La necesidad de un nuevo proceso constituyente se impuso en el Congreso Nacional y se llegó a un acuerdo que adquirió su expresión normativa en la Ley N°21.533 de Reforma Constitucional. Esta contiene disposiciones que crean un nuevo procedimiento y nuevos órganos para la redacción de una nueva Constitución, además de doce puntos que se han definido como ‘‘bases institucionales’’. Esto plantea diversas preguntas: ¿Cómo debemos entender la naturaleza jurídica de estas bases institucionales? ¿Cuál es el alcance que consideran el respeto de las bases?

La conexión con el concepto de empresa permite objetivar la relación de subordinación, en el sentido que deja de ser un vínculo entre el trabajador y el empleador-persona natural, para convertirse en una relación que liga al trabajador con un orden objetivo, con una organización preestablecida cual es la empresa. Por consiguiente, lo fundamental para que se configure la subordinación viene a ser que el trabajador se incorpore en esta organización, quedando así sujeto al orden -sub ordinem- en que toda empresa esencialmente consiste.

Leer un enunciado normativo por correcto, justo y necesario que sea, no es sinónimo de efectividad; leer la norma no significa que se comprenda y tampoco que sepamos qué ocurre en la realidad que se nos debería presentar; la heteronomía del derecho en ocasiones requiere de un aparto coercitivo, como el proporcionado por el poder judicial. Formular que la Ley indica que el carnet está vigente y que por tanto no existe desigualdad, es contrario al saber y a la realidad.  

Conforme a esta jurisprudencia de la Corte Suprema, que llamo “proporcionalidad-igualitaria”, la Administración, al momento de determinar la sanción a aplicar en un caso concreto, no sólo deberá considerar las reglas dispuestas al efecto por la ley, sino que también su práctica pasada, esto es, las sanciones que ha aplicado con anterioridad a “eventos semejantes”, “situaciones de similar entidad” o “precedentes asimilables”.

El dictamen metapericial o critique evidence, nombre con el que se conoce y utiliza en el sistema anglosajón del common law, en su esencia busca apoyar al sentenciador a resolver el conflicto que tiene a su vista, pero cuyo objeto de estudio, como ya se señaló, se centra en revisar y determinar si el informe del experto cumple o ha cumplido con los requisitos formales y objetivos de fondo para el cual fue solicitado y aportado en el proceso. No obstante, este dictamen, como todo medio de prueba, debe necesariamente ser regulado para permitir su entrada al juicio y regulado en su valoración, independiente de la sede jurisdiccional.

No se establece ningún deber de cada uno con los demás y con la comunidad. Pareciera que somos individuos sin vínculos sociales que nos obliguen más allá de los más evidentes como padres, encargados públicos, proveedores, etc. Y esto no queda compensado por las referencias a la solidaridad en la organización territorial o fiscal que contiene el texto propuesto, las que están básicamente referida al orden estatal. La propuesta, se desmarca de la Declaración Universal, pero también de una rica tradición latinoamericana que ha ubicado a los deberes como elementos básicos del orden democrático y como correlatos de los derechos.

Tratándose de los/las pacientes que son menores de edad, se ha entendido que debe ser una persona adulta quien decida por él/ella, a fin de alcanzar su mayor bienestar; sin embargo, esta situación afecta sustancialmente su participación activa en la toma de decisiones vinculadas con su salud, al no considerar su autonomía.

El Código Civil consagra dentro de sus disposiciones diversos nudos espistemológicos de género, frutos de la realidad histórica y cultural en la cual dicho cuerpo legal tiene su génesis. En la actualidad varias normas han sido suprimidas (como la derogación por la Ley 20.830 del artículo 128 vigente desde 1857 que impedía a la mujer contraer segundas nupcias inmediatamente de haber quedado nulo o disuelto el matrimonio anterior para evitar confusiones de paternidad que hoy se resuelven mediante un examen de ADN), muchas otras siguen vigentes envolviendo a la mujer en un manto de incapaz relativa que atenta en contra de sus derechos, perpetuando la violencia estructural.

Ampliar la competencia sin considerar aspectos básicos de acceso a la justicia y determinar qué aspectos pretende abordar, para superar lo que el proyecto considera un tema no resuelto, traspasando de una jurisdicción a otra, es contrario al principio mismo y podría desvirtuar no solo en el aumento de la competencia de estos tribunales, sino generar una sobrecarga de trabajo en dichos tribunales sin los elementos materiales para absorber esta nueva competencia y las que se pretenden implementar.

La incorporación de una presunción en el art. 10 N°6 CP podría verse como absolutamente beneficiosa para funcionarios policiales, pero debe analizarse con cuidado. Primero, podría sostenerse que es replicable la discusión sobre qué es aquello que se presume, como ha ocurrido desde antaño con la legítima defensa privilegiada, y que no todos los elementos se pueden presumir, siendo siempre necesario acreditar que existió agresión ilegítima.

Latinoamérica es el continente más reformista a nivel mundial. Así, entre 1979 y 2023, se han registrado más de 239 cambios a las reglas electorales en la región. Debiendo señalar que el activismo de las élites políticas regionales no ha sido homogéneo pudiendo clasificar a los países en hiperactivos (Ecuador, Perú, México y República Dominicana), moderados (Argentina, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Colombia) y pasivos (Uruguay y Paraguay).

Resulta sorprendente que algunos jueces del trabajo declaren la caducidad de los hechos, limitando el debate y la actividad probatoria a los sesenta días hábiles que preceden a la interposición de la denuncia. Esta “caducidad de hechos”, además de la impropiedad conceptual importará muchas veces una confusión entre causa y efecto o, para usar los términos legales, entre los hechos constitutivos de la lesión y los antecedentes en que se fundamenta, distinción prevista en el art. 490 del Código del Trabajo.

El lunes de esta semana el Pleno de la Comisión Experta votó las propuestas de norma que comienzan a dar forma al anteproyecto de Constitución que discutirá el Consejo Constitucional. Si bien las enmiendas que serán votadas prontamente impiden tener certeza absoluta sobre el futuro de las normas, en lo que respecta al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ya se pueden analizar sus principales características.