Bien conocemos, que es precisamente el Consejo de Seguridad y sus Miembros Permanentes, a quienes les corresponde la responsabilidad primordial de la paz, y el tan polémico derecho a “veto” que poseen, es el que justamente obliga a las cinco Grandes Potencias, a que no sea posible imponerse mutuamente, obligaciones ni sanciones, en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz, o actos de agresión (Capítulo VII de la Carta). Lo que precisamente Rusia ha aprovechado en su favor, sabiendo que el sistema no podría serle impuesto sin su aceptación, o bien, habría una nueva confrontación mundial. El sistema creado, en consecuencia, se ha visto paralizado y cuestionado.

La legítima defensa es un derecho humano fundamental que se encuentra reconocido en el derecho interno de los países, incluido Chile. El presente artículo tiene por objeto analizar la importancia de la legítima defensa privilegiada en Chile y su relación con la función policial. En este sentido, se aborda el concepto y características de la legítima defensa, la figura de la legítima defensa privilegiada en el ordenamiento jurídico chileno y su relación con la labor policial, especialmente en situaciones de riesgo.

En cuanto a la regulación de la acción de inaplicabilidad, la propuesta no innova mucho. Sigue afirmando que es un control “concreto” (en su fundamentación), desconociendo que dicho carácter es controvertido por la doctrina y que, además, no hay un entendimiento unívoco acerca de qué se entiende por “concreto”, si es concreto por los efectos, por su relación con un caso “real” o porque el análisis de constitucionalidad es diferente a uno abstracto (sin tampoco haber entendimiento unívoco sobre lo que es el control abstracto).

La reformalización constituye una práctica muy extendida a nivel nacional cuyo uso por el Ministerio Público, como ha reconocido nuestra Corte Suprema, puede devenir en una afectación sustancial de los derechos de los imputados. En este sentido, lo resuelto recientemente por la Corte Suprema a instancias de la Defensoría Penal Pública debiese motivar una importante reflexión en los intervinientes a nivel nacional, incluyendo a la Fiscalía y los tribunales.

En un contexto de alta criminalidad e impacto dentro de la comunidad de un hecho de tal envergadura como el ocurrido (muerte de un carabinero), es que en el último tiempo es normal recurrir al populismo penal como respuesta. Esta estrategia resulta atractiva para algunos sectores de la población debido a la sensación inmediata de seguridad que proporciona y por el gran nivel de notoriedad que conlleva. Sin embargo, si bien es significativo destacar los resultados positivos obtenidos en términos de control y disuasión, no hay certeza acerca del impacto real que dichas medidas tienen sobre los patrones delictivos.

Vargas Llosa en su discurso, sobre la importancia de la literatura en la vida de los seres humanos apunta lo siguiente: “Una vida sin literatura sería horrible, siniestra, despojada de las experiencias más ricas y diversas, una rutina intolerable, hecha de obligaciones que se irían repitiendo diariamente como un conjunto de compromisos sin promesa de remisión”. A propósito de ello, Vargas Llosa se pregunta lo siguiente: ¿Puede un libro salvarnos? El nuevo inmortal responde diciendo: “Es factible que, en la fantasía, al menos los libros que hemos leído e inventado, en los que hemos creído, nos defiendan de la desaparición definitiva y final”. 

La valiente determinación del edil puede configurar una manifestación de lo que en la doctrina administrativa se conoce como “desviación de poder”: la dictación de un acto administrativo en consideración a un fin distinto –sea de interés público o privado– a aquel que se tuvo a la vista al conferirse los poderes jurídicos a la Administración (Giorgi). Ciertamente la LGU no fue diseñada para combatir el narcotráfico, puesto que la atribución edilicia de derribar ampliaciones ilegales mira al interés público de planificación urbana y no al de seguridad. En consecuencia, los actos administrativos mediante los cuales se ordena la demolición de viviendas de narcotraficantes pueden adolecer de nulidad de Derecho Público.

La causa trata sobre un ciudadano venezolano, quien solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado en Chile, en dependencias del entonces Departamento de Extranjería y Migración, hoy, Servicio Nacional de Migraciones. En el caso, la persona afectada había ingresado por un paso no habilitado al país, y, por esta razón, la autoridad recurrida no dio curso a su solicitud de asilo, indicándole en un análisis de admisibilidad previo, que debía realizar el trámite de “autodenuncia” como condición para poder iniciar el procedimiento.

En nuestros tiempos hay más tecnología, pero menos comunicación y comprensión; hay más riqueza, pero menos vida y mucha depresión; hay más consumo, pero mucha más desigualdad; hay más conectividad, pero mayores barreras sociales entre unos y otros. El Derecho no es ajeno a esto, y no puede seguirse con la irracional separación conceptual entre moral y derecho, presuponiendo un rechazo a una vinculación lógica o necesaria entre ambos conforme al paradigma nominalista moderno.

En la práctica, las manifestaciones de expulsión que no se colocan dentro de procedimientos administrativos justos, denominados devoluciones en caliente, claramente generan la vulneración de garantía de cualquier sistema legal, debido a que no se respeta el debido proceso ni los derechos humanos; y mucho menos el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Obsérvese que el ingreso masivo de extranjeros, por paso no habilitado, no empodera al Estado para vulnerar sus propias normas sobre Migración y Extranjería. En definitiva, las devoluciones en caliente, en su esencia, constituyen una vulneración clara del principio de no devolución y una categoría lacerante de todo ordenamiento jurídico en el ámbito migratorio.

El proyecto no ha considerado una serie de factores que se derivan del informe de la Excelentísima Corte Suprema, pues la ampliación de competencias para la justicia de policía local termina siendo más amplia que la pretendida en el proyecto, con una exclusión de la justicia local de la Región Metropolitana, sin indicar las razones para ello, rompiendo, en nuestro concepto, la unidad de jurisdicción, en esta ocasión, en razón de la materia y sin considerar factores humanos, tecnológicos y de infraestructura, tanto o más trascendentes que un aumento de competencias, aumento que no garantiza, por sí mismo, un mejor acceso a la justicia.

Esperemos que una propuesta de reforma constitucional como la que acaba de aprobar la Comisión sea agendada oportunamente para su debate y aprobación por parte del Pleno del Congreso. Pero sobre todo, esperemos que en el debate se expongan razones jurídicas suficientes que justifiquen un impedimento como el que se propone tomando en consideración que lo que está en juego no es únicamente la participación política de los ciudadanos y el derecho a ser elegido para un cargo de elección popular, sino también el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad

El pasado 17 de marzo de 2023, la Excma. Corte Suprema mediante la sentencia de reemplazo Rol N°14.262-2022, ha emitido una serie de consideraciones relevantes en torno a la construcción del estándar material exigible, el daño y el nexo de causalidad en la falta de servicio atribuible a negligencia médica. El siguiente comentario pretende exponer las consideraciones más importantes y realizar una breve reflexión en torno a cómo el Máximo Tribunal ha ido paulatinamente innovando en su argumentación jurídica a la hora de imputar responsabilidad a la Administración del Estado.

La situación de abstención electoral en Chile evidencia un avance progresivo si comparamos los procesos electorales producidos durante la transición y la consolidación de la democracia. Resulta ilustrativo, considerar los porcentajes de abstención en elecciones de carácter nacional entre 1989 y 2021. Además, debido a las reformas de la legislación, la data electoral permite evidenciar los efectos del sistema de voto obligatorio y del sistema de voto voluntario.

A la luz de una mayor conciencia de nuestro entorno, en el que nos damos cuenta, cohabitamos con más organismos capaces de sentir, de aprender y tener su propia comunicación, entre varios otros atributos iguales o superiores a la del ser humano, es que esta y otras normativas referente a los animales, se están tornando en un paradigma sujeto a debate. Cada vez son más las voces que se alzan a favor de los derechos de los animales, proponiéndolos como sujetos de derechos y expresan la consecuentemente violación a los derechos humanos al transgredir los derechos de los animales, quienes al igual que los humanos, serían titulares de derechos según esta perspectiva de la realidad y por ende cabrían en la misma categoría.