Se marca una distancia considerable respecto de la “hoja en blanco” que caracterizó el anterior proceso. Esto no ha pasado desapercibido en el debate público donde, por un lado, se imputa que el órgano democráticamente electo estará severamente limitado en su labor constituyente dado que lo fundamental de la constitución ya estaría definido; mientras que por otro lado, se señala que las bases son laxas dejando abierta la posibilidad para que nuevamente se expresen ideas que podría no gozar de un respaldo mayoritario.

El fallo examinado parece computar el plazo de dos años para efectos de ejercer la potestad invalidatoria, ya no desde la comunicación del acto administrativo que se pretende invalidar, sino que desde el acto administrativo que da inicio al procedimiento invalidatorio. Incluso, contradice lo señalado en el considerando tercero de la sentencia, en cuanto se consigna explícitamente que “no puede ejercerse la potestad invalidatoria si han transcurrido más de dos años desde la fecha de notificación o publicación del acto que se trata de invalidar”.

El Proyecto de Ley de Reforma Constitucional dispone que la presidenta de la República, actualmente en funciones, convoca a Elecciones Generales, las mismas que se llevarán a cabo en abril de 2024, y que su mandato concluirá el 28 de julio de 2024. Asimismo, establece que las y los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino culminan su representación el 26 de julio de 2024.

No existe mayor aberración que una Carta Fundamental escrita en lenguaje académico, difícil de comprender por el ciudadano corriente  pues para él se escribe la Constitución, de modo que la entienda en su lenguaje habitual y  la comprenda a la primera lectura, y así pueda aplicarla en su vida cotidiana sin  ninguna  dificultad.

El daño ya está hecho, y se puede constatar ya que no faltan los imitadores, ante la paralización del sistema internacional. Posiblemente ésta sea su consecuencia más grave y riesgosa para el resto del mundo. Un sistema ineficaz e impracticable, resulta tentador para quienes no lo respaldan y desean imponer sus propias reglas, por sobre las existentes. Se aprecia en la relación cada vez más tensa e infructuosa entre las tres Grandes Potencias y sus líderes, enemistados y sin mayores contactos, intentando ganar posiciones, frente a una Unión Europea disminuida. Resulta cotidiano y los medios lo constatan, así como un Consejo de Seguridad, que decide sobre temas de menor impacto mundial, en buena parte rutinarios, impotente ante la mayor guerra al este de Europa.

En nuestra opinión, cabía al Ilustre Tercer Tribunal Ambiental controlar la decisión del SEA, en el sentido de anular la decisión sobre rechazar la solicitud de invalidación, porque la declaratoria, aunque posterior, corresponde a una calificación normativa que incide en una categoría de ingreso al SEIA. Por el contrario, como vemos, sumando y restando las consecuencias de lo resolutivo de la sentencia, el titular del proyecto cuenta con una opinión favorable del SEA. Sin embargo, sabemos que ejecutará sin RCA un proyecto que debe ingresar al Sistema.

La presente opinión busca revisar críticamente la propuesta de reforma legal que actualmente se discute en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, en especial, respecto de los principios e instituciones procesales de carácter civil que se intentan implementar dentro del procedimiento para sustanciar la acción de no discriminación arbitraria. El autor plantea las dificultades de no apreciar cómo se han comportado algunas de estas instituciones en la práctica, en desmedro de la protección de las víctimas de una discriminación, haciendo un llamado para perfeccionar estos aspectos procedimentales antes de su aprobación legislativa.

En la votación la propuesta de reforma constitucional apenas contó con el respaldo de 49 parlamentarios. Como puede apreciarse, la misma estuvo muy lejos de alcanzar los 87 votos para que sea aprobada en dos legislaturas sucesivas; o los 66 votos que se requieren para que la misma sea aprobada, finalmente, a través de un referéndum, según lo dispuesto en el artículo 206 constitucional.

El perfilamiento ideológico en el marco de una campaña electoral puede constituirse en una herramienta muy útil para la polarización y la desinformación. Y ello puede afectar el proceso de formación de la opinión pública de manera libre y plural.

Respecto a las tres Reconvenciones (Contrademandas) bolivianas, por cambio posterior en las posiciones de Bolivia, el reconocimiento de Chile de algunas de sus alegaciones, y por dejar de existir una real controversia, en dos de ellas, la Corte no se pronunció por falta de objeto, y rechazó la tercera. El fallo deja atrás, las declaraciones ofensivas del Ex Presidente Evo Morales, de que las “robábamos”, y otras acusaciones. En consecuencia, la Corte reconoce que Chile tiene derecho a la utilización equitativa y razonable de todo el sistema hidrográfico, no es un simple manantial de su exclusiva propiedad, y podemos continuar aprovechándolo como lo hacemos actualmente, sin indemnizaciones.

En Derecho Internacional público la Antártida es un estudio de caso. Al faltar el elemento central propio de los Estados (soberanía, también denominado jurisdicción) se hace imposible exigir a los mismos responsabilidad en la conservación de seres vivos antárticos sino al “Sistema Antártico”. El mismo ha respondido con un Protocolo (Madrid 1991) sobre el medio ambiente y antes tratados sobre la conservación de seres vivos marinos en el mar, así como de focas, todos de la década de 1980. La respuesta es principalmente mirando a los estudios sobre impacto ambiental.

El TC afirma que en el Informe Final se aprecia que se justifica la aplicación del tipo penal en que el PDLR “tendría la intención” de ceder salida al mar a Bolivia. De este modo, no se cumple con justificar en qué medida un eventual propósito o pensamiento personal, de ser el caso, puede suponer el inicio de la ejecución del delito de traición a la patria, sin que existan actos posteriores de materialización del hecho delictivo. El TC considera que, al no motivarse adecuadamente la procedencia de la acusación en este extremo, ello genera una amenaza de vulneración del derecho al debido proceso, en el escenario en el que se apruebe una eventual derivación de los actuados al Poder Judicial.

La jurisprudencia sobre las ocupaciones irregulares de terrenos particulares ha sufrido enormes variaciones en un período muy corto. Sentencias de protección sirven para ilustrar la inestabilidad de la jurisprudencia en torno a la aptitud de esta acción constitucional para resolver sobre dicha materia y a las medidas que puede o debe decretar el tribunal, en caso de estimarla. Tal variabilidad, si bien se manifiesta en decisiones del máximo tribunal, es causada -según se postula- por algunos problemas de diseño de la acción, la cual, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, no tiene un ámbito de aplicación claramente definido, todo lo cual hace aconsejable su ajuste normativo.

Conocido los antecedentes generales del caso y, especialmente, las posturas de las partes en conflicto, es posible aseverar que se trata de un caso que generará importantes precedentes jurídicos, no sólo en Chile, sino que a nivel internacional, ya que la legislación en materia de propiedad industrial responde a cierta normativa que se ha ido estandarizando. Lo anterior, sumado al gran impacto que ha generado en la comunidad esta noticia, hace necesario entrar a explicar los principales alcances jurídicos del mismo, cómo también efectuar ciertos comentarios generales respecto a la defensa de cada parte y al actuar de las autoridades.