La pregunta que es loable plantearse ¿qué pasa cuando el transportista toma una decisión unilateral de anulación de pasaje comprado a causa de un error de publicación del precio?, pues bien, en la especie, aún no existe una jurisprudencia uniforme en la materia, y que a través de la presente columna pretenderemos proponer los razonamientos y argumentos más aceptable dentro de la disciplina consumeril.

La noción de “gatekeeper” se refiere a ciertas plataformas que actúan como interfaz de contacto entre business users (“usuarios empresa”) y end users (“usuarios finales”) y que deben contar con una posición que pueda ser considerada como establecida y durable. El status de gatekeeper de una compañía se determinaría a partir de ciertos parámetros cuantitativos (umbrales de ingresos, cantidad de usuarios finales activos mensuales, cantidad de usuarios empresa activos anuales).

El Presidente Pedro Castillo saludó la decisión de la OEA de activar la Carta Democrática Interamericana y llamó a un amplio diálogo para alcanzar un compromiso nacional por la estabilidad de la democracia en el Perú. Por el otro, diversas fuerzas de oposición han señalado que estamos ante una injerencia inaceptable en la soberanía peruana por parte de la OEA. Se trata, para muchos líderes de la oposición, de un recurso desesperado del Presidente Pedro Castillo por aferrarse al poder y eludir la acción de la justicia frente a los graves delitos de corrupción que se le imputan tanto a él como a su entorno más cercano.

En la actualidad, el extenso catálogo de materias, que actualmente conocen los juzgados de policía local, son temas contravencionales que llevan aparejadas las sanciones que cada tipo infraccional contempla, especialmente, multas, clausuras, comisos, etc. lo que, en dichas materias, la inclusión de procesos alternativos de resolución de conflictos resultaría incompatible con la naturaleza sancionatoria del procedimiento contravencional de la Ley Nro. 18.287, que valga recordar, ha sido el cauce natural desde la dictación de la Ley Nro. 6.827, e incluso antes.

Una primera novedad que representa entonces esta sentencia es que el tipo penal de Administración Desleal fue sometido al desarrollo de un juicio oral. Esto es, se llegó a una instancia en donde las partes pudieron expresar sus argumentos y mostrar sus pruebas, bajo el sistema de control que implica un juicio oral propiamente tal ante tres jueces.

De manera extraordinaria, esta nueva ley autoriza que la parte alimentaria solicite al tribunal de familia que por vía de interconexión consulte a la institución administradora de fondos de pensiones (AFP) en la que se encuentra afiliado el alimentante, de los saldos que éste mantiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, comunicando la prohibición de que el deudor cambie de AFP.

En momentos de incertidumbre cualquier solución propuesta parece un avance, lo cual es tremendamente peligroso si quienes la proponen son los encargados de dictar las leyes en nuestro país, más aún si existe un patente desconocimiento de la materia que desean legislar. Lo anterior se ve en el ejemplo que se estudiará sobre un proyecto de ley que entrega mayores facultades a las policías, pero que en la práctica podría generar incluso más riesgos y peligros a los funcionarios.

El temor que generó en los brasileños el discurso populista y autoritario del presidente Bolsonaro pudo más que las antipatías generadas por los escándalos de corrupción relacionados con el entorno más cercano a Lula durante sus dos primeros gobiernos. Con casi 700 mil muertos durante la pandemia, la pésima gestión de Bolsonaro le terminó pasando factura en las urnas. Conozca más factores que dieron el triunfo a Lula en esta columna.

El Coordinador Parental no lleva a cabo una mediación, aunque puede utilizar algunas de sus metodologías y técnicas, como también otras herramientas o estrategias de resolución de conflictos. Tampoco realiza psicoterapia, aunque en su ejercicio profesional desarrolla acciones psicoeducativas y otras técnicas de intervención psicológicas, tendientes a orientar, informar, sensibilizar, potenciar habilidades, y comprometer a los progenitores, otros familiares, abogados que asesoran a las partes, todo ello en bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes.

El columnista se pregunta si la Administración del Estado puede o no sancionar disciplinariamente a un funcionario público que ha incurrido –o participado- en una infidelidad matrimonial. Concluye que no, entre otras razones, porque, si pudiera hacerlo, contravendría la Constitución, en tanto “asegura a todas las personas”, incluidos los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, el “respeto y protección de la vida privada” (artículo 19, Nº 4).

Es un hecho que las y los fiscales del Ministerio Público son personas que desarrollan su labor sujetos a distintas limitaciones, institucionales y también, por qué no, personales. Están expuestos a diversas presiones, las que pueden resultar infundadas pero también las pueden haber serias y legítimas. Existen en la práctica muchos fiscales proactivos y comprometidos, pero también los hay desprolijos, poco objetivos o más preocupados del término del caso que de la resolución del conflicto o sus efectos en los intervinientes.

El artículo 117 de la Constitución señala expresamente que el Presidente sólo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. En otras palabras, si bien la Fiscal cuenta con la facultad para denunciar constitucionalmente al Presidente lo cierto es que sólo puede ser acusado por los supuestos descritos.

Es fundamental que, por una parte, dentro de la normativa que regula la organización administrativa del Estado existan normas de común aplicación a los Órganos Administrativos Autónomos OAA, señalando su naturaleza y relación con el Presidente de la República, así como con el resto de los Poderes del Estado; y, por otra parte, se refiera a los casos específicos en que estamos en presencia de uno de ellos.

Bases institucionales y legales, sumadas a la interdependencia entre las naciones, han creado un ámbito mundial capaz de sortear, con pragmatismo, los diferendos que siempre existirán, solucionándolos de manera pacífica; o si se traducen en episodios bélicos pese a los esfuerzos, se ha impedido que alcancen dimensiones mundiales mayores, o de larga duración. No es así en la actualidad. Hay ejemplos que lo confirman. La agresión de Rusia a Ucrania que prosigue, y se intensifica sin avizorar ninguna solución.

Cabe hacer presente que la aceptación de condiciones por el imputado no constituye de manera alguna una aceptación de responsabilidad penal, sino que la materia del juicio – que solo puede terminarse por sentencia definitiva – no se discute finalmente, dando por solucionado el caso sin pronunciamiento final. Es del caso señalar que el artículo 237 inciso final prescribe expresamente “La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.”