El Estatuto Administrativo establece una serie de deberes de los funcionarios públicos cuya contravención puede ser sancionada disciplinariamente. Y, entre ellos, destaca muy especialmente el deber de “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo” (artículo 61, letra i) por al menos dos razones: (i).- por la inespecificidad de dicha conducta (sin perjuicio de que la jurisprudencia administrativa, casuísticamente, la ha ido precisando), y (ii).- por el hecho de que no sólo comprende actuaciones en el servicio sino también fuera de él, vale decir, en la esfera de la vida privada del funcionario público.

Podemos observar que, en la actual carta magna, así como en la nueva propuesta de Constitución, no hay diferencias sustanciales en cuanto a la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos, en ambos casos la soberanía tiene como limitación los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y en ambos casos forman parte del ordenamiento jurídico chileno, por lo que el otorgamiento de la condición de refugiado tendría las mismas limitaciones tanto en el panorama actual constitucional así como en el escenario de un nuevo texto constitucional.

La propuesta Constitucional en definitiva lo que hace es cambiar las cosas, volviendo al sistema de la Constitución de 1925 y abandonando de esta manera la tradición de la Carta de 1980. En el fondo, se ha pasado a un sistema donde un conjunto de materias se entrega a la ley para su regulación y en el resto de las materias existe una cohabitación o co-regulación donde tanto la ley como el reglamento pueden regular.

Los chilenos debemos optar el próximo 4 de septiembre por el texto constitucional que nos permite un mayor encuentro y que sea el puente adecuado para pasar a una Constitución que de verdad nos una a todos. En lo personal, me parece que la opción rechazo ofrece una mejor salida político constitucional para Chile, debido a la que Constitución vigente se puede reformar por 4/7 de los parlamentarios en ejercicio y por una serie de dificultades que plantea la propuesta de la Convención Constitucional.

La “igualdad sustantiva” es parte del ideario socialista (más o menos extremo, da lo mismo) y la promesa de todas las dictaduras. Es la que rige en Cuba o Nicaragua, donde todos son iguales en la pobreza; o en Venezuela donde todos son igualmente tributarios al poder omnipotente del Gobierno de Maduro; o es impuesta en los países controlados por los Talibanes; o se manifiesta en la miseria de Haití y de tantos países africanos.

Si bien las evaluaciones de impacto ambiental ya formaban parte del marco de protección medioambiental de China desde el año 1989, los que consistían en una evaluación de los contaminantes y los efectos sobre el medio ambiente de un proyecto de construcción, formulando medidas de prevención y control que debían ser previamente aprobadas por las autoridades administrativas medioambientales, la Ley de Protección del Medio Ambiente (LPMA 2015) aumenta considerablemente su impacto y las sanciones por su incumplimiento.

Las aberraciones jurídicas y políticas que contienen éstas y otras disposiciones de la Propuesta de NUEVA CONSTITUCIÓN nos inducen vigorosamente a rechazarla. Por otra parte, pueden predicarse muchas cualidades de la naturaleza,  pero a condición de no confundirla con la persona humana.    

Más allá de los legítimos argumentos a favor y en contra que se han planteado, a mi parecer, este debate en particular, a diferencia de otros, no comienza desde cero, sino con un contenido predeterminado por los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Algo que me llama la atención es que el concepto de bien común en nuestra nueva propuesta constitucional, no está presente como fin del Estado, esta cuestión en la tradición occidental era muy clara, hoy más bien se adoptó el principio del buen vivir, siguiendo la tendencia del nuevo constitucionalismo latinoamericano y las enseñanzas de nuestros pueblos indígenas.

En definitiva, siempre quedaría en manos del pueblo la reelección inmediata del Presidente por una ocasión, siendo tarea tanto del Gobierno de turno como de la oposición de aquel el dar, siempre dentro de la legalidad imperante, los argumentos a favor o en contra que conduzcan o no a su reelección, dejando la puerta abierta a la consolidación de los buenos gobiernos y cerrando la puerta a los proyectos desfavorables que no mostraron su valía durante los 4 años ejercidos.

Este artículo, desde una perspectiva crítica analiza de forma general e introductoria, desde el iusnaturalismo del personalismo y comunitarismo, la actual configuración jurídica, filosófica y social del Derecho del Trabajo y los cambios de paradigma que implica la propuesta de nueva Constitución que nos ofrece la Convención Constitucional, analizando las consecuencias jurídicas y sociales directas que implica el tratamiento normativo del Derecho al Trabajo en este borrador de Carta Fundamental.

Es muy lamentable entonces que la propuesta de la Convención Constitucional en su artículo 67.3 solo hable que las “agrupaciones religiosas y espirituales puedan organizarse como personas jurídicas…”. Ello, a mi entender, puede lamentablemente reabrir el viejo debate acerca de la personalidad jurídica en las iglesias y de su régimen jurídico propio. Este debate ya está cerrado por la evolución jurídica de nuestro país conforme al principio evolutivo de los Derechos Humanos, reconocido en numerosas sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Siendo el programa de cumplimiento un instrumento de gestión ambiental diverso a la potestad sancionatoria y un procedimiento administrativo diferente, no resulta cierto, en nuestra opinión, que dicho programa sea un mero momento del procedimiento sancionatorio.