No compartimos en lo absoluto la postura recientemente adoptada por el Fiscal Nacional Sr. Jorge Abbott, no sólo por el hecho de negarse de manera liviana y sin mayores fundamentos a dar cumplimiento a la obligación expresa que le impone el artículo 171 del Código Procesal Penal, sino que además porque pretende trasladar la carga de intervenir procesalmente en un juicio diverso a otro interviniente, todo ello contra texto expreso de ley.

La presente posición rusa se podría resumir en que, no hay que provocar a la OTAN, su mayor prevención, ya que le sería intolerable si lograra circundar su territorio. Todo lo demás, como los ingresos a la Unión Europea o los apoyos políticos de países vecinos, no representan un riesgo cierto para Rusia en lo interno ni en lo internacional.

Podemos decir que -al menos teóricamente- el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional destinada a luchar contra la corrupción fortaleciendo a dos organismos constitucionalmente autónomos como la Controlaría y la Superintendencia. No obstante, ello, y como siempre ocurre, será el tiempo el que determine si esta reforma constitucional realmente sirvió para combatir la corrupción o si, muy por el contrario, abrió las puertas para la violación de los derechos y libertades individuales.

El Proyecto de Nueva Constitución contienen varias asuntos que son innovaciones al constitucionalismo chileno, entre ellos, algunas regulaciones referentes a la materia migratoria, sobre estas nuevas regulaciones, es de observar que ponen nuevas trabas a la autoridad administrativa, por la cual se le dificultará enfrentar crisis migratoria que actualmente nos encontramos viviendo, pues le restringe en el uso de sus facultades y reconoce nuevas prerrogativas a los migrantes, aun cuando estos no hayan hecho ingreso regular al país.

La propuesta de nueva Constitución consagra, en mi opinión, una serie de disposiciones que contradicen y afectan el verdadero sentido del principio en comento, específicamente, la igualdad ante la ley, dando lugar a amplias interpretaciones. Por un lado, sobre las elecciones populares y por otro, los escaños reservados que tendrán los pueblos y naciones indígenas.

El escenario cambia y el mando estratégico debe estar al tanto. La Convención Constitucional en su proyecto constitucional establece disposiciones relativas a las Fuerzas Armadas y a las Policías restringiendo su actuar en diversas situaciones. Se aprecia un límite en el actuar de la Armada de Chile en el control de los mares de la República, en el apoyo situaciones de catástrofe donde no se decrete un Estado de Excepción Constitucional y, por último, en el desarrollo del país.

El primer motivo de rechazo consiste en los graves errores lingüísticos y conceptuales de los que adolece su Presentación y que son inadmisibles en la Constitución Política de un país civilizado.

Petro, luego de haber sido guerrillero del M-19, y de impulsar y firmar la desmovilización de la guerrilla, junto a los partidos Polo Democrático y Colombia Humana, se convierte en el primer presidente de izquierda en llegar al poder.

Todos estos postulados de la opción que promueve el rechazo reconocen la necesidad del cambio constitucional, y argumentan que el próximo plebiscito no es entre la Constitución de 1980 y el proyecto de nueva constitución. Sin embargo, yerran en dicha afirmación.

El 1 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una sentencia en que se condena a Chile en el caso de Martina Vera Rojas. Esta columna dará cuenta de los hechos del caso y de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal interamericano. Asimismo, se explicarán las principales aportaciones del fallo, el cual ha tenido poca difusión pese a su enorme relevancia.

Nos parece razonable el cambio de rumbo decidido por el actual Gobierno, en cuanto a firmar y someter a la aprobación del Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, para, finalmente, ser Estado parte en el tratado. Consideramos, ello sitúa en su debida importancia la temática relativa a la protección del medio ambiente, democratizándola.

Podemos afirmar que el “borrador” de Nueva Constitución es precisamente eso, un borrador independiente de algún ajuste que pueda hacerse en la Comisión de Armonización, y que claramente no es la Constitución que quiere Chile.

El desafío es enorme para todas las empresas, pues la ley ha incorporado los delitos informáticos como delitos por los cuales pueden responder las personas jurídicas, responsabilidad que puede llegar incluso a la disolución de la empresa, en caso de reincidencia.

Si bien el gobierno dejó sin efecto resolución (se cambiaba el nombre de la institución «Primera Dama» por el de “Gabinete Irina Karamanos”) aduciendo un “error administrativo”, este no debe mirarse como un simple error administrativo. Jurídicamente existió una inobservancia a la Constitución y a las leyes que rigen en nuestro Ordenamiento Jurídico, toda vez que afectaba principios fundamentales del Estado de Derecho, como el de competencia, principio de reserva legal y de juridicidad.

Pienso que esta comprensión de la relación entre sana crítica y verdad manifiesta una ingenuidad epistémica. Esa ingenuidad consiste en creer que es posible comparar enunciados lingüísticos con un trozo de realidad desnuda o no interpretada. En términos simples, la ingenuidad consiste en creer que el juez puede salirse del lenguaje.