Hoy en día la jurisprudencia descansa en que ambas instituciones (prescripción y media prescripción) se basan en el transcurso del tiempo, sin perjuicio que en un caso su consecuencia fuere la extinción y en el otro la atenuación, de modo que comparten una misma naturaleza jurídica, no procediendo en casos de crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, sin perjuicio que esta tendencia ya es jurisprudencia consolidada de la Excma. Corte Suprema, conviene de todos modos adecuar la legislación vigente.

El deber del análisis jurídico es determinar los reales contenidos y alcances de la actual Ley N° 19.880 y sus normas relacionadas. ¿Qué se modificó; cómo se hizo; a qué están obligados legalmente los servicios públicos u órganos de la Administración; que se encomendó en concreto reglamentar en forma subordinada y de ejecución; si se asignaron o no facultades normativas derivadas para generar subreglamentos y por esta vía omitir exigencias de rango legal propias del Derecho Público; qué específicas nuevas competencias y funciones públicas generó?; etc. 

Esa vertiginosa mutación y oscuridad epidémica con que se nos presentan las dispersas leyes administrativas, las hace propensas tanto a lecturas ideológicas como a antojadizos acomodos y a no pocas manipulaciones. De modo que, para impedir estas distorsiones y antes de embarcarnos en su análisis, deberíamos partir por no confundir tres operaciones distintas: una cosa es la interpretación o hermenéutica propiamente tal de la ley, otra es la integración de sus vacíos y defectos (llenando lo que en la ley no hay), y otra diferente es la modificación tendente a subsanar errores o a rectificar sus imperfecciones (corrigiendo lo que en la ley sí hay).

Pensar que incluso comunas que son capitales regionales poseen Alcaldes electos con menos de ¼ de los votos de la población, suena a primeras como un escenario poco representativo para los próximos 4 años, siendo que un elección debería dar como ganador al candidato o candidata que posea un proyecto comunal que resuene mejor con la mayor cantidad de ciudadanos, prefiriendo un proyecto que represente mejor a la mayoría que a un grupo determinado.

Si uno de los objetivos ha sido crear una agrupación paralela, diferente a las Naciones Unidas y otros foros, todo indica que se ha enfrentado a similares problemas y polarización, ya que los intereses y posiciones no han variado por ser los mismos actores y todo tiende a repetirse. En consecuencia, más allá de la propaganda, en definitiva muestran debilidad y su proyección será incierta.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como estamentos permanentes y permeables del Derecho Internacional a nuestras instituciones, demarca un aspecto vital del derecho internacional dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno de los Estados. Esta es una característica cada vez más marcada en nuestros días.

En caso de observación de forma a la marca por parte de INAPI, el solicitante no puede efectuar modificaciones sustanciales al signo requerido, ya que esto implicaría alterar el contenido específico el derecho que se está requiriendo (criterio de la imposibilidad de efectuar modificaciones al signo pedido una vez requerido) y su relación con el concepto de prioridad, siendo la fecha de prioridad de cualquier derecho industrial el de la presentación de la respectiva solicitud en el Instituto.

A continuación analizaremos un segundo fenómeno, que dice relación con la obligación que han impuesto ciertos tribunales, para contar con ambulancias y personal médico de planta (no contemplado en la planta de Gendarmería), dentro de establecimientos donde cumplen condena o prisión preventiva grupos que podrían ser calificados como “vulnerables” debido a su condición etaria.

A resultas de un análisis de cuatro sentencias dictadas por la Corte Suprema en los años 2022 y 2024, desglosaremos los puntos que nos permiten encontrar los criterios contraintuitivos que ha utilizado la Corte para resolver controversias jurídicas de este tipo estos últimos años. Nos atañe analizar dos sentencias dictadas por la Corte Suprema en la que establece un criterio, considerado erróneo por esta parte, respecto la acción reivindicatoria ante el escenario de la pérdida material que un propietario sufre de su inmueble inscrito.

Es preciso entender que esta ley no ha creado ningún tipo de figura delictiva. Esto quiere decir que tanto el acoso sexual como el laboral si bien constituyen conductas ilícitas tanto en el sector público como en el privado, no son delitos para la legislación penal, por tanto su acometimiento en cualquiera de las sedes descritas no activa dicha jurisdicción a diferencia de lo que sí ocurre con el delito de acoso sexual en espacios públicos contemplado en el artículo 161-C del Código Penal o los tipos de abuso sexual previstos en los artículos 365 bis y siguientes del mismo código.

Resolver si un sentenciado debe o no cumplir su pena en libertad implica realizar un juicio de mérito sobre la base de antecedentes que conduzcan a presumir que aquel no volverá a delinquir.

Lo novedoso de esta sentencia, causa Rol C-294-2023, no es que el juzgador considere a las labores de cuidados como elemento a considerar para establecer la cuantía de los alimentos, habida consideración que la ley así lo exige, sino que la novedad radica con la forma en que avaluó los cuidados, ya que la ley nada dijo sobre aquel relevante tópico, debiendo el sentenciador subsanar dicha omisión a falta de texto expreso, sin perjuicio que podrá, fundadamente, criticarse si aquella fórmula de cálculo es la óptima o no, aunque aquello deba reservarse para otra ocasión.

Manifestada la voluntad del Órgano de Control y celebrada por nosotros, como  corresponde a quienes propician un derecho administrativo que conjugue los fines de la Administración (en específico, el principio de servicialidad) con controles jurídicos intensos (sea judiciales o administrativos) estimamos que debe avanzarse a nivel interno en la Administración Local, a fin de cautelar el cumplimiento normativo, no solamente por una invocación abstracta al principio de juridicidad o de probidad, o por alegaciones jurídicas meramente “principistas” sin asilarse en “reglas”, sino que además por las últimas modificaciones legales, como la Ley 20.880 sobre probidad y conflictos de intereses, y más detalladamente por la Ley 21.595 sobre delitos económicos, de reciente entrada en vigencia.

La hipótesis para asignar recursos directamente en razón de que, habiéndose realizado un concurso, no se presentaron interesados al mismo -prevista en el número 1 del artículo 23 de la citada ley N° 21.640-, se entiende que incluye no solamente todos los supuestos en que no se recibieron propuestas, sino que también aquellos en que éstas resultaron inadmisibles.