Dudoso nos resulta el que esta materia pueda ser calificada como una de naturaleza litigiosa, dado que tal y como lo precisa el mismo dictamen en análisis, “[…] el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye un fundamento para atribuirle necesariamente tal carácter, comoquiera que, en definitiva, toda cuestión puede ser objeto, eventualmente, de discusión en el ámbito jurisdiccional (aplica dictamen N° E417326, de 2023, de este origen)”.

Resulta contradictorio que el Órgano de Control (cuya interpretación es seguida por la Administración, dado su carácter de vinculante) siga negando la aplicación práctica de una disposición de carácter general y supletoria a procesos administrativos especiales que no expresan una regla contraria o francamente guardan silencio. Contraloría debiese reconsiderar y uniformar su jurisprudencia en aras de la integración y coherencia procesal que tan necesaria se torna ante la diversa existencia de instituciones administrativas de regulación adjetiva.

¿Por qué no extender el derecho al olvido para amparar a los familiares que viven este tipo de situaciones, con el objeto de que ellos también puedan continuar con su vida, sin que un pasado doloroso los afecte ni mucho menos se transforme en tendencia? En Chile, el denominado “Derecho al Olvido” ha sido abordado por las Cortes como un conflicto de derechos, y en este caso no es distinto, pues tenemos la libertad de expresión versus la integridad psíquica y la honra de las familias.

Hoy en día la jurisprudencia descansa en que ambas instituciones (prescripción y media prescripción) se basan en el transcurso del tiempo, sin perjuicio que en un caso su consecuencia fuere la extinción y en el otro la atenuación, de modo que comparten una misma naturaleza jurídica, no procediendo en casos de crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, sin perjuicio que esta tendencia ya es jurisprudencia consolidada de la Excma. Corte Suprema, conviene de todos modos adecuar la legislación vigente.

El deber del análisis jurídico es determinar los reales contenidos y alcances de la actual Ley N° 19.880 y sus normas relacionadas. ¿Qué se modificó; cómo se hizo; a qué están obligados legalmente los servicios públicos u órganos de la Administración; que se encomendó en concreto reglamentar en forma subordinada y de ejecución; si se asignaron o no facultades normativas derivadas para generar subreglamentos y por esta vía omitir exigencias de rango legal propias del Derecho Público; qué específicas nuevas competencias y funciones públicas generó?; etc. 

Esa vertiginosa mutación y oscuridad epidémica con que se nos presentan las dispersas leyes administrativas, las hace propensas tanto a lecturas ideológicas como a antojadizos acomodos y a no pocas manipulaciones. De modo que, para impedir estas distorsiones y antes de embarcarnos en su análisis, deberíamos partir por no confundir tres operaciones distintas: una cosa es la interpretación o hermenéutica propiamente tal de la ley, otra es la integración de sus vacíos y defectos (llenando lo que en la ley no hay), y otra diferente es la modificación tendente a subsanar errores o a rectificar sus imperfecciones (corrigiendo lo que en la ley sí hay).

Pensar que incluso comunas que son capitales regionales poseen Alcaldes electos con menos de ¼ de los votos de la población, suena a primeras como un escenario poco representativo para los próximos 4 años, siendo que un elección debería dar como ganador al candidato o candidata que posea un proyecto comunal que resuene mejor con la mayor cantidad de ciudadanos, prefiriendo un proyecto que represente mejor a la mayoría que a un grupo determinado.

Si uno de los objetivos ha sido crear una agrupación paralela, diferente a las Naciones Unidas y otros foros, todo indica que se ha enfrentado a similares problemas y polarización, ya que los intereses y posiciones no han variado por ser los mismos actores y todo tiende a repetirse. En consecuencia, más allá de la propaganda, en definitiva muestran debilidad y su proyección será incierta.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como estamentos permanentes y permeables del Derecho Internacional a nuestras instituciones, demarca un aspecto vital del derecho internacional dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno de los Estados. Esta es una característica cada vez más marcada en nuestros días.

En caso de observación de forma a la marca por parte de INAPI, el solicitante no puede efectuar modificaciones sustanciales al signo requerido, ya que esto implicaría alterar el contenido específico el derecho que se está requiriendo (criterio de la imposibilidad de efectuar modificaciones al signo pedido una vez requerido) y su relación con el concepto de prioridad, siendo la fecha de prioridad de cualquier derecho industrial el de la presentación de la respectiva solicitud en el Instituto.

A continuación analizaremos un segundo fenómeno, que dice relación con la obligación que han impuesto ciertos tribunales, para contar con ambulancias y personal médico de planta (no contemplado en la planta de Gendarmería), dentro de establecimientos donde cumplen condena o prisión preventiva grupos que podrían ser calificados como “vulnerables” debido a su condición etaria.

A resultas de un análisis de cuatro sentencias dictadas por la Corte Suprema en los años 2022 y 2024, desglosaremos los puntos que nos permiten encontrar los criterios contraintuitivos que ha utilizado la Corte para resolver controversias jurídicas de este tipo estos últimos años. Nos atañe analizar dos sentencias dictadas por la Corte Suprema en la que establece un criterio, considerado erróneo por esta parte, respecto la acción reivindicatoria ante el escenario de la pérdida material que un propietario sufre de su inmueble inscrito.

Es preciso entender que esta ley no ha creado ningún tipo de figura delictiva. Esto quiere decir que tanto el acoso sexual como el laboral si bien constituyen conductas ilícitas tanto en el sector público como en el privado, no son delitos para la legislación penal, por tanto su acometimiento en cualquiera de las sedes descritas no activa dicha jurisdicción a diferencia de lo que sí ocurre con el delito de acoso sexual en espacios públicos contemplado en el artículo 161-C del Código Penal o los tipos de abuso sexual previstos en los artículos 365 bis y siguientes del mismo código.

Resolver si un sentenciado debe o no cumplir su pena en libertad implica realizar un juicio de mérito sobre la base de antecedentes que conduzcan a presumir que aquel no volverá a delinquir.