La Administración debe necesariamente conformarse a los límites que representan la Constitución y las leyes, lo cual se conoce como principio de legalidad/juridicidad. Si lo contraviene, ya sea por acción u omisión, las personas afectadas pueden reclamar ante un tribunal a fin de que éste declare la ilegalidad, la nulidad, el deber de actuación, una situación jurídica, el derecho a ser indemnizado, etcétera. Todo ello es precisamente lo que comprende la Justicia Administrativa.

El giro que ha dado la nueva ley 21.398 -en aras de la profundización de la protección del consumidor- salta a la vista. Ahora bien, la bajada que deberá hacer la doctrina y la jurisprudencia nos podrá ayudar en tal sentido. El principio pro-consumidor, plasmado en la ley -ahora- adquiere mayor vigor, en cuanto a su ámbito de influencia. El destinatario de la norma, no podrá observarlo desde la lejanía, sino que deberá plasmar su espíritu en la materia, o sea, al caso concreto.

No es sino hasta el borrador de la Convención Constitucional presentado hace algunos días donde se pretende realizar una modificación sustancial respecto a la gestión y organización jurídica de los recursos naturales. Con la incorporación de principios ecológicos y ambientales derivados principalmente del desarrollo de discursos provenientes de ecología política, y de la inclusión expresa de elementos consagrados en tratados internacionales.

La cédula no puede renovarse hasta que el Servicio de Migración no resuelva la solicitud de prórroga de visa temporal o de residencia definitiva. Y mientras ese procedimiento administrativo está en marcha, las personas migrantes se encuentran en un verdadero limbo jurídico.

Es un error manifiesto de algunos tribunales cuando rechazan de plano la gestión ‘para iniciar’ trámite de partición diciendo que, previamente, deben estar ‘determinados los derechos’, porque ya lo están. Cosa distinta es que los derechos no se encuentren justipreciados o cuantificados dinerariamente, operatoria que se producirá, precisamente, en sede de partición.

El JNE es el organismo encargado de administrar justicia en materia electoral, además de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales. Además, en materia electoral, el JNE tiene iniciativa en la formación de leyes y presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral.

En el Derecho Administrativo la forma en que se adoptan las decisiones también repercute en el fondo de lo decidido. ¿Es verdaderamente irrelevante la forma que adoptan los actos administrativos? ¿Es meramente “testimonial” que los suscriba una autoridad incompetente? A continuación, se analizará una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia a propósito de la facultad legal de paralizar obras de urbanización, en el marco de subdivisiones rurales al amparo del DL 3.516.

La Contraloría General de la República, a través del dictamen Nº 24.731-2019 reconsideró su jurisprudencia administrativa histórica sobre esta materia, y estableció que ahora cabía aplicar supletoriamente, como Derecho Común, ya no el Código Penal (6 meses), sino que el Código Civil (5 años). Y así alineó su jurisprudencia administrativa con la reciente jurisprudencia judicial de la Corte Suprema.

95 años de historia, más de 1200 mártires y un sinfín de procedimientos policiales que han apoyado a la historia republicana de Chile desaparecen lentamente ante los ojos del país. ¿Era una petición ciudadana eliminar el carácter natural de Carabineros de Chile?

La experiencia comparada en Colombia o Chile nos muestra que sí es posible contar con dispositivos constitucionales que hagan posible la convocatoria pacífica al Poder Constituyente. Afirmar lo contrario equivale a decir que el poder soberano que emana del pueblo, según lo establece el artículo 45 de la Constitución, no reside en la ciudanía sino -y de manera impertérrita- en las 80 personas (apenas 7 mujeres) que como miembros del Congreso Constituyente Democrático redactaron la Constitución de 1993 hace 29 años.

En la regulación analizada se incurre en una impropiedad, por cuanto exceptúa de la titularidad del derecho de propiedad sobre los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, lo cual, en términos estrictamente jurídicos, es una limitación para adquirir el dominio de tales bienes, tal y como aparece actualmente prescrito en el artículo 19 N° 23 de la Carta Fundamental.

A partir de un comentario sobre una reciente jurisprudencia administrativa, la presente columna analiza los mecanismos que facilitarían el entendimiento e interpretación del concepto de remuneraciones contenido en el Código del Trabajo, en sentido colaborativo con las instituciones de la materia y en armonía con los principios esenciales que informan dicha disciplina, con el objeto final de determinar si las remuneraciones deben entenderse de manera general o restrictiva.

Más allá de las diferencias originadas por los contextos y los flujos migratorios, las fronteras y las alegaciones respecto a su normativa, pueden tener más similitudes que diferencias y la ´devolución en caliente´ es una clara muestra de ello. En esta columna analizamos casos de Chile y España a la luz de la importancia de cumplir estándares nacionales e internacionales.

La vigilancia puede poner al descubierto la información recopilada por los periodistas, incluida la de los denunciantes, y viola el principio de protección de las fuentes, que se considera universalmente un requisito previo para la libertad de los medios de comunicación y está consagrado en las resoluciones de la ONU. También puede perjudicar la seguridad de los periodistas al revelar información privada sensible que podría ser utilizada para acosarlos judicialmente y/o atacarlos arbitrariamente

Occidente ha puesto en marcha diversas acciones, desde las sanciones económicas, comerciales, financieras, bancarias, y tantas otras menos llamativas, pero que en conjunto, han creado una barrera que, poco a poco, comienza a poner fin a la globalización de la que Rusia a usufructuado por más de veinte años. No son medidas de fácil implementación, ni producen efectos inmediatos, si bien, finalmente sus resultados le serán contrarios y sumamente perjudiciales, por largo tiempo.