Por tratarse de un caso (Barbosa de Souza y otros vs. Brasil) relativo a la muerte violenta de una mujer, lo cual evidentemente no está relacionado con el ejercicio de las funciones de un diputado, la posibilidad del uso político de la acción penal debió haber sido analizada con aún más detenimiento y cautela.
En este contexto y estando en juego el Derecho del artículo 19 N°4 de la Constitución, la opción que los acreedores de cualquier naturaleza deban eliminar acreencias de sus propias bases de datos se percibe desproporcionada, injustificada y por cierto inconstitucional.
Podríamos llegar a sostener que dentro de la idea de “bien común», se encuentran subsumidos los conceptos de inclusión, diversidad y tolerancia, los que se hallan íntimamente imbricados. En nuestro actual contexto institucional, es posible advertir que el trabajo desarrollado por la Convención Constituyente ha avanzado decididamente sobre estos aspectos.
Este día que conmemora mundialmente a la Propiedad Intelectual resulta ser una oportunidad grandiosa para concientizar sobre su importancia para todos, en cuanto a nuestra capacidad de crear y en cuanto a los adelantos del saber que propician el crecimiento de nuestra sociedad.
La consagración explícita del acceso a los beneficios y a los progresos de la ciencia en la Constitución se justifica, por la importancia de la ciencia en el desarrollo del país y, por el papel que cumple este derecho en la realización de otros derechos fundamentales, como el derecho a la protección de la salud, el derecho al agua y el derecho a la educación, entre otros, dada la interdependencia entre ellos.
El programa enfatiza que el territorio de Chile se encuentra habitado por “diversas naciones y pueblos” por lo que el país “debe reconocer su plurinacionalidad, avanzando hacia el horizonte de la interculturalidad, asegurando el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, a la integridad cultural y lingüística, sin sometimiento ni asimilación forzada”.
Muchas son las dudas que trae el concepto de Estado ecológico, por ello, tal vez, esta reflexión sea atingente a este momento constituyente para dar una salida en la siguiente votación del informe de reemplazo de este último informe de la comisión número 5 rechazado en general. Por lo que se hace necesario reflexionar sobre la persona y la naturaleza, la base ontológica que fundamenta la existencia del Estado Ecológico; que no es otro que el carácter de común de los bienes abióticos y bióticos, como también, el contenido esencial del Derecho Humano a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y armónico, con los correlativos deberes del Estado que tiene por adjetivo el carácter de ecológico.
Muchos autores sostienen que pueblos que aún no han logrado ningún grado de determinación, independientemente de si se encuentran o no bajo dominación colonial, tienen derecho, siempre que se preserve la integridad territorial del Estado, a obtener ventajas y beneficios efectivos de la determinación, básicamente, autonomía en gobierno, libertad cultural y económica y respeto a los derechos humanos.
La reciente jurisprudencia de homicidios sin cuerpo del delito, tanto en Chile como en el extranjero, ha revitalizado la discusión sobre el estándar de la duda razonable y demuestra la importancia capital que dicho baremo probatorio tiene dentro del sistema procesal penal para la resolución de casos concretos. Por ello, este artículo propone que, si bien es posible condenar a una persona por homicidio en ausencia del cuerpo de la víctima del delito, aquello nunca puede ser a costa de transgredir el parámetro de la duda razonable, el cual es una garantía para todos los ciudadanos y que, por razones de evidente justicia, prefiere a un culpable absuelto que, a un inocente condenado, y no al revés como ejemplifica el caso de Narumi Kurosaki.
La Corte señala que la decisión del TC no analizó la compatibilidad del indulto “por razones humanitarias” concedido a favor de Alberto Fujimori con base en los estándares establecidos en la Resolución de la propia Corte de 30 de mayo de 2018. Asimismo, la Corte recuerda que Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y que los mismos fueron calificados como “crímenes contra la humanidad”, según el Derecho Internacional Penal.
Si no es la Comisión Armonización ni tampoco la Mesa de la Convención, las que tienen las facultades de presentar al Pleno un texto coherente ¿Quién lo hará? Es imprescindible que se modifique el reglamento y se amplíe el mandato de la Comisión de Armonización, para convertirla en una verdadera comisión redactora de un nuevo texto constitucional para Chile.
No creo que la justicia constitucional sea imparcial, al final del día es política. La esencia de la justicia constitucional es sujetar la política al derecho. La labor de una Corte Constitucional es controlar que diversos actos normativos sean respetuosos de la Constitución Política. Habrá casos donde esa decisión no tenga tantos tintes políticos, es cierto, pero ello no quita que los casos paradigmáticos que definieron y definirán a futuro la justicia constitucional, son y seguirán siendo aquellos de carácter político, unos más unos menos.
El pleno de la Convención aprobó incluir en el borrador de la nueva Constitución, una disposición relativa al Derecho de propiedad que tendrán las personas naturales y jurídicas, sobre toda clase de bienes, salvo los que la naturaleza haya hecho comunes a todos los seres humanos y los que la Constitución o la ley declaren como inapropiables, encomendando al legislador sus especificaciones, en razón de una función social y ecológica.
En un contexto como el actual, donde el desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por sonidos e imágenes es rápido, vertiginoso y cada vez más simple si se usan dispositivos móviles, se necesita un blindaje jurídico idóneo a los «tratamientos» que afectan a dichos datos.
No es conveniente ni aceptable que se genere a través de medidas coercitivas o políticas impositivas, las cuales llevan a extremos absurdos o que violentan la libertad de elegir y tomar decisiones, sobre lo suyo propio, a ciudadanos y entidades del sector privado. Tampoco es conveniente que se imponga a los Poderes del Estado.
