Lo novedoso de esta sentencia, causa Rol C-294-2023, no es que el juzgador considere a las labores de cuidados como elemento a considerar para establecer la cuantía de los alimentos, habida consideración que la ley así lo exige, sino que la novedad radica con la forma en que avaluó los cuidados, ya que la ley nada dijo sobre aquel relevante tópico, debiendo el sentenciador subsanar dicha omisión a falta de texto expreso, sin perjuicio que podrá, fundadamente, criticarse si aquella fórmula de cálculo es la óptima o no, aunque aquello deba reservarse para otra ocasión.

Manifestada la voluntad del Órgano de Control y celebrada por nosotros, como  corresponde a quienes propician un derecho administrativo que conjugue los fines de la Administración (en específico, el principio de servicialidad) con controles jurídicos intensos (sea judiciales o administrativos) estimamos que debe avanzarse a nivel interno en la Administración Local, a fin de cautelar el cumplimiento normativo, no solamente por una invocación abstracta al principio de juridicidad o de probidad, o por alegaciones jurídicas meramente “principistas” sin asilarse en “reglas”, sino que además por las últimas modificaciones legales, como la Ley 20.880 sobre probidad y conflictos de intereses, y más detalladamente por la Ley 21.595 sobre delitos económicos, de reciente entrada en vigencia.

La hipótesis para asignar recursos directamente en razón de que, habiéndose realizado un concurso, no se presentaron interesados al mismo -prevista en el número 1 del artículo 23 de la citada ley N° 21.640-, se entiende que incluye no solamente todos los supuestos en que no se recibieron propuestas, sino que también aquellos en que éstas resultaron inadmisibles.

El celo por la debida observancia, criterio y aplicación de las normas el Derecho de Familia e Infancia, así como las categorías de procesales comunes y mínimas que hace posible la integridad del Estado de Derecho y, con ello, la efectiva protección de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, no es sólo un delirio devengado de la herencia del positivismo que yace en nuestra formación jurídica, sino, por el contrario, es guardar fidelidad y convicción de que el diseño institucional de las materias del Derecho de Familia tienen un sentido y uso propio que no puede ser vulgarizado a cualquier costo.

Es urgente una legislación en el sentido, de no solo ver el asunto como maltrato animal, sino tipificar la zoofilia. Estas conductas, son especialmente relevantes ya que generan un daño emocional y físico permanente en el animal no humano, puesto que al accedidos carnalmente o a través de objetos sufren rotura de órganos internos, fractura de piernas y caderas, entre otras lesiones.

Es necesario que se tome una decisión institucional clara sobre el rol de la víctima en el proceso penal. Se debe definir si su papel debe limitarse a ser un participante secundario en un proceso que enfrenta a la sociedad, representada por el fiscal, contra el imputado, o si, por el contrario, se debe reconocer a la víctima un rol más activo y significativo. Esto podría derivar en la implementación de mecanismos de justicia restaurativa o el fortalecimiento del papel de la víctima, de manera que su participación tenga un impacto real en el proceso de enjuiciamiento.

La inclusión de las expectativas razonables como limitante al contenido vinculante del apartado oscuro de los contratos, a través del artículo 16 letra g), es una solución más amigable y coherente con nuestro Derecho de contratos. Como dije con anterioridad, la ignorancia de los términos es un argumento insuficiente para declarar su ineficacia, en tanto, en materia de Derecho común –donde la voluntad aparece como soberana– se reconocen los elementos de la naturaleza (ex art. 1444 CC).

Este fallo constituye un precedente en materia de pluriparentalidad en nuestro país y resulta innovador desde un punto de vista jurídico, a lo menos, por dos motivos: en primer lugar, porque evidencia que la filiación social y la biológica no son necesariamente excluyentes, sino que pueden ser complementarias. En este caso, en vez de que uno de los vínculos desplazara al otro, se sumó uno nuevo, de modo que ahora M tiene determinada su filiación respecto de su madre biológica, su padre social y su padre biológico.

Lo esencial es el tratamiento de datos personales. La Identidad Digital no es lo mismo que la imagen de una persona proyectada en redes sociales o en internet; y el llamado delito de “robo de identidad” no es solo una suplantación de alguien usando un perfil falso en RRSS. La Identidad Digital debe ser un idóneo o varios medios idóneos de autenticación para acceder a un sistema informático y/o telemático, y el robo de identidad es el acceso no autorizado a esas credenciales y mecanismos de autenticación para suplantar al titular.

Cabe ahora avanzar y cuestionar los fundamentos de la tesis que asume que la potestad sancionadora de la Administración es, junto con la penal judicial, una manifestación del ius puniendi único del Estado, poniendo de relieve la precariedad de su sustento normativo y las deficiencias de la misma (singularmente, en razón de la inadecuada concepción unitaria respecto de dos potestades que son funcional y cualitativamente diversas).

Aquel día el Cabildo sesionó para “consultar y decidir los medios más oportunos para la defensa del Reino y pública tranquilidad”. Ni los más entusiastas “criollos” ni lo más recalcitrantes “realistas” esperaban que la sesión derivara, en su resultado, en una declaración independentista, como desde luego no ocurrió. Lo que sí, y obviamente, los sectores más radicalizados esperaban aprovechar la oportunidad para exigir y lograr la instalación de una Junta de Gobierno.

Criticamos los comportamiento deshonestos y los criminalizamos, pero no gestionamos los riesgos antiéticos.  Nos referimos al conjunto las políticas públicas en la esfera de la educación secundaria y terciaria, esto es, el aprendizaje en un etapa ex ante de la formación profesional de los ciudadanos profanos. Es en estas etapas tempranas donde debiesen reestablecerse asignaturas como la filosofía, educación cívica, ciencias sociales, educación financiera, cumplimiento tributario, ecología.

En la columna se abordan algunos problemas que presenta la actual normativa nacional en materia de reconocimiento en Chile de los matrimonios celebrados en el extranjero, constatando como la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha logrado resolver varias de las falencias que originalmente presentaba la LMC, más allá de las reformas legales que pudiera necesitarse.

La Ley Integral de Personas Mayores propone un enfoque multidimensional que aborda desde la atención sanitaria hasta acceso a la justicia y una amplia gama de derechos. Se reconoce la diversidad de necesidades dentro de este grupo, pero también su calidad de pilar fundamental de nuestra sociedad, como un grupo con expectativas de seguir participando activamente de la comunidad y siendo un aporte para el país.