El celo por la debida observancia, criterio y aplicación de las normas el Derecho de Familia e Infancia, así como las categorías de procesales comunes y mínimas que hace posible la integridad del Estado de Derecho y, con ello, la efectiva protección de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, no es sólo un delirio devengado de la herencia del positivismo que yace en nuestra formación jurídica, sino, por el contrario, es guardar fidelidad y convicción de que el diseño institucional de las materias del Derecho de Familia tienen un sentido y uso propio que no puede ser vulgarizado a cualquier costo.

Es urgente una legislación en el sentido, de no solo ver el asunto como maltrato animal, sino tipificar la zoofilia. Estas conductas, son especialmente relevantes ya que generan un daño emocional y físico permanente en el animal no humano, puesto que al accedidos carnalmente o a través de objetos sufren rotura de órganos internos, fractura de piernas y caderas, entre otras lesiones.

Es necesario que se tome una decisión institucional clara sobre el rol de la víctima en el proceso penal. Se debe definir si su papel debe limitarse a ser un participante secundario en un proceso que enfrenta a la sociedad, representada por el fiscal, contra el imputado, o si, por el contrario, se debe reconocer a la víctima un rol más activo y significativo. Esto podría derivar en la implementación de mecanismos de justicia restaurativa o el fortalecimiento del papel de la víctima, de manera que su participación tenga un impacto real en el proceso de enjuiciamiento.

La inclusión de las expectativas razonables como limitante al contenido vinculante del apartado oscuro de los contratos, a través del artículo 16 letra g), es una solución más amigable y coherente con nuestro Derecho de contratos. Como dije con anterioridad, la ignorancia de los términos es un argumento insuficiente para declarar su ineficacia, en tanto, en materia de Derecho común –donde la voluntad aparece como soberana– se reconocen los elementos de la naturaleza (ex art. 1444 CC).

Este fallo constituye un precedente en materia de pluriparentalidad en nuestro país y resulta innovador desde un punto de vista jurídico, a lo menos, por dos motivos: en primer lugar, porque evidencia que la filiación social y la biológica no son necesariamente excluyentes, sino que pueden ser complementarias. En este caso, en vez de que uno de los vínculos desplazara al otro, se sumó uno nuevo, de modo que ahora M tiene determinada su filiación respecto de su madre biológica, su padre social y su padre biológico.

Lo esencial es el tratamiento de datos personales. La Identidad Digital no es lo mismo que la imagen de una persona proyectada en redes sociales o en internet; y el llamado delito de “robo de identidad” no es solo una suplantación de alguien usando un perfil falso en RRSS. La Identidad Digital debe ser un idóneo o varios medios idóneos de autenticación para acceder a un sistema informático y/o telemático, y el robo de identidad es el acceso no autorizado a esas credenciales y mecanismos de autenticación para suplantar al titular.

Cabe ahora avanzar y cuestionar los fundamentos de la tesis que asume que la potestad sancionadora de la Administración es, junto con la penal judicial, una manifestación del ius puniendi único del Estado, poniendo de relieve la precariedad de su sustento normativo y las deficiencias de la misma (singularmente, en razón de la inadecuada concepción unitaria respecto de dos potestades que son funcional y cualitativamente diversas).

Aquel día el Cabildo sesionó para “consultar y decidir los medios más oportunos para la defensa del Reino y pública tranquilidad”. Ni los más entusiastas “criollos” ni lo más recalcitrantes “realistas” esperaban que la sesión derivara, en su resultado, en una declaración independentista, como desde luego no ocurrió. Lo que sí, y obviamente, los sectores más radicalizados esperaban aprovechar la oportunidad para exigir y lograr la instalación de una Junta de Gobierno.

Criticamos los comportamiento deshonestos y los criminalizamos, pero no gestionamos los riesgos antiéticos.  Nos referimos al conjunto las políticas públicas en la esfera de la educación secundaria y terciaria, esto es, el aprendizaje en un etapa ex ante de la formación profesional de los ciudadanos profanos. Es en estas etapas tempranas donde debiesen reestablecerse asignaturas como la filosofía, educación cívica, ciencias sociales, educación financiera, cumplimiento tributario, ecología.

En la columna se abordan algunos problemas que presenta la actual normativa nacional en materia de reconocimiento en Chile de los matrimonios celebrados en el extranjero, constatando como la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha logrado resolver varias de las falencias que originalmente presentaba la LMC, más allá de las reformas legales que pudiera necesitarse.

La Ley Integral de Personas Mayores propone un enfoque multidimensional que aborda desde la atención sanitaria hasta acceso a la justicia y una amplia gama de derechos. Se reconoce la diversidad de necesidades dentro de este grupo, pero también su calidad de pilar fundamental de nuestra sociedad, como un grupo con expectativas de seguir participando activamente de la comunidad y siendo un aporte para el país.

Las modificaciones al régimen de las Compras Públicas, que fueron aprobadas por la ley 21.634, introdujeron cambios significativos en el mecanismo de Compra Ágil. Sin embargo, su nueva configuración normativa plantea dos cuestiones problemáticas: a) la posibilidad de seleccionar al proveedor que no haya ofertado el menor precio y, b) Un contradictorio aumento de la discrecionalidad a las municipalidades.

Si lo que se pretende como sociedad es reformar el SEIA a efectos de optimizarlo, resulta importante salvaguardar su función conteniendo el riesgo ambiental El acortar plazos o de frentón excluir actividades de la evaluación, impide que se puedan calificar los efectos ambientales de la actividad, poniendo en riesgo la seguridad ambiental de quienes reciban los efectos negativos del proyecto.

A la Comisión Mixta se le olvidó que lo regulado es muy diverso a lo establecido en la Ley N° 21.680 sobre consolidación de deudas, porque en ella cabe consultar lo consolidado, lo positivo (el patrimonio y los créditos en curso) con lo negativo (la mora y los protestos o la insolvencia), sólo si el deudor consiente expresamente, deudor a deudor y para un acreedor determinado, no como en este caso en que la solvencia y los créditos en curso se tratarán/comunicarán sin su consentimiento y, por ende, sin su autodeterminación.