Este carácter “motivado” del presente veto ha llevado a algunos a cuestionar la naturaleza facultativa del veto y a plantearse la interrogante sobre si existen vetos que sean obligatorios para los jefes del poder ejecutivo, al avizorar una norma que es considerada como “poco conveniente” o derechamente errada.

Etapa por etapa se apropiaron de todos los poderes del Estado. Si se controla el poder ejecutivo, el parlamento, el judicial, el electoral, los medios de comunicación, la producción, la más alta jerarquía militar y policial, son privilegiados y pagados generosamente, y además el sistema se apoya en una represión omnipresente, el diseño funciona. Su base está en el miedo, en el cansancio de la población e impotencia de los oponentes.

Este proyecto ha suscitado numerosos comentarios; el presente pretende ser uno más, con el objetivo de señalar los efectos negativos en un adecuado sistema de comunicaciones procesales del sistema judicial local, y, por ende, comprometer el debido proceso, esencial para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación práctica de la ley.

Es una completa anomalía el que se aplique la legitima defensa en casos de actuar policial o militar, considerando que tal causal de justificación opera como una delegación de las facultades de policía en el particular (sin ser una autotutela pues no reemplaza el juicio, debiendo ser homologado por el tribunal) en aquellos casos en los que, siendo víctima de una agresión ilegítima, no está la policía para resguardarlo, de modo que si, por ejemplo, ocurre una agresión ilegítima contra un civil y hay un policía presente, se excluye la legítima defensa.

Reflexiones a dos años de la declaración de inadmisibilidad por parte de la Corte Suprema de la acción de amparo presentada a favor de Sandai, orangután confinado en Buin Zoo, que solicitaba su liberación y traslado a un Santuario de Grandes Primates, para ser reconocido como una persona no humana sujeto de derechos, con un interés no a meramente existir, sino a vivir y florecer como un orangután.

El proyecto de ley sobre convivencia escolar intenta abordar la violencia en los colegios, pero presenta un diagnóstico limitado y soluciones burocráticas. Además, carece de recursos y herramientas necesarias para enfrentar el problema de manera efectiva. Si queremos colegios sin violencia, es urgente reevaluar la normativa que se propone.

Según lo ha resuelto la Corte Suprema, el debido proceso es una garantía vigente en el procedimiento penitenciario sancionador. Acogiendo acciones constitucionales no solo adoptado medidas como la realización de una nueva audiencia para que el o la juez(a) de garantía se haga cargo del control de la sanción, sino que, derechamente, ha dejado sin efecto la sanción reclamada, ordenando la eliminación del registro penitenciario.

Jurídicamente todos los dominios de seguridad de la información deben, para ser completos en su implementación, considerar relevar la normativa legal general y especial, reglamentaria, administrativa, contractual y jurisprudencial que sea aplicable. La implementación que se haga de ellos debe ser ajustada a derecho o desarrollada en conformidad al ordenamiento jurídico chileno, porque en caso contrario, sería inadecuada e ilegal.

El ilícito en comento sólo sanciona –sin perjuicio de los demás elementos típicos del delito– aquellos acuerdos que no beneficien a la sociedad o no obedezcan a una necesidad racional de esta. O sea, no sanciona la adopción de acuerdos que, aun perjudicando a los socios minoritarios, beneficien u obedezcan a una necesidad racional de la sociedad.

Como lo habíamos expuesto algunas personas que venimos observando el proceso político/electoral en Venezuela resultaba un poco ingenuo pensar que el dictador y los malhechores que lo rodean abandonarían el poder porque así lo dispusieron unos cuanto millones de votos. En todo caso, algunos apostamos a que siendo la diferencia tan grande (entre 25 y 35 puntos a favor del candidato opositor, reiteramos) la dictadura tendría algunos reparos en proclamar a Nicolás Maduro como ganador cuando el veredicto del pueblo en las urnas era claramente otro. Nos equivocamos, la dictadura nos acaba de mostrar su lado más oscuro y criminal.

La mediación se vuelve, el primer “filtro jurídico” de las pretensiones de los solicitantes, cuya lógica funcional debe partir desde los mínimos legales previstos en los cuerpos de especialidad que son de su competencia, sin perjuicio de las respectivas modificaciones que se permitan en la medida que se remitan a las capacidades económicas de las partes para llegar a acuerdos en aquellos asuntos de carácter obligacional patrimonial.

Las repercusiones no se hicieron esperar. La reacción de Trump ensangrentado y desafiante, puño en alto gritando “fight”, confirmó que sin importar los peligros, hasta de su propia vida, es capaz de mantener el control de la situación. Las acusaciones, juicios, falsedades y defectos tantas veces argumentados en su contra, han quedado atrás al menos por ahora. Más algo adicional que puede llegar a ser importante en política: tiene suerte.

Cabe pensar que para el SII el alzamiento del secreto bancario no es una herramienta indispensable, o bien, por lo general los contribuyentes autorizan el alzamiento del secreto bancario cuando son requeridos por el SII (sería un buen insumo para el debate que el SII publicara la cantidad de veces que los contribuyentes han autorizado el alzamiento). Entonces, si en la práctica el SII no ha utilizado la facultad para solicitar el alzamiento del secreto bancario ¿cuáles sería las razones de hecho y jurídicas que justificarían cambiarlo? ¿Cuáles serían los argumentos que muestran que el actual procedimiento no sirve?

Usar el principio de legalidad como sustento para argumentar que el servicio actuó así en la realidad porque la ley se lo mandataba, haciendo sinónimos el fenómeno fáctico con la descripción legal, es un argumento mañoso para negar el derecho a la acción judicial. No es razonable argüir que lo mandatado por la ley es equivalente a lo que ocurrió en la realidad. Los extremos fácticos de un caso deben acreditarse, y eso es precisamente que lo que exige el derecho del trabajo para calificar como contrato laboral situaciones que están cubiertas con formas jurídicas diversas.