En materia civil no ha existido una modificación legal que establezca que la acción por daño moral es transmisible a los causahabientes, solo pueden demandar el daño propio, en calidad de víctimas de responsabilidad extracontractual por repercusión o rebote, pero no demandar por el dolor de quien sufrió directamente al daño.
La práctica instalada de hecho en Chile debe ser auditada, porque, por su mal diseño, en sede de protección de datos personales no cumple el principio de finalidad única, es desproporcionada, no ofrece alternativas de autenticación y el consentimiento del titular y consumidor es desinformado, …salvo que se crea que “lo acordado y consentido” con una tercera empresa, mandataria o encargada de tratamiento (no sólo con el responsable que quiere autenticar la identidad del que pone la huella sobre el lector), porque existe un texto en el lector que captura la huella es válido, a pesar de extenderse en forma independiente y separada.
El autor analiza si la alegación muy habitual de los infractores en orden a que no deben ser sancionados, ya que “pero si todos lo hacen”, es atendible o no. Concluye que no, pues no cabe la igualdad en la ilegalidad o, lo que es lo mismo, no cabe invocar la igualdad para fundar la impunidad.
A través de esta columna quisiéramos explorar las causas de un fenómeno que hemos detectado en parte de la jurisprudencia de tutela laboral de derechos constitucionales, en acciones iniciadas por funcionarios públicos en el contexto de sumarios administrativos. Se trata de fallos que las rechazan, argumentando que las decisiones de la potestad disciplinaria estatal son actos administrativos que gozan de presunción de validez, lo que impediría a los Tribunales del Trabajo revisar su constitucionalidad mediante la tutela laboral, para cuyos efectos serían suficientes los medios de impugnación administrativos, o incluso sería incompetente la Justicia laboral al tenor del inciso II del art. 1 CT.
Las mujeres afectadas por la falla en los anticonceptivos entregados gratuitamente por el Estado enfrentan un profundo impacto en sus vidas personales, laborales y académicas. Tanto para las mujeres jóvenes que aún están en la escuela o en la universidad, como para las que están en el mercado laboral, un embarazo no planeado o no deseado puede poner en pausa o interrumpir sus objetivos.
Conforme al procedimiento penal militar, los fiscales y los jueces tienen un grado militar superior a los inculpados, lo que de suyo es coercitivo para los inculpados; la declaración indagatoria del inculpado es sin la asistencia de abogado defensor y sin que se le indiquen los derechos que le asisten; el sumario es secreto; no existe la presunción de inocencia; la prisión preventiva se realiza en cárceles especiales o en los casinos de oficiales, dependiendo del prejuicio; los afectados por el delito, porque las víctimas no existen, no tienen derecho a querellarse; y la acción civil se reduce a la restitución de la especie, restricciones que contribuyen a asegurar que el hilo se corte por lo más delgado.
Este texto presenta un análisis de la Agencia Nacional de Ciberseguridad en base a la institucionalidad presente, las experiencias pasadas, y una visión organizacional bottom-up. El objetivo es intentar predecir la operatividad de esta Agencia, con miras a anticipar las adaptaciones que deban realizarse en cada sector afectado por sus normas jurídico-técnicas».
Los DD. HH. su respeto y garantías, las libertades y la democracia, están cambiando progresivamente en disonancia con lo que han sido y son. Es evidente que, están mutando, en detrimento de los pueblos y a favor de ideologías autoritarias opresoras de estos.
El autor analiza, en relación al Derecho Administrativo, la práctica del Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Contraloría General de la República, en orden a citar, en sus sentencias o dictámenes, según el caso, jurisprudencia ajena. Plantea que ésta tiene al menos dos inconvenientes: en primer lugar, de una u otra manera, petrifica la jurisprudencia ajena citada, y en segundo lugar, de una u otra manera, ata al tribunal/Contraloría que citó la jurisprudencia ajena, a los cambios que ésta experimente. Concluye que es deseable evitar, en lo posible, la cita cruzada de jurisprudencia, o al menos, al hacerlo, que los tribunales/Contraloría consideren y ponderen los inconvenientes que esta práctica puede ocasionar.
Hay un caso reciente que ha alcanzado notoriedad: el de “Maikel Pérez Jackson”. Este caso involucra a Cristian Henríquez y su parodia del fallecido «Rey del Pop», Michael Jackson. Henríquez, un comediante chileno conocido por su participación en el programa «Morandé con Compañía», creó el personaje de «Maikel Pérez Jackson» en 2018, cuya popularidad llevó a Henríquez a intentar registrar el nombre en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”) en 2020.
La interpretación administrativa, toma una norma transitoria, de aplicación gradual, que contiene una rebaja inicial de 1 hora semanal, para analizar cómo debiera aplicarse esta al quinto año de implementada, y luego retroceder a cómo se ejecutaría al primer año conforme a ella, bajo la premisa de atender a la finalidad general de la ley. Además, de confusa, nos parece que esta interpretación, que emplea un argumento inédito en todos sus anteriores pronunciamientos sobre la materia, desconoce las reglas de interpretación de la ley contenidas en nuestro Código Civil, que fija un sistema de interpretación reglado.
Los déspotas comienzan peligrosamente a proliferar. Los tenemos en todas las regiones del mundo, y ciertamente, entre dos de las más grandes potencias, y eso sí que resulta preocupante, al unirse propósitos gubernamentales con aquellos personalizados. Deciden todo, y muy en particular, las acciones de fuerza, encadenando su destino con ellas, y sin posibilidad de que cambie, al menos por ahora. Todo intento de solución, pasa por ellos mismos, y los esfuerzos pueden encausarse sólo si están de acuerdo en ello, si es definitivo, o forman parte de una estrategia para ganar tiempo y mejor posición. Cualquier atisbo de paz duradera, resulta extremadamente frágil en estas condiciones.
Que el presidente del JNE sea elegido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República no lo convierte en una especie de representante sujeto al mandato imperativo de dicha corporación. Si eso fuese así entonces el JNE terminaría siendo un apéndice o brazo ejecutor, si se quiere, de la Corte Suprema de Justicia de la República. Algo que no solo resulta inconstitucional sino también contrario al diseño institucional de administración electoral consagrado en la Constitución.
Comprendiendo el sentimiento de las personas viudas y divorciadas que se han sentido discriminadas y que han enfrentado prejuicios, y que incluso podría afectar a otros estados civiles, por ejemplo, un soltero mayor que ha logrado contraer matrimonio o acuerdo de unión civil, que podríamos decir de él. Creo que debemos reconsiderar este proyecto, en particular, porque en ocasiones el divorcio y resultado de faltas muy graves, atentados, Comisión de delitos, si bien estas causas no figuran en el Registro.
la norma acepta que los tiempos de espera no son imputables a la jornada laboral; y, por la otra, que la división para el cálculo de los tiempos de espera debe hacerse con el máximo de la jornada ordinaria (180) y no con el máximo de tiempos de espera (88). Indudablemente, esta discrepancia plantea una incoherencia en la manera de regular los tiempos de espera, proponiendo un texto que no se apega a las reglas de la lógica, especialmente, al principio de no contradicción.
