A experiencia de quien suscribe, adicionalmente a las interrogantes jurídicas planteadas, hubiese sido deseable proponer y solucionar algunas situaciones que en este tipo de delitos eran recurrentes y, a contar de la vigencia del articulado en comento, ley N° 21.633, se harán aún más frecuentes, en un contexto de que la medida permite entrar con fuerza pública, sin aviso previo y desalojar, y, sin olvidar que los imputados ocupan y residen en algún inmueble usurpado, por tanto, tienen, en dicho lugar, probablemente, sus pertenencias, enceres, entre otras cosas.

El autor hace referencia a Farid Kahhat, autor del libro titulado “Contra la Amenaza Fantasma”, quien afirma que en un mundo convulso e incierto como el nuestro, la derecha radical en América Latina ha construido un enemigo existencial que hace su entorno político inteligible y previsible. Pero en ese proceso, incurre en una sobreestimación de la cohesión de rivales variopintos pues termina generalizando e identificando con la misma etiqueta a actores que presentan diferencias políticas e ideológicas mayúsculas entre sí.

En el mismo procedimiento administrativo invalidatorio, específicamente en la etapa de audiencia previa, el interesado, en virtud del principio de contradictoriedad -artículo 10 Ley N° 19.880-, podrá intentar demostrar que a su respecto efectivamente resultaba procedente el otorgamiento de la pensión de gracia, que el fundamento de hecho existe y fue calificado jurídicamente de manera correcta, lo cual descarta su indefensión, permitiendo una revisión de los fundamentos que sustentaron la decisión presidencial.

La implementación de la nueva ley de delitos económicos no es tarea fácil. Las empresas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios, pero lo suficientemente rigurosas para implementar un sistema de prevención que cumpla con su propósito. Este desafío, además, presenta una oportunidad invaluable para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y, con ello, la reputación y la confianza de los stakeholders.

Desde la óptica de los derechos humanos, es posible sostener que el ejercicio jurisdiccional que ejerce la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la Superintendencia de Salud, en base a la facultad legal que le permite fallar conforme a su prudencia y equidad, configura una suerte de garantía constitucional destinada a promover y proteger, de manera expedita y especializada, el ejercicio del derecho a la protección de la salud y otros derechos fundamentales.

Una forma de potenciar cierto orden de respeto a los derechos humanos y del denominado “Derecho al cuidado”, parte por fortalecer las cualidades de los individuos que integran la sociedad, fundamentalmente con educación, salud y empleos permanentes y dignos, y de esa manera los índices de delincuencia y pobreza serían mejor manejables para los gobernantes de los Estados. Como ejemplo vale resaltar que sociedades europeas como Suecia, Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca, Inglaterra entre otros, en América Canadá, Uruguay y Chile, fueron capaces de atender con efectividad y oportunidad los grandes problemas como la salud, la justicia y el derecho al cuidado.

Nuestro país ha enfrentado diversas emergencia y catástrofes. Estos sucesos han afectado o imposibilitado el desarrollo de las actividades humanas en todas sus manifestaciones, incluyendo la ejecutada por la Administración del Estado.

En este contexto surgen la siguiente interrogante: ¿Cómo enfrentar el impacto de la catástrofe por incendios forestales en distintos aspectos de la contratación pública de bienes y servicios? ¿es idónea la actual regulación en un país que enfrenta catástrofes naturales con cierta habitualidad? El presente texto analiza sucintamente las herramientas o mecanismos disponibles en el régimen normativo de la Ley N° 19.886, respecto de los procedimientos en desarrollo, y esboza una somera conclusión.

Es incuestionable que la ley de marras fue promulgada y publicada sin comprender al sector público, a pesar de las patentes y propaladas indicaciones efectuadas por los parlamentarios descritos. La justificación de esta omisión fue un aspecto eminentemente técnico-jurídico, en razón de que las indicaciones que pretendían incorporar a los funcionarios públicos a las normas contenidas en ese proyecto de ley resultaban inadmisibles por exceder la idea matriz o fundamental del mismo, según lo preceptuado por el inciso primero del artículo 69 de la Constitución Política de la República.

Resultaría inconcebible que se llegase a acusar a un imputado de un delito de Administración Desleal sin tomar en consideración la información financiera, por cuanto ella es un mudo testigo de cómo ese gerente ha gestionado los recursos que le han sido confiados, y cómo ha agregado o desagregado valor mediante el rendimiento del patrimonio en un año comercial (verificable en un Estado de Pérdidas y Ganancias).

El autor comenta los problemas que surgirán si se despoja a los jueces tributarios y aduaneros de la facultad de declarar la elusión, considerando que en nuestro país no se dan los elementos que permiten que los conceptos jurídicos indeterminados produzcan jurisprudencia consistente que proporcione seguridad jurídica.

Fue un fallo trascendente que se debe tener presente. En términos deportivos, se decía que Chile ganó 8 a 0, y el Presidente Piñera, debió encarar vaticinios agoreros, y críticas por no asistir a la sentencia, o ir acompañado por Ex Presidentes que tuvieron previas y destacadas decisiones en sus mandatos. Hubo prudencia sin estridencias, pues la asistencia de autoridades de las partes, en nada incide en la Corte. En su caso, Evo Morales lo apostó todo, y perdió.

El artículo 22 de la Ley N°21.020, solicita muy poca información al momento de realizar el registro de un centro de mantención temporal de mascotas o animales de compañía, o al menos, debiera ser más especifico, y referirse detalladamente a los lugares que funcionan como hoteles para mascotas, puesto que, estos lugares al funcionar como hospedaje por un lapso de tiempo que puede ser incluso prolongado, sin duda, debiesen cumplir con mas exigencias al momento de constituirse y funcionar.

Una segunda lectura de lo modificado, la disruptiva y que no tiene lógica ni fundamento jurídico robusto, es que nada se prohibió sino que expresamente se permitió legalmente -en una norma garantista de Derechos Fundamentales de personas naturales- y de manera general y genérica, que se hicieran predicciones y evaluaciones de riesgos comerciales de personas jurídicas o empresas.

Más allá de la inconstitucional reelección de Bukele, lo cierto es que este proceso electoral constituye un golpe durísimo para los partidos de oposición, especialmente para los históricos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de izquierda y Alianza Republicana Nacionales (ARENA) de derecha, quienes a duras penas podrán mantener sus respectivas inscripciones al haber obtenido menos del 5% de los votos.

“The United States v/s Billie Holiday” comienza con una triste melodía de piano de fondo y la imagen de una fotografía en blanco y negro, donde figuran varios hombres blancos de pie, con el cadáver de un afroamericano en el suelo, con la siguiente leyenda: “En 1937, un proyecto de ley para, por fin, prohibir los linchamientos de afroamericanos fue considerado por el Senado… no fue aprobado. Billie Holiday subió a la fama, en parte, por su canción ‘Strange Fruit´, una descripción lírica y horripilante de un linchamiento.”