Pensar que incluso comunas que son capitales regionales poseen Alcaldes electos con menos de ¼ de los votos de la población, suena a primeras como un escenario poco representativo para los próximos 4 años, siendo que un elección debería dar como ganador al candidato o candidata que posea un proyecto comunal que resuene mejor con la mayor cantidad de ciudadanos, prefiriendo un proyecto que represente mejor a la mayoría que a un grupo determinado.

Este carácter “motivado” del presente veto ha llevado a algunos a cuestionar la naturaleza facultativa del veto y a plantearse la interrogante sobre si existen vetos que sean obligatorios para los jefes del poder ejecutivo, al avizorar una norma que es considerada como “poco conveniente” o derechamente errada.

Si bien, la jurisprudencia de los tribunales no tiene efecto obligatorio general y es considerada como fuente formal del derecho como fuente generadora de normas jurídicas individuales para las partes, en la práctica, las sentencias de los tribunales superiores de justicia, en especial, de la Corte Suprema de Chile, tienen efecto general prima facie, en especial cuando existen criterios jurídicos asentados frente a presupuestos fácticos similares.

Creemos que la voz de la ciudadanía sea en su singularidad, en el grupo familiar o en forma de asociaciones y grupos, es fundamental durante la redacción del texto constitucional, siendo deber de los ciudadanos interesarse por las discusiones que se están dando dentro de los palacios donde se reúnen los Consejeros Constitucionales y utilizar las herramientas, tradicionales y modernas, para mostrar su conformidad y en especial su disconformidad con el texto que se vaya redactando

Una Carta que pudo haber creado un reconocimiento a los pueblos indígenas, se redactó con los anteojos de personas que defienden dichos derechos desde el indigenismo militante y políticamente activo; una Carta que pudo crear métodos de participación ciudadana y el impulso de la participación popular, se centró mucho más en los slogans de la democracia paritaria e inclusiva, que en las herramientas que le dan poder al pueblo. Y así suma y sigue con los demás ejemplos, centrándose más las normas propuestas en representar una bandera o lucha de la forma más completa, en vez de proponer una Constitución mejor que la anterior.

En definitiva, siempre quedaría en manos del pueblo la reelección inmediata del Presidente por una ocasión, siendo tarea tanto del Gobierno de turno como de la oposición de aquel el dar, siempre dentro de la legalidad imperante, los argumentos a favor o en contra que conduzcan o no a su reelección, dejando la puerta abierta a la consolidación de los buenos gobiernos y cerrando la puerta a los proyectos desfavorables que no mostraron su valía durante los 4 años ejercidos.

El Estado Regional es una forma de Estado que ha tenido un desarrollo menor en la dogmática jurídica nacional, al ser un sistema que ninguna de las cartas fundamentales nacionales ha consignado, al estar implementada en pocos países (y en cada nación con sus propios matices) y al ser una forma de organización diferente a los dos tipos de Estados catalogados como “clásicos”.

La Corte IDH no considera que la existencia de organizaciones que regulen el ejercicio de una profesión sean contrarias a la CADH, pero sí es fundamental analizar al aplicar medidas como la colegiación obligatoria que en la práctica no se atente o limite excesivamente el ejercicio de otro derecho fundamental.

La gran virtud del sistema se resume en la siguiente premisa: Un grupo más reducido de personas, escogidos por el pueblo, son capaces de deliberar de manera más prudente las cualidades del candidato a elegir, más que la masa general de la población, evitando el desorden y el tumulto.