Una polémica decisión del Tribunal Constitucional, que lamentablemente no es la única, pone nuevamente al Perú en los ojos de la comunidad internacional que ven con preocupación cómo el Estado peruano incumple sus obligaciones internacionales, como el de acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen el carácter de ser vinculantes para los Estados – Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando evidencia de la penosa precariedad democrática e institucional por la que está atravesando en estos momentos el Perú.

Cada cierto tiempo aparecen corrientes de pensamiento que creen que los derechos humanos son una molestia a la seguridad ciudadana y que deben ser tratados como un asunto puramente doméstico en un Estado, al margen de su carácter y principio de universalidad y del modelo democrático que lo acompaña. Sin embargo, no es posible separar estas dos instituciones jurídicas constitucionales, Derechos Humanos y Democracia van juntos, la existencia de uno depende de la existencia del otro, si uno de ellos es violentado y el otro también sufre esa vulneración y si uno es atacado el otro también lo es.

El juicio político es una institución creada por el constitucionalismo inglés que en el caso peruano fue incorporado en la actual Constitución, norma suprema que en estos tiempos como en los años 90 después de promulgada la Constitución a finales del año 1993, solo está parcialmente vigente, las violaciones a los derechos humanos, la vulneración a la institucionalidad democrática principalmente por parte del Congreso de la República así lo indican, el caso reciente ocurrido con la ex fiscal suprema objeto de un juicio político nos inclina a confirmar esa idea, la mayoría parlamentaria cree erradamente que cuando se ejerce un poder puramente político como en el juicio político estos se pueden alejar de la Constitución y sobre poner el acto político a la Constitución.

El pasado 3 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer públicamente su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales de ciento trece páginas donde se señala que hubo un contexto de discriminación, de desigualdad que han generado la exclusión en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de estigmatizar a quienes protestan con el que potencialmente los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques; lamentablemente los actos de discriminación no son nuevos en nuestra sociedad sino que viene como mal endémico desde inicios mismo de la República que en 200 años parece que aún no se ha superado.

Hace poco, el 23 de febrero del presente año en el portal web del Tribunal Constitucional se publicó una nota de prensa anunciando que este organismo ha resuelto declarar fundado la demanda competencial presentada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial respecto a los procesos de amparo que los jueces han declarado fundado y otorgado medida cautelar a favor de los demandantes conforme al ordenamiento jurídico; el Tribunal Constitucional para declarar fundada la demanda competencial ha considerado, conforme lo ha dejado ver uno de sus magistrados en intervención pública, que en un Estado Constitucional pueden existir zonas exentas de control, criterio que no compartimos con el colegiado por no ser conforme al ordenamiento constitucional.

El Estado Constitucional de Derecho tiene sobre todo a la persona humana y el respeto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado, con libertades y derechos reconocidos y con la existencia de mecanismos de garantía eficaces para su protección. Los peligros a los que está expuesto este modelo de Estado son manifiestos y, viene de aquellos mismos a quienes vincula la Constitución Política, es decir de gobernantes y gobernados. Como se sabe en este nuevo modelo de Estado la Constitución Política es norma suprema y los actos de poder y las disposiciones normativas del ejecutivo, legislativo y judicial y otras entidades del Estado no pueden estar por encima de la Constitución. La coyuntura por la que atraviesa en estos momentos el Perú es motivo de análisis en el presente artículo, estudio que se hace desde las teorías del Derecho Constitucional siguiendo el modelo cualitativo que busca entender si el Perú en la actualidad transita o no por el Estado Constitucional de Derecho.