La presente opinión busca revisar críticamente la propuesta de reforma legal que actualmente se discute en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, en especial, respecto de los principios e instituciones procesales de carácter civil que se intentan implementar dentro del procedimiento para sustanciar la acción de no discriminación arbitraria. El autor plantea las dificultades de no apreciar cómo se han comportado algunas de estas instituciones en la práctica, en desmedro de la protección de las víctimas de una discriminación, haciendo un llamado para perfeccionar estos aspectos procedimentales antes de su aprobación legislativa.