La jurisprudencia sobre las ocupaciones irregulares de terrenos particulares ha sufrido enormes variaciones en un período muy corto. Sentencias de protección sirven para ilustrar la inestabilidad de la jurisprudencia en torno a la aptitud de esta acción constitucional para resolver sobre dicha materia y a las medidas que puede o debe decretar el tribunal, en caso de estimarla. Tal variabilidad, si bien se manifiesta en decisiones del máximo tribunal, es causada -según se postula- por algunos problemas de diseño de la acción, la cual, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, no tiene un ámbito de aplicación claramente definido, todo lo cual hace aconsejable su ajuste normativo.