Hay que reducir el exceso de funcionarios y subsecretarios de los Ministerios, y terminar con los Seremis y delegados Presidenciales en todas las regiones, porque hasta la fecha, no han significado un aporte eficaz para el desarrollo de las regiones y del país. El Congreso Nacional, podría autorizar al Presidente del Senado, para que designe a dos Notarios o Ministros de fe, para que llamen a concurso público, a fin de que 12 abogados, elaboren un proyecto de nuevo sistema político.

Es clara y evidente la intervención que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen, en cuanto al nombramiento de los Jueces de la República y otros funcionarios judiciales, siendo usual que éstos para los efectos de poder ascender en su carrera judicial, se encuentran en la imperiosa e indeseada necesidad de realizar una operación, similar a un lobby, ante personeros de dichos poderes, lo que de resultar positivo, ello no está exento, que en el futuro dichos personeros puedan ejercer presión, o influencia sobre aquellos, en cuanto a sus actos, fallos o decisiones.

Se infiere que tanto los ciudadanos como los parlamentarios en actual ejercicio desconocieron u olvidaron los artículos 127, 128 y 129 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto esa normativa establece en forma clara el procedimiento que el Poder Ejecutivo y el parlamento deben emplear para cambiar o reformar nuestra Constitución.

Se gastaron miles de millones de pesos en la instalación y publicidad de dichos cabildos, a costa de las arcas fiscales, pertenecientes a todos los chilenos y, en definitiva, fuera de haberse convertido aquello en un desastre económico, también resultó ser un rotundo fracaso político, dado que concurrió a tales cabildos un escaso número de ciudadanos.