El celo por la debida observancia, criterio y aplicación de las normas el Derecho de Familia e Infancia, así como las categorías de procesales comunes y mínimas que hace posible la integridad del Estado de Derecho y, con ello, la efectiva protección de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, no es sólo un delirio devengado de la herencia del positivismo que yace en nuestra formación jurídica, sino, por el contrario, es guardar fidelidad y convicción de que el diseño institucional de las materias del Derecho de Familia tienen un sentido y uso propio que no puede ser vulgarizado a cualquier costo.

La mediación se vuelve, el primer “filtro jurídico” de las pretensiones de los solicitantes, cuya lógica funcional debe partir desde los mínimos legales previstos en los cuerpos de especialidad que son de su competencia, sin perjuicio de las respectivas modificaciones que se permitan en la medida que se remitan a las capacidades económicas de las partes para llegar a acuerdos en aquellos asuntos de carácter obligacional patrimonial.

En sede normativa, tal situación no es ajena. No existe en la Ley una definición de familia, por el contrario, ha sido la doctrina que, sistematizando, principalmente, los cuerpos legales más relevantes en los vínculos familiares (el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Adopciones, la Ley Nro. 14.908) ha tenido que conceptualizar la misma – a mi juicio – de manera escueta y no necesariamente representativa de las realidades socio-parentales y las nuevas legislaciones.

Columna relativa al estudio (doctrinario y programático) del rol que tienen las instituciones procesales de la Legitimación y Capacidad en dos figuras límites del Derecho de Familia: (i) la acción de reclamar alimentos en beneficio del que está por nacer y (ii) la aplicación de los principios contenidos en la Ley de Protección y Garantías de la Infancia en lo que respecta al régimen de cuidados personales, solicitados por los «abuelos aparentes», esto es, cuando la crianza de los niños, niñas y adolescentes está en manos de los abuelos cuya calidad no está determinada en función de las partidas de nacimiento del menor, pues uno de los padres no lo ha reconocido, pero que, por la fuerza de la realidad, han sido estos (los abuelos) quienes se han ocupado de la crianza del infante.