Cabría pensar que cualquier cambio institucional en el régimen actual de oferta de servicios públicos tendría por finalidad mejorar lo existente, corrigiendo lo que no está bien y fortaleciendo lo que sí opera de forma adecuada. Sin embargo, no necesariamente es esto lo que se desprende de algunos artículos del borrador de Constitución.

La cédula no puede renovarse hasta que el Servicio de Migración no resuelva la solicitud de prórroga de visa temporal o de residencia definitiva. Y mientras ese procedimiento administrativo está en marcha, las personas migrantes se encuentran en un verdadero limbo jurídico.

Se examina el contexto de surgimiento de la teoría del poder constituyente y su progresivo anacronismo, a partir de la superación de las fundamentaciones teológicas y filosóficas del poder en sociedades regidas por instituciones democráticas y deliberativas. En tal sentido, con base en la teoría de la elección pública, se plantea que la Convención Constitucional no opera como una entidad con vida propia llamada “poder constituyente” originario, soberano, sino como una agrupación de individuos concretos, con intereses, visiones, compromisos, sesgos y fines propios, legitimados por el voto popular solo para la redacción de un posible nuevo texto constitucional.

A partir de la identificación de algunos principios fundamentales del procedimiento administrativo previstos en las Leyes 19.880 y 21.180, y de denuncias, irregularidades y fallos judiciales de condena por violación o incumplimiento de dichos principios, se examinan los problemas que actualmente presenta el proceso de transformación digital en el Departamento de Extranjería y Migración en los procedimientos administrativos de entrega de visas a extranjeros residentes en Chile, y se plantea la urgente necesidad de que los mismos sean prontamente superados.