Si bien existen otros métodos para garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales, la historia del país nos demuestra que la sola política no es suficiente para garantizar estos derechos, y que una excesiva confianza en los tribunales de justicia acaba por crear dos clases de ciudadanos: quienes se pueden permitir la garantía de sus derechos por medio de abogados en tribunales y quienes no lo pueden hacer, quedando éstos, en consecuencia, privados del legítimo ejercicio de sus garantías fundamentales.