En Derecho Internacional público la Antártida es un estudio de caso. Al faltar el elemento central propio de los Estados (soberanía, también denominado jurisdicción) se hace imposible exigir a los mismos responsabilidad en la conservación de seres vivos antárticos sino al “Sistema Antártico”. El mismo ha respondido con un Protocolo (Madrid 1991) sobre el medio ambiente y antes tratados sobre la conservación de seres vivos marinos en el mar, así como de focas, todos de la década de 1980. La respuesta es principalmente mirando a los estudios sobre impacto ambiental.

El derecho internacional ha dado respuesta convencional (tratados) y en la interpretación de tratados (sentido y alcance) de las normas jurídicas contenidas en los tratados y su argumentación (fundamentación, concatenación lógica de razones).

Esta breve entrega se concentrará en el ámbito ambiental. Existen una cantidad importante de normas jurídicas internacionales que nos regulan, hoy día, en el ámbito nacional y que han sido citadas no sólo en libros sino usadas en el proceso de razonamiento, argumentación como se le conoce comúnmente, en la parte dispositiva de sentencias. Aquí citaremos una relacionada al caso Puchuncaví Quintero, recientemente comentado en este diario.

Es necesario incluir, por cierto, la «Convención Interamericana de Derechos humanos», más conocido como el «Pacto de San José de Costa Rica», otro tratado internacional, vigente en Chile que se refiere a derechos básicos para todos los seres humanos en Chile.

La omisión del cumplimiento de obligaciones internacionales contenidas en tratados internacionales vigentes en Chile, es un ilícito configurado por la imperatividad de la norma jurídica ambiental nacional aplicadora de las internacionales ambientales a un órgano del Estado.

Estos temas resultan de suyo relevantes no sólo para un país que centra parte de su economía en la exportación de recursos naturales renovables, como es el caso de Chile, sino en el turismo.