La Corte aceptó que el doble efecto es resultado de un mero ejercicio consecuencialista y que la prohibición de matar a un inocente seria virtualmente absoluta dependiendo de las consecuencias de una acción bien intencionada. Y esto es sencillamente errado, puesto que el doble efecto se inserta en la tradición de valores de occidente-

El relato de un caso de antropofagia en redes sociales el 12 de marzo expuso la falta de legislación específica en el Código Penal chileno. La difusión del caso realza la urgencia de abordar legalmente este acto. Aunque hay un proyecto de ley en curso para cubrir este vacío legal, su avance legislativo aún está pendiente, mostrando la premura que hay para resolverlo lo antes posible.

¿Puede el sistema de justicia soportar que todo termine por una sentencia dictada por un juez o jueza?

El problema es pareciera que el interés nacional suele escapar a la comprensión de quienes promueven y nombran en dichos cargos a quienes no son profesionales formados en el servicio exterior y llegan a servirlos sin preguntarse siquiera si cuentan con las necesarias competencias, más allá de su militancia a algún partido político.  

Es dable preguntarse si la lealtad militante de un partido político que actualmente está en la coalición gobernante, da para tolerar el desprecio que se denota para con nuestro país por parte de la dictadura venezolana.

En los últimos años, Chile ha realizado notables progresos en el fortalecimiento de su marco jurídico para la protección de los denunciantes. La introducción de la nueva ley sobre delitos económicos (Ley 21595) supone un importante paso adelante. Esta legislación, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024, incluye disposiciones destinadas específicamente a salvaguardar a los denunciantes.

Para no aburrir al paciente lector, no entraré en detalles respecto a la forma en que se logró aprobar en el consejo del INDH la presentación de la querella, ni a quien apuntaría esta acción. Todo está en la prensa y se cruza con las próximas elecciones municipales por Santiago-Centro.

En concreto, el proyecto establece que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.

¿Qué ocurre en Chile con las mujeres que se encuentran en esta situación? Lamentablemente sus historias no son visibles para el Estado de Chile, ya que nos encontramos con distintas barreras de forma que impiden el ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, que se han profundizado con las modificaciones a la Ley 20.430 a través de la aprobación de la Ley 21.655, vigente desde  el 20 de febrero del 2024.

A pesar de que la modernización íntegra del sistema judicial es inminente, es menester identificar las contravenciones que podría generar, reconociendo que existen riesgos y desafíos asociados a la digitalización y a su obligatoriedad. Si bien el acceso a la tecnología ha entrado ya en discusión sobre su naturaleza, respecto a la formalización legal de este como un derecho al acceso de las tecnologías de la información y de la comunicación, inclusive hasta hoy, no ha dejado de ser un privilegio.