La exposición constante a ciberataques y la sofisticación en sus formas de ejecución exigirá de las empresas adoptar estrategias integrales que aborden la identificación, protección, detección, respuesta y recuperación ante incidentes.

Gandhi conmovió a amplias zonas del planeta, particularmente en Asia y África, significando la desintegración del enorme imperio británico y el comienzo del fin del poder imperialista europeo a escala global

Esta última norma entra en vigencia el día de hoy, luego de haber sido publicada en el Diario Oficial hace un año y habiendo trascurrido el plazo señalado en ella para la adaptación de las empresas y el mercado a esta nueva exigencia.

Que los dueños de las empresas tecnológicas más grandes del orbe se encuentren en un acto político configura, sin duda, parte del nuevo escenario que varios autores ya han calificado como tecno feudalismo.

En el escenario mediático actual, la inmediatez de la información y la voracidad por la primicia han relegado a un segundo plano la prudencia y la responsabilidad. La mera acusación de un delito sexual, sin que medie condena alguna, es suficiente para que el señalado sufra un linchamiento público que lo margina del ámbito laboral y social. En este contexto, Campos fue condenado antes de tiempo, perdiendo respaldo de sus empleadores, auspiciadores y marcas asociadas, que se apartaron de él con la celeridad de quien huye del contagio.

Útil es recordar, estimado lector, que la mayoría de las instituciones judiciales tiene su basamento en el sentido común, en este caso en que el simple paso del tiempo extingue un derecho, responsabilidad u obligación.

Parece evidente que las nuevas generaciones buscan líderes con miras a temas nacionales que les afectan directamente, antes que temas morales que poco importan para el crecimiento de un país.

En nuestra opinión, ellas desconocían las normas de la Constitución y le dieron poder a un abogado inepto para que firmara la escritura de compraventa con el Fisco y por ello ahora será el adusto TC quien tiene la última palabra. Pero, tal como lo ha dicho el abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, los diputados de derecha denunciantes tendrán que explicarle a dicho tribunal en qué consiste el presunto acto de corrupción, «acreditando que el contrato era más beneficioso que vender el inmueble en el mercado».

Lo cierto es que el criterio de nuestro máximo tribunal de declarar que las acciones y la penas se encuentran prescritas -evitando que el Estado ejerza su jurisdicción penal- nos parece una regla correcta, no solo por el largo período de tiempo transcurrido desde los hechos y el valor supremo de la paz social, sino además, porque una aplicación estricta del principio de irretroactividad penal, haría imposible declarar esos delitos terroristas como de lesa humanidad, ya que la Ley 18.314 fue promulgada varios años antes del Estatuto de Roma y de la Ley 20.357, que recién el año 2009 incorporó a nuestro orden jurídico este instrumento.

El dilema entre seguridad y privacidad no tiene una solución sencilla, pero debe abordarse para encontrar un equilibrio que respete ambos valores. Contar con un marco jurídico sólido, con leyes claras y estrictas sobre el uso y almacenamiento de datos recolectados por cámaras enfrentaría los riesgos del uso indebido. La transparencia también es crucial: la ciudadanía tiene derecho a saber cuándo, dónde y en qué consiste la vigilancia a la que están siendo expuestos.