El Estado tal y como lo conocemos prohíbe la autotutela o justicia por propia mano y a cambio nos concede acceso a la Justicia para resolver los conflictos que naturalmente se producen por la vida en sociedad.

Pero cabe preguntarse: ¿Toda solución a un conflicto jurídico debe terminar en una sentencia?

¿Puede el sistema de justicia soportar que todo termine por una sentencia dictada por un juez o jueza?

¿Qué alternativas a la decisión judicial existen? ¿Tienen el mismo valor que una sentencia?

¿Puede el legislador establecer la conciliación o la mediación como trámites obligatorios previos a iniciar un proceso judicial? ¿No atenta ello contra el derecho de acceso a la justicia?

¿Medios alternativos a qué? ¿Existen ámbitos donde no pueda recurrirse a este tipo de medios diversos al proceso o la sentencia?

¿De verdad el Estado los fomenta por convicción o sólo para descongestionar la Justicia formal?

Seguro que algunas preguntas no tienen una respuesta que pueda darse tan abiertamente.

Prof. Diego Palomo Vélez

Universidad de Talca