El primer día de marzo de 2025 comienza a regir la Ley 21.420, que introdujo modificaciones al Código de Minería, a las Concesiones Mineras, a la Concesión de Exploración y a las Patentes de Amparo de Concesiones Mineras, lo que considero un nuevo abuso en contra de la minería chilena.
La ley introduce modificaciones con el objeto de eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias, con el fin de aumentar la recaudación fiscal de forma permanente, considerando especialmente la necesidad de financiar la recientemente creada pensión garantizada universal (PGU), sancionada por ley 21.419.
Una de las maneras de recaudar ingresos es a través de las Patentes mineras, a las que se aplica una escala progresiva. Este 1 de marzo, esto debiera significar pagar casi 3 veces más su valor actual.
Dentro de los cambios que hace esta ley es respecto al sistema de concesiones mineras que indica que: “En Chile las concesiones mineras están bajo un régimen de amparo por patentes, y el derecho a explorar y/o explotar se otorga en base a un pago anual”. De esta forma, en cuanto a las patentes de exploración, se aumenta el plazo de duración a 4 años, pero se elimina la posibilidad de renovación. Adicionalmente, se aumenta el monto de la patente de 1/50 UTM por hectárea a 3/50 UTM por hectárea.
En tanto, para las patentes de explotación, el valor de las patentes ya otorgadas se mantiene solo para aquellas que demuestren trabajo, pero se aumenta el valor de la patente no metálica al nivel de la metálica (1/10 UTM). También, se crea una escala progresiva de acuerdo con el transcurso de los años para concesiones que no demuestren trabajos, sin distinción metálica y no metálica.
EFECTOS NOCIVOS DE LA LEY
Estas medidas, a nuestro juicio van en contra del desarrollo de la minería, en donde los mas perjudicados son los pequeños mineros que no podrán pagar las patentes cada año, por ser caras y se pierde uno de los sueños de los cateadores, de la prospección y de reconocimiento para encontrar nuevos yacimientos. Se podría decir que es similar a un nuevo aumento de la carga tributaria de la minería, y el mundo político insiste en ordeñar la minería como vaca lechera. Se aumentan aún más los fondos en las arcas fiscales, es un desastre para la minería chilena, por cuanto tiene efectos económicos como el aumento de costos, ya que el aumento de patentes puede incrementar los costos de producción para las empresas mineras, lo que podría afectar su rentabilidad y competitividad. No entendemos cómo el mundo político pudo hacer una ley tan mala y desquiciada, pues muchos yacimientos y pequeñas minas paralizarán, quedarán libres y serán rematadas. ¿Quién gana con todo esto? Las grandes mineras.
Fuera del impacto económico en los mineros del sector (salvo algunas), porque el monto irá aumentando en el tiempo, lo más grave es que se debilitó jurídicamente uno de los sustentos del ordenamiento legal chileno, cambiando de ley Orgánica Constitucional a Ley de Quórum Simple.
Con toda seguridad se producirá una disminución de la inversión, ya que el aumento de patentes puede desalentar la inversión en la industria minera, cuanto más altos puede repercutir en que los proyectos sean menos atractivos para los inversores; además de una inminente pérdida de empleos, un incremento en las patentes puede disminuir el ingreso disponible de las familias, lo que a su vez puede llevar a una reducción en el consumo de bienes y servicios. Esto podría afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas mineras que dependen del gasto familiar.
A nuestro juicio lo más grave al aumentar las patentes es que pueden incentivar la informalidad laboral y empresarial, llegando a niveles tales como Perú, Colombia o Brasil, donde hay mucha minería informal y minería ilegal con el consiguiente deterioro en la economía de Chile. Un aumento en las patentes, especialmente si no se percibe como equitativo o que contribuya al bienestar de la sociedad, puede generar descontento entre la población. Esto podría desembocar en protestas o movimientos sociales en contra de las políticas fiscales del gobierno de turno.
Pero esto no es todo, también debemos pensar en los efectos ambientales que esta nueva ley puede propiciar, por cuanto existe la posibilidad de que se haga una menor inversión en tecnologías limpias, ya que las empresas tal vez destinen menos recursos para ello. El aumento de patentes, podría llevar a una disminución de la inversión en seguridad y mantenimiento, lo que aumentaría el riesgo de accidentes en las minas.
Dentro de los efectos sociales, cabe mencionar el impacto en las comunidades locales, especialmente aquellas que dependen de la industria minera para su sustento.
También se verá afectada la competitividad del sector, además de la pérdida de mercado para las empresas mineras chilenas, ya que los costos más altos repercute en que sus productos sean menos atractivos para los compradores internacionales.
Y una mala noticia para los pequeños mineros, por cuanto aún no existe un pronunciamiento de la autoridad respecto a la rebaja de patentes.
Es de esperar que las autoridades que deben velar por el desarrollo de la industria en el país asuman de una vez que la minería se debe cuidar y se preocupen de darle facilidades a los productores, ya que la minería no solo debe ser la alcancía del Estado, es más que eso, es la imagen país; no es solo la actividad productiva a la que se recurre tras cada catástrofe; a la que se le aplican impuestos cuando las arcas están escuálidas; no solo es la actividad a la que no se subsidia ni en los peores momentos. No, pues, es la actividad que ha permitido el desarrollo histórico del país, ante ello, exigimos más consideración y menos carga económica.
La Cámara Minera de Chile hace un llamado a las autoridades a dejar sin efecto esta ley maldita para la minería, y no matar la vaca lechera ya que después vienen los arrepentimientos. Los responsables de esta ley deben asumir sus consecuencias y el país reclamará sus actos y acciones en contra de la minería.
Manuel Viera Flores
Presidente Cámara Minera de Chile