El tema de qué tipo de justicia merecen los militares es uno de los temas que actualmente se discuten en el ámbito político. Cuando a la izquierda se le menciona justicia militar recuerdan la que operó hace 50 años atrás durante el gobierno militar, se bloquea mentalmente y se niega a considerar su incorporación como parte del proyecto de ley que busca regular las reglas de uso de la fuerza (RUF). Es verdad que la justicia militar en el pasado no estuvo a la altura de las circunstancias, pero la que existe hoy en día es muy distinta la que opero en esa época.
La justicia militar considera jueces y fiscales de primera instancia que pertenecen a las fuerzas armadas, pero por sobre ellos están las cortes marciales, las que están integradas por dos oficiales generales y dos ministros de corte de apelaciones. Uno de los ministros preside y además tiene el voto dirimente en caso de empate. Las cortes marciales reportan a la Corte Suprema, quienes las supervisan tanto en su operación como en sus fallos. Es decir, la justicia militar, que tiene la ventaja de incorporar la especialización propia de lo que se hace en el mundo militar, es parte de la organización judicial chilena y no se manda sola. El hecho de que sea supervisada y parte del sistema judicial debería ser garantía de seguridad jurídica y debido proceso.
La justicia militar no es perfecta, funciona a la antigua y se vería mejorada si se le incorporan algunas practicas que la Reforma Procesal Penal trajo a la justicia ordinaria, que dicho sea de paso falla producto de no conocer el mundo militar y policial, lo que es más grave aun cuando cae en manos de fiscales y jueces que se dejan llevar por sus ideas progresistas, o bien claramente son del tipo activistas, aprovechándose de su investidura para neutralizar el accionar de quienes han jurado entregar su vida en defensa de la patria y de los chilenos, al punto que el enemigo al que mas temen los uniformados es el Ministerio Publico y los tribunales de justicia.
Si tanto molesta a algunos el concepto de justicia militar, reemplácenlo por una justicia ordinaria militar – policial especializada tal como existe para temas ambientales, de familia, y otras más. A los militares y policías, de hoy y de ayer, les debemos por su servicio a Chile la garantía de justicia y debido proceso, que es algo que también afecta a los soldados del 73.
Sin ir más allá, hay 13 antiguos soldados que pueden terminar sus días en la cárcel por un caso del regimiento Húsares de Angol, un caso ya juzgado y con el segundo comandante como responsable confeso, que se reabrió en Piñera 1. Dos de ellos, un soldado conscripto y un cabo, tuvieron participación directa, pero solo eran militares cumpliendo las órdenes de un superior. Los otros once solo por ser dotación del Húsares, por lo que se espera prime la lógica en instancias superiores del sistema de justicia, la que puede ser ciega, pero justa debiera ser, como lo fue finalmente con quien mató a un ladrón en 2022 en Villa Alemana, y que fue absuelto la semana pasada a pesar de que el fiscal pedía 15 años y desconocía su derecho a la defensa propia a pesar de enfrentar a un ladrón al interior de su domicilio.
Los militares de ahora y de antes solo piden un debido proceso y garantías de ello, mas aun cuando han actuado como tales, como miembros de las Fuerzas Armadas de Chile que son disciplinados, jerárquicos y no deliberantes.
Richard J Kouyoumdjian Inglis
Vicepresidente de AthenaLab