Una iniciativa de reforma constitucional impulsada por el saliente Presidente mexicano Manuel López Obrador, que propone sustituir el actual mecanismo de nombramiento de jueces por uno de elección popular, avanza sin obstáculos aparentes a medida que se acerca el cambio de mando del 1 de octubre próximo, pese al rechazo del Poder Judicial y la actual oposición.

En concreto, el proyecto establece que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.

En total, más de 1.600 cargo judiciales.

Además, la iniciativa contempla reducir de 11 a 9 el número de ministros del máximo tribunal mexicano a propuesta de candidaturas provenientes desde la propia Suprema, el Ejecutivo y el Legislativo con una duración de 8, 12 ó 14 años en sus cargos, dependiendo de la votación obtenida.

También se propone eliminar sus actuales dos salas para que funcione sólo en Pleno y eliminar la facultad para suspender la aplicación de determinadas leyes mientras se resuelve el fondo del asunto. En México la función del Tribunal Constitucional recae en su Suprema Corte de Justicia.

Finalmente, se modificaría el actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), deparando sus facultades de gobierno, radicándose unas en un Tribunal de Disciplina Judicial -dedicado a observar la conducta de juezas y jueces- y otro dedicado a la administración de recursos.

Si bien se ha anunciado la creación de una serie de instancias de diálogo institucional para discutir la reforma, el partido de la candidata electa Claudia Sheinbaum -Morena- logró una amplia mayoría en el Congreso, lo que le permitiría imponerse cómodamente durante el trámite legislativo.

De prosperar, la primera elección de cargos de juezas y jueces se llevaría a cabo en 2025.

En cuanto a los fundamentos de esta reforma, cabe citar que México exhibe una sostenida baja confianza en su sistema de justicia.

Según el “Informe Hallazgos 2022: Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México”, casi todas las instituciones del sistema de seguridad y justicia del país acusan elevados niveles de corrupción y el índice de impunidad de los casos investigados por el Ministerio Público se elevó al 96.3%.

Javier Vera Sembler

Periodista