Resulta lógico que, desde Chile, sin dudas ni vacilaciones, se condene la dictadura venezolana y se utilicen todas las herramientas políticas y diplomáticas necesarias para ayudar a quienes viven bajo la opresión del actual chavismo.

Si bien son buenas noticias, ya que el país requiere de nuevos proyectos y más inversión, desde la Cámara Minera de Chile vemos con cautela este ciclo al alza de inversiones por cuanto el actual sistema no ayuda a la inversión extranjera, la excesiva burocracia estatal, la exuberante cantidad y tiempo de permisos; y la alta carga tributaria no han cambiado.

¿Qué es aquel leviatán de papel llamado Gobierno de Maduro en comparación con lo que fue la Unión Soviética? El régimen autoritario venezolano ya ha mostrado un enorme desgaste e inestabilidad. Esta elección, solo por haberse dado en las condiciones en que se dio, visibiliza las grietas y hemorragias en la vorágine de corrupción que ha ocurrido durante los últimos 25 años en ese país.

La única herida abierta está en el alma del PC y la extrema izquierda, quienes jamás verán saciada su sed de “justicia”. Que este pequeño grupo político se atribuya la representación de un sentir nacional, es una osadía que no tiene base en la realidad de hoy. La sociedad chilena, sobre todo en el último trienio, está más preocupada del crimen organizado y de “llegar a fin de mes”, que de exigir que octogenarios que no representan peligro alguno para la sociedad, sigan encarcelados por crímenes cometidos hace medio siglo o se les continúe enjuiciando por ellos.

Lo primero que advertimos es la trampa lingüística y de exposición que el proyecto (“Regula el proceso de transición sociocológica justa hacia la carbono neutralidad” (boletín 15.147-12) encierra, pues recurre a una complicada, novedosa y estudiada terminología (como la de su propio nombre) y dice fundarse en principios que resultarán fáciles de aceptar (como equidad, democratización o género), ocultando así su trasfondo ideológico.

Debo manifestar que no nos mueve ni la venganza ni el ensañamiento sino el ánimo de justicia respecto de los miles de chilenos y chilenas que sufrieron el horror de la tortura, la muerte o la desaparición forzada y respecto de los cuales, en su enorme mayoría, no se han logrado determinar las circunstancias ni responsables de sus padecimientos por la falta de colaboración y pactos de silencio de aquellos que han podido ser enjuiciados y de quienes han logrado la impunidad.

Si alguna autoridad o legislador quiere brillar, pues lo que sea que haga en esta materia, será considerado un avance, está botado.

A pesar del destino de la propuesta, recientemente hemos asistido a un auténtico sistema de justicia de facto. Uno, para la gente de izquierda, el otro, para los de derecha. Las diferencias entre uno y otro son tan evidentes que siquiera se molestan en disimularlo.

Se habla de “sacar a los militares a la calle”, no para que  enfrenten a los delincuentes, sino para proteger a los Carabineros, como si en la actualidad  se pudiera protegerlos sólo por presencia. ¿Acaso se olvida cómo, durante “el estallido”, fueron desafiados e incluso agredidos  sin que tampoco hicieran uso de su armamento, salvo en contadas ocasiones y por las  cuales quienes actuaron fueron procesados y condenados como simples particulares?

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago ordena que todos los equipamientos que sean incompatibles con la actividad residencial, como las cárceles, deben emplazarse fuera del Área Urbana Metropolitana.