Uno de los aspectos más destacados de esta ley es su firme compromiso con la prevención. La implementación de capacitaciones y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a los funcionarios públicos es un paso necesario para cambiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia de género. Al incluir la perspectiva de género en los planes educacionales, se garantiza que las futuras generaciones crezcan con una mayor conciencia y rechazo hacia la violencia.

La implementación de modelos de Compliance para poder participar en las licitaciones públicas representa un importante avance hacia la transparencia y la probidad en las transacciones entre el Estado y el sector privado. Esta medida no solo reduce los riesgos de corrupción, sino que también fomenta una cultura de ética y responsabilidad, beneficiando a toda la sociedad.

En la medida que los adjudicadores vayan cumpliendo con esta dinámica virtuosa -que enaltece el Derecho- en sus diversos fallos sobre un determinado asunto sometido a su conocimiento, se irán creando las denominadas “reglas judiciales”, que no son otra cosa que mejores razones que a lo largo del tiempo traen consigo un enriquecimiento de la jurisprudencia permitiendo con ello soluciones más justas. ¿Por qué es importante esto?

Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe tomar en cuenta y comprender la subordinación de la mujer en las prácticas y normas culturales, y en el contexto de la investigación de las violaciones de los derechos de la mujer; esas prácticas constituyen una violación de los derechos humanos en sí misma, pues los estereotipos se convierten en “una de las causas y consecuencias de la violencia de género contra las mujeres”.

Sostener que la judicatura tiene como labor gestionar un concepto tan reiterado como inasible, además de aventurado, impreciso y peligrosamente metafórico, contiene – cual regalo troyano – una fácil solución para un problema complejo: las conexiones entre Derecho y moral.

Allí solo están permitidos los edificios aterrazados o escalonados, dejándose en claro que el vicio del acto administrativo municipal está prescripto, razón por la cual el mismo no se podrá invalidar ni anular. Pero sí, los propietarios de los departamentos de ese edificio, por el perjuicio moral y económico que están asumiendo, podrán ejercer las acciones judiciales respectivas.

Era de esperarse que la derecha estaba fragmentada, luego del surgimiento del Partido Republicano y el «cash all» llamado Partido de la Gente. Fue un duro golpe. No obstante, pareciera ser que la coalición de RN, Evópoli y la UDI no se han logrado levantar. Algunos dirán «el rol que juega ahora la derecha es resistir a los proyectos de ley que busca la izquierda», pero ni siquiera buscan un second best.

Lo común de aquellos pareciera ser el desmesurado poder que se ha arrogado dicho órgano al encontrarse en la cúspide del ordenamiento jurídico, sin mayor vigilancia ni limitación.

“Las elecciones europeas se suelen decidir por temas nacionales más que europeos” señalan analistas expertos, y no cabe duda que situaciones complejas como el desempleo la economía en receso, la inmigración desatada, la inseguridad y la incertidumbre han hecho que los electores europeos variaran hacia posiciones político-culturales más estrictas buscando la solución de estos flagelos, cansados ya de las políticas de izquierda a las que sindican ser los responsables de tales aflicciones.

Los parlamentarios deben tener mucho tino y prudencia cuando aprueben la ley que, suprimiendo «trabas», facilitará el crecimiento económico, pues está vigente desde hace algún tiempo, la Ley 21.595 que sistematiza los delitos económicos y ambientales, regulando las penas para aquellos inversionistas más ingeniosos que obtienen ganancias adicionales ilegales en sus actividades productivas.