La Ley de Lobby, justamente tiene como misión regular y transparentar la existencia de esta clase de reuniones, procurando que su ocurrencia sea un antecedente de acceso público. Para eso dispone que las instituciones y entidades que reciben el lobby deben mantener un registro público de sus agendas, audiencias y reuniones. De esta forma, incurrirán en sanciones las autoridades que no cumplan con aquello.

El SII, a través del Oficio N° 2838 de noviembre de 2023, resucitó de alguna forma a las denominadas agencias de negocios. De acuerdo a lo señalado por el mismo SII, estas son empresas que pueden prestar servicios a distintas personas a la vez, y cuyo objetivo es facilitar a los clientes la ejecución de sus negocios, a través de la prestación de una serie de servicios de la más variada índole, donde se incluye la provisión de personal.

Las clínicas jurídicas, en tanto etapa formativa de los y las estudiantes de Derecho, y sin perjuicio de las distintas modalidades que puedan adoptar en cada universidad, brindan una valiosa experiencia práctica a los/las futuros/as abogados/as, toda vez que les permiten interactuar con la comunidad. Es así como, en este primer acercamiento a problemas reales, el alumnado no sólo logra poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, sino que además les permite desplegar sus habilidades blandas y trabajar en equipo, herramientas que resultan fundamentales en el desarrollo profesional.

Al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus discursos, conocido por la fórmula que encabezaba su visión en torno a un mundo más justo: ”I have a dream” (“Tengo un sueño”). Esas palabras le valieron la concesión en 1964 del premio Nobel de la Paz y provocaron, al mismo tiempo, su asesinato a manos de un racista.

Los muy desacertados argumentos de la Organización del Festival nos permiten afirmar la validez de la censura y la discriminación cuando tienen como  fundamento proteger y preservar bienes superiores de la sociedad, como el respeto a las creencias religiosas de sus integrantes; la dignidad y la honra de las personas;  o, como en este caso, no dar paso en nuestro medio a la difusión de la narcocultura y extensión del crimen organizado que nos terminará destruyendo como sucede en México, Ecuador y otros países latinoamericanos.

“Media una muy grande asimetría entre la fuerza que el Estado monopoliza y los medios de que dispone, por una parte, y los ciudadanos que con razón o sin ella, a estos efectos poco importa, se manifiestan, por la otra.”

Entre las adecuaciones que, en forma inmediata, han debido seguir los proveedores, podemos indicar las siguientes: en primer lugar, ajustar su estructura societaria para evitar que cualquier persona (cónyuges, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, socios, directores, etc.) tenga algún grado de conexión con los funcionarios públicos del organismo licitador.

La proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.

Dado que en nuestra angosta y larga faja de tierra quienes determinan las políticas públicas son los actores privados, en ocasiones con trampas, damos cuenta de lo que ha estado sucediendo desde hace muchos años con las recurrentes violaciones, por parte de privados «pasados pa´la punta», a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) de 1977 y al estricto, en el papel, Decreto Ley (DL) 3.516 de 1980, instrumentos normativos que impiden la construcción de viviendas en las llamadas parcelas de agrado de 5.000 m2, localizadas en territorios rurales de todo el país. 

Llama la atención que la Resolución Exenta N°5250 prohíba de manera general cualquier uso de los datos de la PAES, salvo aquellos que tengan por objeto “la gestión y planificación de los procesos de admisión” (Artículo Primero, letra g). Encontramos aquí una estricta restricción a la libertad de informar, impuesta por una norma reglamentaria.