Debemos entender que el no pago de los tributos a los que están obligados los sujetos es un delito, el cual puede ser de omisión o la realización de una conducta, que va a tener como resultado la defraudación fiscal, explicado de otro modo, el bien jurídico protegido que es lesionado, según la doctrina, es la integridad patrimonial del fisco quien ha sido dañada por el ilícito penal. 

En la actualidad, existen en nuestro país un entramado jurídico procesal altamente y me atrevería a señalar, innecesaria y/o culpablemente complejizado, de normas que, aunque muy similares unas de las otras, despiertan interpretaciones, reglas, o usos positivizados o no que, en definitiva, cambian en desmedro de la coherencia del sistema legal, el ejercicio profesional de los abogados.

Al terminar el año de conmemoración de los 50 años del “Golpe Militar” se le ha rendido, el domingo recién pasado, su mejor homenaje: La ratificación de la Constitución nacida en 1980.

Es fundamental no bajar la guardia, especialmente de cara a las festividades de fin de año, potenciando campañas como “Ni Una Gota” en grupos de riesgo, impulsada por Aprocor, junto con aquellas de SENDA, CONASET y otras organizaciones que contribuyen significativamente a enfatizar en los daños, riesgos y creencias erróneas en torno a la ingesta de bebidas con alcohol.

Exdirectores que nunca fueron condenados a pena aflictiva, única razón objetiva para intentar borrarlos de la memoria institucional.

Los actos de corrupción parecieran haberse enquistado en las principales esferas de poder de nuestro país. El reciente caso del abogado Luis Hermosilla destapó una serie de contradicciones, entre ellas el ejercicio ético y virtuoso de la profesión, así como también la distopía entre el bien común y la mera satisfacción personal.

Una novedad del proyecto consiste en permitir, en la determinación de los tributos, la deducción de los “gastos objetivos necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia”. Sin embargo, esta alternativa recuerda al artículo 31 de la Ley de la Renta que permite la rebaja de los gastos necesarios para producir la renta. En el texto, existe un intento de ampliar las posibilidades de rebaja para incluir gastos no vinculados con la generación de utilidades.  

El fundamento jurídico haría revolcarse en su tumba al gran jurista Andrés Bello, autor de nuestro Código Civil. Pareciera que la DGMN confunde o no parece tener claro las diferencias entre los términos jurídicos de “Dominio”, “Posesión” y “Tenencia”.

Es posible afirmar que la extensión del capítulo del Banco Central no fue un mero capricho del Consejo. Por el contrario, es solo una consecuencia de un acuerdo político: el Congreso y el Consejo Constitucional estimaron inconveniente la existencia de leyes supramayoritarias. En efecto, el Congreso -hace tan solo un año- acordó que las leyes orgánicas constitucionales podrían ser derogadas o modificadas por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (y no por cuatro séptimos como ocurría previamente).

El llamado es a que las personas se informen y lean la propuesta de Constitución y la Constitución de 1980, y saquen sus propias conclusiones, sin que nadie les diga que es lo que tienen que hacer o como sufragar, el voto es libre e informado; además obligatorio.