En mérito a las diversas atribuciones y facultades que la Constitución Política de la República de Chile de 1980 concede al mandatario de turno es que se afirma que esta posee una tendencia hiperpresidencialista. A pesar de ello, esta tendencia se mantiene en el texto de propuesta de Nueva Constitución de Chile, debido a que el artículo 100, que establece las atribuciones especiales del presidente de la República, sigue estableciendo que el gobernante posee la atribución de nombrar a jueces y fiscales de todos los niveles.

Lo primero, es entender bien, que se está votando: es un a favor o un en contra de la propuesta que, esta vez, ha redactado el Consejo Constitucional, compuesto por miembros elegidos por la ciudadanía con voto obligatorio, de un anteproyecto redactado por una Comisión de Expertos de todos los partidos políticos, respetando doce bases institucionales (Art. 154 de la actual Constitución), que fueron acordadas por gran parte de los partidos políticos con representación parlamentaria. Todo  lo anterior, en mi opinión, da legitimidad y transversalidad al texto constitucional.  

La Declaración contempla normas originalmente carentes de obligatoriedad jurídica representando lo considerado por diversas sociedades como mínimo común protector de las personas. Esto ha cambiado. Ha evolucionado jurídicamente al considerarse obligatoria.

Entre las diversas proposiciones realizadas, hay un par que, si bien se tratan por separado, van en la misma dirección. Una de ellas, es aumentar el IVA hasta en un 22% y modificar los tramos del Impuesto Global Complementario, estableciendo tasas marginales de un 30% y 40% para los tramos más altos.

No nos parece razonable ni proporcional, exigir a don Severino desplegar tamaño esfuerzo para regularizar un derecho de aprovechamiento, en circunstancias que la única persona que ha demostrado interés por el bien en cuestión es don Severino y nadie más.

Persiste la incertidumbre en torno a la naturaleza y efectos de las multas aplicables en virtud de las compras públicas regidas por la ley N°19.886, Lo anterior es un problema que ha quedado en evidencia al existir dos posturas irreconciliables, y cuya interpretación jurídica demuestra que no existen puntos de unión o de consenso.

La imposición de sanciones de naturaleza penal por entes privados, sin acceso a los elementos mínimos de un debido proceso, es de por sí una situación que merece al menos ser examinada en su mérito y no simplemente declarada inadmisible.

Rindo homenaje a cada una de ustedes estimadas damas, pues proyectáis a vuestros descendientes, que formarán una legión de hombres y mujeres libres, que engrandecerán a nuestra Patria. 

La única manera de cerrar el asunto Constitucional es el triunfo en diciembre de la opción A Favor, lo contrario mantendrá abierto el tema y “el asalto” a la actual Constitución y sus leyes orgánicas – aprovechando la debilidad en que se ha dejado a estos textos – se iniciará el mismo lunes 18 de diciembre.

En la propuesta elaborada por el Consejo, en tanto, el abordaje de la temática cultural es más acotado, aunque tiene mayor desarrollo que en la actual Constitución. Este proyecto también asigna una función relevante al Estado, como ente que resguarda el derecho a participar en la vida cultural, facilita el acceso a los bienes y servicios culturales, protege la libertad creativa y promueve la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura.