La patria es un valor supremo, que trasciende al hombre y que es, evidentemente, algo más elevado que la política contingente o que la política partidista. La patria constituye un valor suprapolítico, que está por encima de banderías, grupos, clases o estamentos.
¿Por qué han aumentado las solicitudes a la DGA? Y la respuesta inmediata la encontramos en las reformas al Código de Aguas de los años 2022 y 2023. Y el personal del Servicio no ha podido hacer frente a esas alzas de solicitudes. Y se internalizó el atraso.
«Creo que la libertad de conciencia es fundamental para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Una sociedad en la que todas las personas sean libres de creer lo que quieran, sin temor a la discriminación o la persecución», Gral. José Miguel Carrera Verdugo le escribe a su hermano Juan José, en 1816.
Las posturas son diversas, aunque prácticamente se reduce a, entre quienes están a favor y a quienes están en contra. Sin embargo y como es común, existen ciertos prejuicios y falacias en torno a los argumentos que suelen esgrimir quienes están en contra de la adopción por parte de personas del mismo sexo. Un ejemplo de lo anterior se puede evidenciar en una columna que Daniel Mansuy escribió hace un tiempo, la intentare revisar y rebatir sus argumentos.
Recordando la frase que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, estimamos que la reforma introduce a la víctima con un derecho a ser oída que no se sabe muy bien qué consecuencias podrá acarrear en la praxis, si lo que sostenga no sea acogido por quienes resuelven en definitiva. Por ejemplo, ¿podrá recurrir de protección, alegando amenaza a derechos como la integridad física, psíquica, u otros? ¿Podrá recurrir? Eso es un misterio, y tendrá que ser dilucidado una vez en aplicación. Pero es claro que se abre espacio a más problemas que soluciones.
Nadie habla de la “justicia de Brito” respecto de las personas enjuiciadas y condenadas por causas de derechos humanos, tanto civiles como militares, quienes deben enfrentar no sólo el poder estatal de las policías, sino, además, el de los ministros de fuero, que al amparo de un proceso penal inquisitivo y secreto, de inicios del siglo pasado, y con la premura que les exige el Código Orgánico en la resolución de estas causas, deben investigar, procesar, acusar y condenar.
Además, entra en escena otra institución, denominada: “dejación de restos”, que consiste en la transferencia del objeto del seguro en favor del asegurador, en caso de pérdida total, conforme a la definición, aportada en el artículo 513 del Código de Comercio. En otros términos, lo que interesa saber es quien se quedará con el vehículo siniestrado: si el asegurado o si será traspasado a la aseguradora.
Existen muchos casos donde la inclusión es 100% real y esas empresas disfrutan de ambientes creativos, cálidos, con equipos afiatados donde nadie tiene miedo de ser quien realmente es. La base de la cultura organizacional – más allá de su propósito, valores, ética, y elementos de la marca – se construye en base a la confianza que se crea entre las personas, que abarca desde el directorio hasta el último eslabón en la cadena de valor.
La regulación del Tribunal Constitucional en la nueva propuesta de Constitución Política hace prácticamente imposible que la ley 20.000 sea declarada inconstitucional. Para ello se requerirían los votos de tres cuartos de los miembros del tribunal constitucional y solo “si todas las posibles aplicaciones del precepto cuestionado son inconstitucionales” (art.172 letra f)). Además, el artículo 169 de la propuesta establece que la Corte Suprema deberá proponer a los nuevos candidatos del Tribunal Constitucional – con la posterior intervención del Presidente y el Senado -, con lo cual se pone fin al cuoteo político en dicho órgano.
En materia migratoria son muy pocos los principios y reglas que realmente se respetan, pues, la Administración en este ámbito no actúa apegada a lo que la legislación dispone. Como puede apreciarse de la propia web de PDI el mencionado certificado no debía solicitarse nunca más para renovación de cédula, porque esa información podía ser compartida entre los diferentes organismos gracias al principio de interoperabilidad. Para sorpresa de muchos, este certificado ha resucitado de facto y en un acto completamente arbitrario y violatorio de los derechos de los migrantes se está requiriendo nuevamente.
