Nadie espera que impulse la gran reforma tributaria/fiscal que todos los economistas consideran como prioritaria para el país y que seguramente será una tarea para el próximo presidente, pero sí consideran importante contar con propuestas concretas de lucha contra el crimen que lo reafirmen como un líder que no le teme a la delincuencia.

El problema es mayor cuando vemos una baja percepción del riesgo entre la población, según nuestros estudios en Aprocor. El 65% de los chilenos teme más ser detenido por Carabineros conduciendo en estado de ebriedad que provocar un accidente (14%). Además, el 50% considera que es sencillo evadir los controles policiales, posiblemente debido a la disponibilidad de aplicaciones móviles que alertan sobre ellos.

El derecho primordial del imputado es el derecho a defensa, y más propiamente el derecho a ser oído, tener asistencia jurídica o letrada, el derecho a rendir prueba y contrastar con la evidencia incriminatoria. Su objetivo no es, por tanto, garantizar la impunidad o privilegiar la situación del responsable penal, sino que quien sea objeto de investigación y enjuiciamiento criminal tenga todos los medios suficientes para conducir el proceso hacia la averiguación de la verdad, sea que esta mantenga la inocencia del acusado o bien habilite la atribución de responsabilidad penal.

Que los presos afectados con la decisión de la Comisión de Libertad Condicional iban nuevamente a “recibir travesuras en vez de dulces” por parte del Poder Judicial, desgraciadamente, no representa una novedad.

Abundancia de reflexiones absolutamente irresponsables y de suyo superficiales, y desde luego contradictorias en lo medular con el populismo punitivista que bajo un mensaje simplista busca solucionar todo este fenómeno bastante más complejo metiendo a todos y todas en las cárceles, que colapsadas son fuente de reclutamiento y perfeccionamiento para el delito.

En torno al Poder Judicial, se eliminó la norma que había propuesto la Comisión Experta respecto a la prohibición de juzgar con sesgos y estereotipos de género, y ahora sólo se alude a la imparcialidad y a evitar los «prejuicios», desechando inclusive la norma que incorporaba la perspectiva de género al momento de juzgar, pese a que había sido recomendada por el Presidente de la Corte Suprema y la Asociación de Magistradas Chilenas.

Yo estoy plenamente de acuerdo en que la búsqueda de soluciones para disminuir las desigualdades a niveles razonables debiera ser permanente preocupación del sistema político, sin esperar a contar con un nuevo texto constitucional que probablemente tampoco las solucione por si solo, pero eso no debiera significar que respecto al vandalismo se asuma que basta con declarar que no habría sido la principal expresión de indignación ciudadana.

Esperemos que de ahora en adelante tal apoyo no se manifieste sólo con aplausos y palabras de cortesía, ni mucho menos que las y los deportistas sigan realizando rifas o bingos para costear sus viajes o implementos deportivos, y en cambio, avancemos en robustecer las políticas que promuevan, resguarden y protejan al deporte y a los atletas.

Las escuelas municipales no tienen una malla curricular propia sino sólo la que impone el Mineduc. La educación particular subvencionada, que según las postulaciones en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) es la más demandada y preferida por las familias chilenas, no es bien mirada por el Estado.

Una cosa es que parezca que los fondos para reparar parezcan inagotables y que los tribunales no escatimen en el monto sin ceñirse a presupuesto alguno, pero me parece que sería como mucho agregar un nuevo beneficio al ya concedido al quedar libre de polvo y paja, ya que para toda cosa existe finalmente un límite impuesto, más que por la justicia, por el sentido común.