Los registros de la historia permiten concluir que, con una firme decisión y valentía política, adecuado empleo de los medios de fuerza legítimos a disposición del Estado y un correcto uso de la normativa vigente, se puede detener la violencia y acción terrorista.

Creemos que la desregulación del uso del suelo impacta de manera negativa y arbitraria en la generación de soluciones habitacionales por parte del Estado, sobre todo de aquellas vinculadas al ámbito social, produciendo a su vez problemas en la planificación urbana, en la segregación de la población y por consecuencia, en el acceso a servicios.

Esta grave infracción se configura al impulsarse decididamente desde el Ministerio a su cargo una política “oficial, única y obligatoria” sobre educación sexual y afectiva de niños y niñas en la educación pública y subvencionada, la cual, por lo demás, resulta altamente resistida por los padres dados los inconvenientes y descarriados postulados que consigna y los contenidos que de ella se han conocido y aplicado. El proceder del señor Ministro, impulsando dicha política, atenta gravemente contra derechos fundamentales establecidos en la actual Constitución.

Unos 55 proyectos inmobiliarios declarados ilegales ya están construidos y habitados, unos 5 o 6 proyectos no avanzaron porque se invalidaron sus permisos y quedan unos 12 edificios terminados que se están transformando en «elefantes blancos» y como no funcionó nuestra propuesta consistente en que las empresas que edificaron compensaran económicamente a la comunidad, para que disponga de áreas verdes, un par de consultorios, al menos una comisaría y otros necesarios equipamientos públicos, lo justo y razonable es que la DOM curse a la brevedad las recepciones para esos 12 edificios que todavía no la tienen. 

La conmemoración del Día del Refugiado tiene como objetivo hacer un llamado a los gobiernos de todos los países para que adopten un enfoque basado en la empatía y en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los refugiados, asilados, exiliados, perseguidos, expatriados o deportados. Las circunstancias prevalecientes son generalmente políticas y en otras por severas crisis económicas, guerras u otro tipo de conflictos.

Si bien podemos considerar que el endurecimiento de las penalidades e incluso las nuevas multas que se consagran que se amplían proporcionalmente al valor de lo defraudado, pueden ser apropiadas. Resulta importante plantearse cuál es el límite de dicha ampliación, cuando se eliminan garantías penales que otro tipo de delitos (muchos más cruentos) sí contemplan. Como es la atenuante de irreprochable conducta anterior y la posibilidad de cumplir una pena sustitutiva distinta a la cárcel efectiva.

En las últimas horas y semanas, todas y todos hemos sido testigos de cómo el patrimonio más preciado del país está en serio riesgo: sus personas-ciudadanos, cuya dignidad es intrínseca, quienes deben convivir cotidianamente con las sombras de la violencia y la muerte. Ya sea porque no pueden acceder a su derecho a una atención de salud oportuna, o porque asesinos sin nombre les arrebatan sus vidas y dejan sus cuerpos botados en la vía pública, mostrando un desprecio absoluto por la condición humana.

El sharenting en español es el uso abusivo o la sobreexposición de niños en las redes sociales. ¿Suena duro, no es así? Las vidas de estos se vuelven públicas, desde que llegan al mundo. De este modo, pasamos por alto derechos trascendentales consagrados para ellos. Pues cuando lleguen a ser adolescentes o adultos, habrá información circulando en la web respecto de la cual nunca consintieron, debido a que sus adultos responsables no previeron si el o la menor estuviese de acuerdo con que su imagen circulara en el inmenso mundo del Internet.

Nuestro país cuenta con la información de los ingresos de las personas que están obligados a declarar impuestos. Por lo tanto, se podría evaluar someter a dicha obligación a toda la población y, por esa vía, tener una visión real de cuáles son los ingresos de cada uno de los contribuyentes. Al contar con esta información, esta ayuda podría dirigirse y estar enfocada en quienes efectivamente generan menos ingresos.

La Constitución ecuatoriana establece que luego de emitido el decreto de disolución, se debe convocar a elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de siete días. Cabe apuntar que en estas elecciones extraordinarias tanto Guillermo Lasso como los asambleístas disueltos podrán presentarse como candidatos.