Otra muestra de una “solución a medias” es la situación que enfrenta el proceso de generación de una nueva Ley de Patrimonio Cultural, que busca reemplazar la vetusta Ley de Monumentos Nacionales, cuya última actualización data de 1970.

Las instituciones aludidas salieron una tras otra, desde la Corte Suprema hasta la Asociación de Fiscales, a responder al Jefe de Estado. ¿Qué mueve al Presidente a saltarse la separación de poderes? ¿Qué viene después de esto?

Hace poco ha escrito el sabroso relato de un viaje que, en su calidad de juez de letras de Los Lagos, tuvo que hacer a esa localidad después del gran terremoto de mayo de 1960 por orden de la Corte de Valdivia, para inspeccionar y levantar acta de la situación del Juzgado.

Para muchas pymes este ha sido un nuevo y duro golpe que podría frenar su crecimiento, sobre todo, para las que manejan proyectos de largo plazo cuyos precios ya fueron pactados; y para aquellas que prestan servicios a instituciones sin fines de lucro que no podrán descontar el IVA que sus proveedores tendrán que imponerles a partir del próximo año.

Si se considera como un poder que solo puede ser ejercido por civiles, expresa la idea de algo inexistente; aunque podría ser aceptada como sinónimo de poder político —el poder ejercido por los encargados del gobierno de la ciudad, según Santo Tomás— el que puede ser ejercido tanto por civiles como por militares.

Se concluye, sin lugar a dudas, que el amenazado ministro Esteban Valenzuela lo único que desea es que se cumplan las disposiciones de este DL 3.516, comportamiento que lo enaltece como funcionario público. 

En específico la SMA, ha tenido un devenir importante en la historia ambiental del país en estos 10 años, incluyendo hitos tales como la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama, las fiscalizaciones remotas a la industria de la salmonicultura, la realización de cerca de 2.000 procedimientos sancionatorios o las multas por cerca de $10 millones de dólares a Minera Lumina Copper por el proyecto Caserones, el monto más elevado en sanciones ambientales en el país, por citar algunos.

Algunos extranjeros delinquen, así como algunos nacionales también lo hacen. Sin embargo, imputar la delincuencia a las comunidades extranjeras, agrava su situación de vulnerabilidad y potencia los prejuicios sociales, afectando los procesos de inclusión e integración. La percepción de la sociedad, bajo esta mirada, puede transitar rápidamente de considerar al extranjero como sujeto a quien debemos acoger a considerarlo como el enemigo.

En estos meses hemos sabido de todo tipo de formulaciones cruzadas y de desacuerdos permanentes, lo que demuestra que los negociadores están metidos en un “zapato chino” y bien se puede conjeturar que al final acordarán un completo incordio con tal de salir del paso.

La vía lógica para acabar con la judicialización era que se dicte una ley que reemplace las normas derogadas. No obstante, la Corte Suprema decidió el pasado 30 de noviembre acabar con esta laguna de una forma curiosa e innovadora otorgando rango legal a una norma administrativa que había sido dictada hace tres años y que fue establecida para regir únicamente para los nuevos planes que fueran ofertados.