En cartas y columnas que ha tenido a bien publicarme El Mercurio de Valparaíso he denunciado, fundadamente, que “Chile es un país que se ha quedado sin orden, sin autoridad y sin ley”; en redes sociales he leído la expresión “Chile es un Estado fallido” expresión que, por certera, ahora, con tristeza, hago mía. Los responsables de esta situación son las actuales autoridades políticas del país (y también las anteriores) bajo las cuales este fenómeno va en aumento cada día.

La vía interpretativa para delimitar bordes a una exención tiene dificultades. En primer lugar, la autoridad tributaria solo puede interpretar la ley, y como dice muy poco no puede entregar elementos en base a algo no regulado. En segundo lugar, las interpretaciones administrativas son vinculantes para los funcionarios, y no los contribuyentes, por lo que se pueden discutir en tribunales. Esto puede generar una mayor judicialización de las operaciones, pues la interpretación del SII, respecto que deben ser sociedades de personas es discutible.

«Ejemplo de ello, ocurrió cuando la Cámara aprobó un Proyecto de Acuerdo que tenía que ver con pagar la deuda histórica de los profesores. Ese día la gente festejaba en las tribunas, pero después se dieron cuenta que solo se trataba de una solicitud al presidente. Era un show mediático, que en la práctica, pocas veces se traduce en avances concretos. Esta modificación transparenta que solo se trata de acuerdos administrativos.», especificó la diputada Claudia Mix, autora del proyecto. 

La precautoria solicitada por los avispados comerciantes fue otorgada por la jueza Lidia Hevia del 7° Juzgado Civil de Santiago y naturalmente los ministros Carlos Montes, Esteban Valenzuela y Maisa Rojas, de Vivienda y Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente, tendrán que ir a la instancia judicial superior para que se respete el Estado de Derecho. Debemos saber que el actual gobierno está preparando un nuevo marco regulatorio para que las nuevas subdivisiones prediales rurales sean sustentables.    

La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia.

La Atención Primaria es uno de los aspectos que el Ejecutivo ha querido relevar, lo cual también nos hace mucho sentido. Sin embargo, ello debe considerar recursos y modelos de gestión instalados que permitan operacionalizar un sistema de salud realmente integrado y articulado. Esto, para que las personas, independiente del tipo de aseguramiento o de prestador al que acudan, tengan una experiencia de calidad, integral, transparente y humana, en un sistema que aprenda de sí mismo, sustentable financiera, ambiental y socialmente, siempre poniendo en el centro a las personas y su entorno.

Un buen software está diseñado para no excederse de la cantidad de gestiones diarias o semanales conformes a la ley de abril de 2021. Ésta obligó a los proveedores de servicios de cobranza a tener el respaldo de las actuaciones de cobro en base al tipo y frecuencia, por dos años.

Resulta esencial el establecimiento de una política criminal que determine cuáles son los fenómenos criminales que con mayor urgencia requieren una respuesta decidida de parte del Ministerio Público, a fin de disminuir la sensación de temor al delito y de impunidad que reina en amplios sectores de la sociedad.

El Presidente asigna a la Comisión la tarea de “determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuches” debiendo entenderse, entonces, que el llamado “conflicto mapuche” queda circunscrito a la “asignación de tierras” para las nuevas comunidades que se han originado a partir de la ley Aylwin.

La segunda situación se asocia a los servicios prestados desde el exterior que ahora serán gravados con IVA. En este caso, existirá la obligación de retener y enterar dicho impuesto, en la medida que el beneficiario del servicio en Chile sea sujeto de IVA, como hoy ocurre con los servicios digitales. Es en este último caso donde se avizoran más dificultades.