Lo primero que debe tenerse en cuenta es que los constituyentes de mayoría (indigenistas y extrema izquierda) que controlan la Convención han tomado los resguardos necesarios  para que el texto que ellos han redactado y proponen, luego de ser aprobado en el plebiscito de salida, resulte en la práctica imposible de modificar. Se trata de un “cerrojo” magistralmente diseñado para evitar que, en el futuro, la Constitución que proponen pueda ser rectificada o corregida.

Es respecto a este -relativamente- nuevo derecho digital que (todavía en desarrollo y de permanente ambivalencia jurisprudencial en cuanto aplicación se refiere en los Tribunales Superiores de Justicia) se ha dicho puede entrar en colisión -aparente a mi juicio- con otros derechos fundamentales, entre ellos y por antonomasia, la libertad de expresión e información.

Esta nota trata dos aspectos de la reforma constitucional, que merecen analizarse: la igualdad y el costo de los derechos. La razón se sustenta en el trato dispensado por la nueva redacción, donde resumidamente se puede decir, que respecto a la igualdad se incursiona en apreciaciones que están comprendida en la literalidad del nuevo texto propuesto; y que incluso, en supuestos de discriminación, se incurriría en inconstitucionalidades. En cuanto, al costo de los derechos, surge la inquietud, por la numerosidad de obligaciones que se imponen al Estado, respecto a la protección de los derechos y libertades, lo cual podría provocar un exceso de gasto público, incompatible con las necesidades de desarrollo de las economías latinoamericanas. Se citan, antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales comparados, que aportan argumentos sobre esos temas.

El primer motivo de rechazo consiste en los graves errores lingüísticos y conceptuales de los que adolece su Presentación y que son inadmisibles en la Constitución Política de un país civilizado.

Podemos aseverar que, en todas las regiones del país durante más de 40 años, con la sola «autorización» del SAG, se han posibilitado estas operaciones mercantiles que están reduciendo paulatina y dramáticamente la capacidad de producción agrícola y por ende la alimentación de quienes vivimos en Chile.

Dicho libro (“Proyecto de una Nueva Constitución Política de la República de Chile”) luego de ser publicado por nuestro Centro de Estudios ha tenido ediciones en España y Francia, lo que llevó a una serie de constituyentes a interesarse por este, quienes lo han tenido en sus manos, lo han ojeado, leído y releído, extrayendo ideas que hoy se encuentran plasmadas en el proyecto que pasó a la Comisión de Armonización, entre ellos el Derecho a la Vivienda, por citar un dato.

La Convención Constitucional, en el nuevo texto que nos propone aprobar, ha disminuido notablemente la eficacia de este recurso al modificar su carácter de extraordinario y de inmediato conocimiento y resolución, para convertirlo en un recurso ordinario más, de lato conocimiento, que, con el nombre de “acción de tutela”, será conocido en primera instancia por un juez de jurisdicción común.

Es muy difícil entender que un estallido social, con la violencia que hubo en las principales ciudades del país tuviera como causa principal la constitución vigente, que debe contener más de 200 materias legales diferentes y que  ha estado funcionando 42 años, hasta hoy día.

La baja escolaridad y la poca o nula capacitación laboral a la que accede esta población definen en gran medida las posibilidades de inserción laboral en ámbitos de trabajo formal.

Por la calle Bandera, a un costado de la antigua sede del poder legislativo, transcurría el Camino del Inca. Siglos después, la calle Bandera vuelve a tener un importante significado simbólico, asociado esta vez al proyecto decimonónico de la naciente República de Chile.