A lo largo de todo nuestro país, se desempeña la actividad pesquera como una de las principales fuentes de alimento y empleo para los pobladores que habitan en los centros urbanos y comunidades costeras.
Cartas al Director
Nuestras autoridades son los primeros llamados a cumplir la Constitución y la ley. Ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, como las que vivimos actualmente, una autoridad puede atribuirse facultades que la ley no le confiere.
Y es que el acto de aislar al populista debe estar acompañado, necesariamente, de un proceso intelectual y colectivo propio en el sector que busque escindir a alguien de la manada democrática.
Vicente De La Noi - Eduardo Zuchel
Previo a la promulgación del primer retiro muchas voces se pronunciaron con preocupación ante la posibilidad de abrir la puerta a un uso indiscriminado de los fondos de pensión como medida paliativa para las consecuencias de la pandemia.
Renato Chavarría. FPP
Este 1 de mayo, a través de esta carta queremos transmitir nuestra preocupación por la escasa o nula información de cumplimiento en el sector público como de su fiscalización para ambos sectores
María José Escudero
En Chile la estabilidad de las normas e instituciones es un bien cada vez más escaso.
Renato Chavarría. FPP
En Chile, desde hace décadas, quienes trabajan en el mundo del arte se vienen enfrentando a condiciones laborales precarizadas, con falta de contratos, cotizaciones de salud y previsionales esporádicas e inestabilidad laboral.
José Albuccó
Lo que se tiende a hacer siempre ante estas situaciones, es buscar a los culpables que ocasionaron la crisis política, vale decir, se intenta configurar un escenario en donde existen buenos versus malos, santos versus demonios.
Felipe Rivera
Independientemente de cualquier conversación que pueda tenerse sobre el gasto público, la focalización y las percepciones de injusticia, el bono clase media nos recuerda la siempre vigente discusión acerca de la modernización del Estado.
Renato Chavarría. FPP
El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.