No obstante la buena intención del legislador, es elemental que la Ley Nº21.226 se modifique, de lo contrario generará un colapso en los Juzgados Civiles- y en otros tribunales- y producirá efectos nefastos en los litigios actualmente en curso, atropellando el derecho al debido proceso.
Evidentemente, no constituye deliberación el hecho de que el General Director de Carabineros haya expresado su opinión ante su autoridad superior sobre un tema que guarda relación directa con su función específica y con la institución bajo su mando.
La interrogante tiene lugar en el contexto de que distintos sectores de nuestra política se han manifestado al respecto, con mayor o menor voluntad política de llevar a cabo reformas, más o menos profundas al cuerpo militarizado.
Al litigante mentiroso o fraudulento por convicción solo le queda algo, y esto eventualmente puede ser el sentimiento de remordimiento por la infracción a un deber moral.
Se requiere urgente un nuevo Estado, uno, donde el servicio se enfoque en las personas y no se convierta en una bolsa de trabajo del Gobierno de turno, o una cómoda instancia para los operadores políticos, o incluso para los apernados de siempre.
Un elemento sumamente relevante es que, la Constitución no debe establecer ideologías políticas particulares, ni un programa de gobierno determinado, sólo debe circunscribirse en torno a mínimos comunes o las reglas básicas (derechos y libertades fundamentales, y un sistema de pesos y contrapesos institucionales que hagan posible una convivencia pacífica y democrática), y lo demás deberá ser desarrollado a través de leyes, y políticas públicas principalmente.
Para entender mejor de quién es la culpa o la responsabilidad de que Puerto Montt sea una de las ciudades más afectadas por el covid-19, tenemos que dejar de taparnos los ojos, ya que, muchas personas dicen tener la verdad, cuando la verdad absoluta no existe.
Deberíamos preocuparnos de poner a las personas más aptas en las distintas áreas del Estado, para así poder profesionalizarlo continuamente y de esta manera avanzar hacia uno más acorde a los tiempos actuales ya que, al ejecutar este acto, lograríamos un mejor funcionamiento de las instituciones gubernamentales.
Es que parece sorprendente, analizando desde el punto de vista legislativo e inclusive constitucional, no se haga mayor ahínco a la importancia de colocar mayores requisitos y fortalecer inhabilidades de aquellos que desean o aspiran ser electos por la ciudadanía a cargos de elección popular.
Los constituyentes de regiones serán 108 de 155, es decir más del 2/3 en la constituyente, por lo que se podrá perfectamente ofrecer una discusión profunda sobre las implicancias y condicionantes para una fecunda distribución del poder político a escala territorial.
