Si señor lector, ha leído usted bien, aunque resulte imposible de entender. Le explico. Se tramita en el Congreso Nacional un proyecto de ley, presentado por los sectores más radicales de la izquierda política, rotulado “Regula el proceso de transición sociocológica justa hacia la carbono neutralidad” (boletín 15.147-12) que busca refundar el modelo económico y social de nuestro país bajo los parámetros de la causa ambientalista. Lo que se propone no es lo que llamaríamos una “agenda verde”, se trata propiamente de una “agenda de poder”. Veamos.
Lo primero que advertimos es la trampa lingüística y de exposición que el proyecto encierra, pues recurre a una complicada, novedosa y estudiada terminología (como la de su propio nombre) y dice fundarse en principios que resultarán fáciles de aceptar (como equidad, democratización o género), ocultando así su trasfondo ideológico.
En la exposición de motivos, que encabeza el proyecto, se señala que “una transición sociocológica justa requiere nuevos sistemas de gobernanza y distribución del poder” y apunta no sólo a modificaciones tecnológicas o industriales, sino además a un cambio de modelo económico y social para “dejar atrás la mera lógica extractivista y de crecimiento infinito” que lo ha caracterizado en estos últimos 30 años”.
En el articulado del proyecto, su art. 3ro. señala que “se priorizará siempre las actividades, políticas, proyectos, planificaciones y regulaciones que potencien la transformación sociocológica justa y equitativa hacia el abandono del extractivismo y su dependencia y el avance hacia el decrecimiento y la disminución en el uso de la energía”. El art. 4to. del proyecto dispone que “podrá el Estado, por tanto, abordar los ciclos de producción y consumo de forma holística considerando las comunidades y la naturaleza a fin de transitar hacia una economía decreciente, descarbonizada, libre de residuos y que fomenta las soluciones basadas en la naturaleza.” Agreguemos, en este mismo artículo, la disposición que señala “las comunidades con sus diversos actores, en especial los sectores social e históricamente excluidos como los trabajadores y trabajadoras, mujeres y pueblos indígenas, podrán participar de forma activa y protagónica en los procesos de toma de decisiones” y no solo eso, también “se deberá respetar la autonomía de las comunidades y sus actores para decidir cómo, para qué y que actividades – léase productivas – se podrían generar en el territorio”. Pero también el proyecto incorpora la infaltable cuota ideológica de genero al señalar, en el mismo artículo, que “la transversalización de género deberá ser incorporada en todo el proceso, discusión, diseño e implementación de una transición sociocológica justa”.
Como puede observarse en la exposición de motivos y en el articulado del proyecto, los sectores más radicales de la izquierda chilena buscan, como he señalado más arriba, no establecer lo que podríamos llamar una “agenda verde”, si no, propiamente, una “agenda de poder” que permita al Estado tomar el control de las actividades productivas del país mediante la imposición de parámetros medioambientalistas que, en definitiva, terminarán impidiendo su nacimiento, expansión y desarrollo. El resultado será una economía empobrecida, programada y dirigida por el Estado.
EL Congreso Nacional tiene la palabra legislativa y nosotros los ciudadanos nuestra voz para alzarla y nuestros votos como herramienta, en defensa de un progreso que podemos construirnos y que no debemos aceptar nos sea negado, planificado o restringido por la burocracia del poder en razón de una lógica fundamentalista de ecologismo radical.
Francisco Bartolucci Johnston
Abogado y profesor universitario