Mientras los venezolanos —y el mundo— resienten los últimos hechos ocurridos en Venezuela, nuestro poder legislativo continúa el análisis de varios proyectos de ley. Entre ellos, aquel que busca tipificar nuevamente como delito el ingreso por paso no habilitado. Esto, además, considerando la dificultad que enfrentan diariamente miles de extranjeros —especialmente de Venezuela, Cuba y Haití— para obtener los documentos requeridos para optar a un visado, lo cual los mantiene en largos procesos de tramitación y siempre con la posibilidad de ser sancionados migratoriamente. La etapa en la que nos encontramos nos permite replantear la actitud que tomará nuestro país frente a esta realidad que hoy se reafirma.
El dolor venezolano se ha visto en todas nuestras pantallas y vivencias personales. Hemos sido testigos de cómo han debido abandonar su tierra natal, dejando atrás sus hogares, familias y sueños, con viajes peligrosos y llenos de incertidumbre en busca de un lugar seguro donde no se les nieguen sus derechos más básicos. Muchos, esperanzados en que su país encuentre paz, ven nuevamente cerrada esa puerta, y volver no es una opción.
La injerencia que podemos tener en el proceso eleccionario de Venezuela es un asunto complejo, pues involucra recursos de un país que no es el nuestro, así como irregularidades y restricciones. Sin embargo, sí está en nuestras manos combatir la xenofobia y abrir puertas a reales posibilidades de regularización, con requisitos que efectivamente puedan ser cumplidos, como una manera de restablecer el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de los que tantos, con absoluta desolación, han sido privados.