El Tribunal de Alzada consideró que dicha arbitrariedad vulneró las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

La Corte de Santiago indicó que, la Resolución Exenta N° 122, resultó ilegal y arbitraria.

El máximo Tribunal estimó que la institución recurrida vulneró el derecho a la igualdad de trato hacia el menor.

La Corte Suprema señaló que, la justificación dada por la autoridad para, ahora, rechazar la solicitud de autorización de uso y disposición de medicamento es arbitraria.

Máximo Tribunal señaló que se infringió el principio de reformar la sanción en perjuicio.

Corte de Iquique estimó que amparada cuenta con arraigo social en el país que no fue ponderado por la autoridad ministerial requerida.

Corte de Arica estimó que comportamiento de recurrido al aplicar autotutela vulneró el derecho de propiedad de los recurrentes.

El Tribunal Constitucional peruano concluyó que, habiéndose determinado que el demandante estuvo protegido durante su actividad laboral por los beneficios del Satep, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su régimen sustitutorio el SCTR y percibir la pensión de invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1, en un monto equivalente al 50 % de su remuneración mensual, en atención al menoscabo de su capacidad orgánica funcional.

El máximo Tribunal concluyó que la recurrente incurrió en una omisión? ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho de los actores a la propiedad sobre sus remuneraciones.

Máximo Tribunal estimó que carece de razonabilidad y vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 n° 2 y 24 de la Carta Política.