Corte de Santiago estimó que decisión es arbitraria pues no tiene sustento alguno en normativa interna.
Pese a la decisión, el máximo Tribunal ordenó al municipio decretar el pago del dinero adeudado.
La Corte Suprema señaló que la autoridad obró en conformidad a sus atribuciones.
La Corte de Santiago manifestó que, se desprendió que la actuación unilateral de la recurrida careció, de sustento fáctico y jurídico.
La Corte de Santiago expresó que, la recurrente demostró una conducta diligente para intentar aclarar lo acontecido a diferencia del Banco.
La sentencia fue acordada con la constancia de los Ministros María Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz.
La Corte señala que la resolución es ilegal e injustificada y resulta conculcatoria de la garantía fundamental del artículo 19 número 7 de la Constitución Política de la República.
La recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.
Máximo Tribunal estimó que el tiempo en el cual permaneció en la administración pública generó en ella la confianza legítima de permanecer en su cargo.
Máximo Tribunal señaló que el órgano administrativo no observó el cumplimiento de las formalidades requeridas para iniciar el procedimiento requerido por los recurrentes.
